Santiago Maldonado y la ley 26.160: un debate sobre los pueblos indígenas argentinos

Desde la desaparición de Santiago Maldonado en Argentina el pasado 1 de agosto, su caso cobró relevancia nacional y mundial. Sin embargo, existe un trasfondo que explica por qué ese día la Gendarmería reprimió a la comunidad mapuche del Pu Lof Cushamen en la provincia de Chubut.

Los indígenas se encontraban reclamando por la libertad del 'lonko' (jefe) Facundo Jones Huala y el reconocimiento de sus tierras en disputa con la multinacional Benetton. Justamente la ley argentina que regula la situación de los territorios de los pueblos originarios, la 26.160, está en el centro del debate.

Aprobada en el año 2006, establecía la tarea de, en un lapso de tres años, relevar (es decir, recopilar datos) todas las tierras de comunidades aborígenes del país con el objetivo de resolver disputas de este tipo. Sin embargo, al no cumplir con el tiempo estipulado, desde el Gobierno se fueron extendiendo sus plazos. 

En noviembre de este año vence su última prórroga y, si el Congreso Nacional no aprueba una nueva extensión, puede desencadenar una situación muy conflictiva. La legislación será discutida este miércoles por los diputados argentinos.

Más de la mitad en peligro

La ley 26.160 declara "la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país y ordena suspender los desalojos hasta que se realicen los relevamientos", detalló en diálogo con RT la doctora en antropología Florencia Trentini. La especialista graduada en la Universidad de Buenos Aires (UBA) señaló que "por lo tanto esta ley reconoce la situación de precariedad y vulnerabilidad jurídica en la que se encuentran estos territorios".

En concreto los relevamientos estipulados por la legislación deben recopilar y sistematizar "información jurídico-catastral e histórico-antropológica de cada una de las comunidades".

Mapuches: "Se venden tierras con los indios adentro"

Trentini historizó que la ley debió ser prorrogada "en 2009 y 2013" al no llegar a cumplir con los plazos, y hasta el momento se encuentran sin relevar "casi a la mitad de las comunidades registradas". En total hay más de 1.500 comunidades identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI), que depende del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

De ese total, fueron tomados datos de 759, "cerca del 49% de las comunidades". No obstante "solo 459 cuentan con una resolución del INAI que considera a los relevamientos terminados".

La antropóloga detalló que "otras cientos tienen los relevamientos iniciados pero no terminados" y, por lo tanto, si no se prorroga la ley "más del 50 % de las comunidades inscriptas en el registro quedarían en una situación de vulnerabilidad jurídica, pudiendo ser desalojadas de sus territorios".

Una carpa por la ley

Frente a este escenario, desde el sábado 23 y hasta el miércoles, los pueblos originarios instalaron una carpa frente al Congreso Nacional. Más de 40 comunidades nucleadas en el Colectivo Tierra y Territorio exigen la prórroga de la ley 26.160.

Mediante un comunicado citado por el diario 'Página/12' exigieron "el cumplimiento efectivo de los Derechos de los Pueblos Originarios, consagrados en la Constitución Nacional, Leyes y Convenios Internacionales". A eso también sumaron el "cese de las persecuciones de integrantes de las comunidades, que son procesados, presos, muertos y desaparecidos en la defensa del territorio".

Finalmente se sumaron también al reclamo por la "aparición con vida del hermano Santiago Maldonado, desaparecido por Gendarmería al solidarizarse con la causa indígena".

Santiago Mayor