¿Una caída casual? El fallo informático que levanta suspicacias en México después del sismo

El sismo de magnitud 7,1 que sacudió la Ciudad de México hace dos semanas también ha removido algunos cimientos en la administración pública.

Tras el colapso de 47 edificios en la capital y la declaratoria de fallas estructurales en más de 3.000, las miradas se centran en la responsabilidad de las autoridades y las constructoras durante la edificación de muchas obras para garantizar el cumplimiento de los estrictos estándares de construcción en una ciudad de tradición sísmica.

El pasado fin de semana un fallo en el sistema que permite verificar la información geográfica de los edificios, así como los usos de suelo y los trámites detallados de los predios en una de las ciudades más pobladas del país, levantó las sospechas de que pudo manipularse u omitirse información que comprometa a las constructoras o a la burocracia que autoriza las construcciones. ¿Está México involucrado en otro caso de corrupción?

Suspensión de trámites

En el edificio principal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), ubicado en la avenida Insurgentes, lo que salta a la vista son las cintas amarillas en las afueras y un letrero que reza: "Suspensión de trámites y servicios presencial y en línea hasta nuevo aviso".

Aunque el organismo emitió un comunicado el pasado domingo para informar que la página de Internet ya está activa, la data sobre el uso de los suelos y las respectivas modificaciones no está disponible, refiere Crónica. Según la Seduvi, el sismo no sólo afectó la estructura física del edificio sino a sus sistemas.

Ese "fallo" ocurre en un momento extremadamente sensible para una ciudad. Más allá de las víctimas fatales, cientos de familias quedaron sin casa y buscan activar los mecanismos jurídicos para demandar a constructoras o a los responsables de obras en los supuestos casos de negligencia.

Para el presidente fundador del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, Florencio Hernández del Ángel, la caída del sistema "no es otra cosa que una forma de obtener tiempo para tapar todos los hoyos de la corrupción que existe donde se han privilegiado el compadrazgo y tal vez los negocios oscuros".

Omisiones fatales

El problema no es únicamente administrativo. Detrás de las denuncias por presunta corrupción está la posibilidad de que haya responsabilidad por las muertes de parte de las 265 víctimas fatales registradas en Ciudad de México, del total de 366 contabilizadas en todo el país después del sismo.

Un colectivo de expertos interpuso este martes una denuncia ante la Procuraduría para determinar el grado de responsabilidad de constructoras o de funcionarios "en el caso de que la tragedia sea causa de ilegalidades, omisiones o faltas de servicios públicos", detalla el portal Animal Político.

Para los activistas que introdujeron el pliego, debe averiguarse hasta qué punto las autoridades de Ciudad de México, las firmas constructoras, las inmobiliarias o los peritos están involucrados en el presunto delito de homicidio culposo; así como la posibilidad de que empresas hayan incurrido en "fraude específico" por utilizar materiales defectuosos o que incumplen con los estándares mínimos para la edificación de estructuras en la capital.

El objetivo de esta acción, informó el grupo mediante un comunicado, es brindar herramientas a los afectados por el sismo para "lograr la reparación del daño que haya sufrido", y "sentar un precedente" en la ciudad "para que la propiedad inmueble sea segura, se construya de acuerdo a lo ordenado por el Reglamento de Construcción del Distrito Federal y la corrupción e ilegalidad no se traduzca en pérdidas de vidas, lesiones y daños a la propiedad".

Constructoras al banquillo: ¿Por qué serán demandadas en México tras el sismo?

Desconfianza

La desconfianza en la Seduvi no es infundada. Entre las irregularidades que han salido a la luz pública en los últimos días figuran los sospechosos "avales" de inspectores, como el otorgado hace tres meses al Colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 19 niños y seis adultos por el colapso de una estructura mal construida; y el hecho de que los directores responsables de obra (DRO) —adscritos a autoridad pública— sean contratados por las empresas constructoras.

Entrevistado por La Jornada, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, admitió que el hecho de que las constructoras sean las que paguen a los inspectores es una situación que debe someterse a revisión.

"Es un tema que tenemos que revisar; si podemos aplicar un modelo diferente en el que tengan más autonomía para que verdaderamente actúen con autoridad", agregó el funcionario. Pero mientras pasan los días y los afectados esperan recabar información para sus demandas, como una ironía, el edificio que alberga a una de las máximas autoridades para la construcción en Ciudad de México permanece cerrado por daños "hasta nuevo aviso".