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El país donde defender el agua cuesta la vida

Publicado: 6 oct 2017 11:45 GMT | Última actualización: 7 oct 2017 14:33 GMT

El primer pueblo que se opuso a la fragmentación hidraúlica ve hoy resurgir la amenaza con proyectos alentados por el gobierno colombiano para profundizar la explotación de yacimientos petroleros no convencionales.

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San Martín, un pequeño municipio de unos 18 mil habitantes, situado en el sur del departamento del César, en Colombia, ha asumido una tarea inmensa: alejar a las transnacionales petroleras que quieren llegar hasta lo más profundo de su tierra a través del fracking.

Esta circunscripción de 905 km2 está ubicado en una región geográfica caracterizada por bosques muy húmedos tropicales y premontanos, con una temperatura media que va de los 18 a los 24 grados, donde abundan las ciénagas. Y es esa última característica, precisamente, la que ha hecho que sus habitantes se movilicen en defensa de sus fuentes de agua, que son las principales afectadas por la fracturación hidraúlica.

Carlos Andrés Santiago es natural de este municipio colombiano y es uno de los miembros de la comunidad que se unieron para formar parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking, con la finalidad de evitar la concreción del primer proyecto de fragmentación hidráulica en Colombia. Entrevistado por RT, da pormenores de esa lucha.

Actualmente existen en territorio colombiano 70 organizaciones, entre nacionales y locales, que han conformado una alianza con un mismo fin: informar y establecer estrategias para oponerse a la "explotación de yacimientos no convencionales", como ha sido llamada esta práctica de fracturación rocosa.

San Martín, departamento del Cesar, Colombia. / Esperanza Proxima / CC BY-NC-SA 2.0

"San Martín es la punta del iceberg de una amenaza mucho mas grande que se viene para toda Colombia", afirma este joven de familia campesina que se ha unido a otros habitantes de los departamentos de La Guajira, Antioquia, Santander, del Meta y del Guaviare para elevar su protesta.

El tema vuelve a ser noticia ante las perspectivas planteadas por la principal empresa petrolera colombiana, Ecopetrol, cuyo presidente, Felipe Bayón, afirmó la semana pasada que entre las "estrategias para crecer" entre 2017 y 2020 se encuentran las "nuevas inversiones" y "más exploración" de yacimientos no convencionales.

'Colombia Fracking Company'

Entre 2008 y 2009, el gobierno colombiano dio los "primeros puntazos" para posicionar en los medios de comunicación el tema de los yacimientos no convencionales.

En 2012, el Ministerio de Energía y Minas estableció la resolución 180742 para la exploración y explotación de ese tipo de yacimiento y dos años después se ordenó, por decreto presidencial de Juan Manuel Santos, establecer las normas técnicas y procedimientos para el fracking.

El 3 de diciembre de 2015 se firmó el primer contrato de explotación entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la petrolera estadounidense ConocoPhillips y la canadiense Canacol Energy. Su escenario sería el Valle del Magdalena Medio (VMM), surcado por el río del mismo nombre, principal arteria fluvial del país, según una nota de BNaméricas.

Río Magdalena, San Augustin, Colombia. / Alexander Schimmeck / CC BY-NC-ND 2.0

La resistencia de San Martín

La primera alerta se encendió en marzo de 2016, cuando la población de San Martín supo que se había autorizado la explotación de 33.714 hectáreas en el César y en Santander, según Colombia Informa.

"Se inició un proceso de resistencia en la comunidad contra estos proyectos energéticos, lo que dio lugar a violaciones de derechos humanos", recuerda el integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

La situación se volvió tan tensa, que una nota de El Heraldo da cuenta del "toque de queda" que se estableció en San Martín debido enfrentamientos del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policia (Esmap) con los habitantes que se oponían al fracking.

"Un compañero murió en diciembre de 2016, por un accidente de tránsito, y el 20 de julio le dispararon por la espalda al líder social Crisóstomo Mancilla, mientras estaba en su finca".

"No podemos tener la certeza, le corresponde a la fiscalía decirlo, pero hay elementos comunes que nos llevan a pensar que hay un hilo conductor entre esas muerte y es la oposición a este tipo de proyectos", considera Santiago.

La situación, según expone, se ha hecho compleja. Se refiere a la persecución de activistas ambientales, así como a amenazas y coacción por parte de las transnacionales involucradas.

"Es triste que en Colombia defender el agua termine costando la vida, pero es un riesgo que estamos dispuestos a seguir", afirma el joven colombiano, que ha obtenido medidas de protección legal por su actividad en pro del ambiente.

San Martín, departamento del Cesar, Colombia. / Esperanza Proxima / CC BY-NC-SA 2.0

25 % del país

Según la información que maneja Santiago, 300 municipios colombianos, de un total de 1.122, tienen subsuelo proclive para la fracturación hidraúlica, lo que representa 25 % del país.

"Hay alrededor 43 bloques disponibles para explotaciones no convencionales, más dos recientes en trámite de firma de contratos. Ya se han firmado 12 contratos, si bien algunas petroleras renunciaron" ante la poca perspectiva de ganancia por la caída de los precios del petróleo, informa.

El detalle que hace inédito el proyecto de fracking en Colombia es que se pretende explotar yacimientos no convencionales en zonas de cordilleras y páramos, que son grandes productores de agua para ciudades como la capital colombiana. "Es una locura", afirma.

¿Quién gana y quién pierde?

Ante las bajas perspectivas de explotación petrolera en Colombia y la caída de los precios del hidrocarburo, el Estado tuvo que "ofrecer" condiciones para "atraer a la inversión extranjera", según publica Dinero.

Un empleado de la Canadian Pacific Rubiales Petroleum Company levanta una muestra de aceite durante una visita al Campo Rubiales, en Meta, al este de Colombia, en esta foto tomada el 11 de febrero de 2015. / Jose Gomez / Reuters

En un contrato suscrito en 2015 por la ANH y ConocoPhillips se establece que la participación del Estado en el proyecto de explotación es de 2 %, mientras que a la petrolera le corresponde el 98 % restante.

Las regalías que se pagan en este tipo de explotación equivalen apenas a 60 % de las que se generan en yacimientos convencionales, según explica Santiago en su blog, y sólo hay desembolso "cuando la producción supera cinco millones de barriles o cuando el barril esté por encima de los 81 dolares".

Frente a un "monstruo gigante que tiene mucho poder y dinero" y que está "dispuesto a hacer lo que sea", según Santiago, los pobladores proponen la movilización social para hacer retroceder a las petroleras, como ya ocurrió en Caño Cristales, en la serranía de La Macarena, donde el presidente Santos anunció en 2016 que se suspendía un proyecto de explotación de hidrocarburos, recoge El Espectador.

Otro posible conflicto

El panorama que ofrece este ambientalista no es muy alentador. Desde su punto de vista, la apertura a las transnacionales para la realización de fracking traerá un "patrón de persecución en el país, de desplazamientos y otra serie de impactos", que se han dado ya en zonas con proyectos mineros y energéticos.

"Salimos de un conflicto armado para posiblemente entrar a otro socioambiental por el acceso al agua", dice Santiago. Y por eso mismo llama a la unión: "Si nuestra lucha es aislada, no conseguiremos pararlos".

Nathali Gómez

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