Surge en Ecuador un frente político en apoyo a Moreno y a una consulta popular
Un nuevo frente político que fue denominado Somos Ecuador se creó recientemente en Quito, en apoyo al presidente de la República, Lenín Moreno, y a la consulta popular que este está impulsando en el país.
El frente está liderado por el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, y su par de la cartera de Trabajo, Raúl Ledesma.
En declaraciones este lunes a la televisora Ecuavisa, Espinel, quien también es líder del Movimiento Fuerza Compromiso Social (por el cual fue candidato en las pasadas elecciones presidenciales), dijo que con Somos Ecuador están "apoyando la transparencia del Gobierno".
En concreto, enfatizó que buscan establecer la "nueva era de política ecuatoriana", donde organizaciones sociales van por un objetivo directo, que es "combatir la corrupción" y "los grandes males del país".
El surgimiento de este frente se anuncia casi a la par de que el Movimiento Alianza País, partido gobernante en Ecuador, destituyera a Moreno de la presidencia de esta organización política.
Consulta popular
Pero el objetivo primordial del frente, que cuenta con más de 60 organizaciones y colectivos, es el apoyo a la consulta popular que propone Moreno.
Somos Ecuador respalda "100% al 'sí' en las preguntas", expresó Espinel en la entrevista. Postura que ha dejado clara en sus redes sociales.
Hoy en #ContactoDirecto ratificamos nuestro apoyo a la #ConsultaPopular y al Gobierno de @Lenin. Juntos hacemos un Ecuador mejor pic.twitter.com/eQEBeXyxK8
— Iván Espinel (@IvanEspinelM) 6 de noviembre de 2017
La consulta popular, que ha generado la polémica y ha profundizado la división en Alianza País, incluye siete preguntas, en las siguientes áreas: supresión de derechos políticos a culpables de corrupción, elección de nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y reelección indefinida en cargos de elección popular (se busca dejar sin efecto la enmienda constitucional aprobada en 2015).
Otros temas son la eliminación de la ley de Plusvalía, aprobada en diciembre de 2016 y que generó varias protestas en el país; ampliación en 50.000 hectáreas de la Zona Intangible del Yasuní para reducir el área de explotación petrolera; restricción de la minería metálica; y, por último, la protección a la niñez, para que los crímenes sexuales contra niños y adolescentes no prescriban.