El fiscal general de España, José Manuel Maza, ha fallecido este sábado en la capital argentina Buenos Aires tras sufrir una infección. Se reporta que el funcionario fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos en un hospital local por un proceso infeccioso que le afectó uno de los riñones.
Maza, de 66 años, viajó a Buenos Aires para participar en la Asamblea de Ministerios Públicos Iberoamericanos, que arrancó el pasado 15 de noviembre. De acuerdo con fuentes de la Embajada de España en el país sudamericano, el fiscal se sintió mal desde el momento de la llegada a la capital argentina.
Sin embargo, Maza prefirió seguir con su agenda. Luego los médicos recomendaron su ingreso hospitalario inmediato, por lo que Maza permaneció desde este viernes en cuidados intensivos.
El presidente del Gobierno español , Mariano Rajoy, ha lamentado el hecho a través de su cuenta de Twitter. En su tuit, Rajoy ha reconocido y ha agradecido "una vida de trabajo al servicio del Estado".
Por su parte, el ministro de Justicia de España, Rafael Catalá, ha destacado en su perfil de la red social que Maza era "un extraordinario jurista y servidor público" y ha asegurado que "la justicia y el derecho pierden a uno de sus más destacados profesionales".
Asimismo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, Germán Garavano, también acudió a Twitter para expresar sus condolencias "a todos los españoles en este difícil momento".
Maza fue nombrado fiscal general del Estado el 25 de noviembre de 2016 en sustitución de Consuelo Madrigal. Anteriormente, presidió la Sección Primera de la Audiencia de Madrid.
El papel de la Fiscalía en el desafío catalán
La Fiscalía de Maza desempeñó un papel clave en el manejo de la crisis catalana. Poco antes del ya histórico referéndum, celebrado el pasado 1 de octubre en Cataluña, el fiscal general anunció querellas criminales contra todos los miembros del Gobierno catalán por la convocatoria del referéndum sobre la independencia.
Además, la Fiscalía General de España ordenó a mediados de septiembre tomar declaración como investigados a 712 alcaldes catalanes que habían mostrado su apoyo a la preparación y celebración del referéndum de autodeterminación. Mazá ordenó a los Mossos que detuvieran a aquellos que se negaran a declarar.
Celebrado el referéndum, considerado ilegal por el Gobierno español, y declarada la independencia por el Parlamento catalán, la Fiscalía presentó ante al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional de España querellas por rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, los miembros del Govern y todos los integrantes de la Mesa del Parlament que tomaron parte en la declaración de independencia.