La 'injerencia rusa' como excusa para coartar la libertad de información en España

La Comisión de Seguridad Nacional del Congreso de los Diputados de España ha vuelto a poner de relieve una peligrosa tendencia para ofrecer propuestas orientadas a limitar la libertad de información. Con el pretexto de combatir una supuesta injerencia rusa de la que no se conocen pruebas, representantes políticos como Luis Aznar, senador del Partido Popular (PP), llegan al extremo de asegurar que "estamos asistiendo a una guerra". 

El periodista Carlos del Castillo asegura en el diario Público que algunas de las intervenciones que se escucharon en el Congreso español este 14 de diciembre dejan claro que existe la intención de "crear un nuevo enemigo, alinear a la sociedad contra él y torpedear el debate público generando un contexto de 'conmigo o contra mí'".

"Intentos de control político" de la información

El diario Público y otros medios de comunicación y asociaciones han firmado el manifiesto 'En defensa de la libertad de información' para denunciar "los intentos de control político de la información periodística" con "la excusa de la amenaza de las 'noticias falsas'" y rechazar de manera expresa "las iniciativas políticas o legislativas que busquen controlar a los medios o restringir en cualquier canal la libertad de información, de manera directa o indirecta".

Félix Cantorné, de Unidos Podemos, ha señalado que las intervenciones de los miembros del PP, PSOE y Ciudadanos en esa Comisión de Seguridad Nacional mostraron "una tendencia muy clara de coartar la libertad de expresión y de que esté directamente controlada por el poder".

Ese legislador se refería a propuestas como la del representante de Ciudadanos, Luis Miguel Salvador, quien piensa que "tendría que existir algún tipo de publicación oficial que desmienta los bulos" y aboga por "hacer cambios importantes en la legislación" y por aplicar "una serie de penas muy importantes para los que estén participando en ese fenómeno".

Ante recomendaciones como esas, el experto invitado a esa sesión por ser director del Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN, Janis Sarts, tuvo que recordar que resulta "muy peliagudo que sea siempre el Gobierno el que tenga que decir si algo es verdad o no" y sugirió que esa misión la tendría que desarrollar "alguien delegado por la sociedad" que fuera "absolutamente independiente".

En cuanto a las modificaciones legislativas, Sarts recomendó "ser muy prudentes", ya que el objetivo deseable es "encontrar un equilibrio muy delicado" entre "garantizar la libertad de expresión" e "intentar que la desinformación no influya en la opinión pública".

El Gobierno español no prevé injerencias el 21-D

Ese mismo 14 de diciembre, durante una sesión de la Comisión de Gastos Reservados del Congreso español —conocida como la llamada 'Comisión de secretos'—, la vicepresidenta de España y máxima responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Soraya Sáenz de Santamaría, compartió información sobre las presuntas injerencias rusas en Cataluña con los partidos de la oposición en una comparecencia que duró casi tres horas y se celebró a puerta cerrada.

'Esperpento' y bochorno: el bulo de la injerencia rusa entra en el Congreso español

Posteriormente, la mano derecha de Mariano Rajoy declaró que los próximos comicios regionales en Cataluña, previstas para el 21 de diciembre, estarán completamente a salvo de intromisiones porque "si en algo tiene experiencia" España "es en celebrar elecciones con una absoluta limpieza y así se va a hacer siempre".

Sáenz de Santamaría compareció a petición del PSOE, que a mediados de noviembre solicitó explicaciones oficiales por la envergadura que alcanzó el bulo de la 'injerencia rusa', y sus declaraciones están en consonancia con la línea que mantiene el Ejecutivo español, que en todo momento ha admitido que no hay pruebas que acrediten la existencia de esa supuesta intervención extranjera.

A finales de noviembre, el Centro Criptológico Nacional (CCN), que depende de la Inteligencia española, ya afirmó que no había detectado ningún ciberataque de ningún Estado durante la crisis catalana.