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Trabajadores estatales argentinos realizan una huelga nacional contra los despidos

Publicado: 4 ene 2018 11:45 GMT

Entre fines de 2017 y los primeros días de 2018, alrededor de 1.200 empleados de la administración pública del país sudamericano han sido despedidos en el marco de un ajuste por parte del Gobierno de Macri.

Trabajadores estatales argentinos realizan una huelga nacional contra los despidos
Bandera del sindicato de trabajadores estatales durante una protesta en Buenos Aires, 2016
Gabriel Sotelo / www.globallookpress.com
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Como viene sucediendo desde que asumió el Gobierno de Mauricio Macri en Argentina, cada fin de año se suceden cientos de despidos en la Administración Pública. En realidad, en muchos casos, se trata de un mecanismo que consiste en la no renovación de los contratos, una forma de despido encubierta para aquellos trabajadores que se encuentran precarizados bajo formas de contratación temporal.

Por ese motivo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los sindicatos del sector, convocó a una huelga nacional para este jueves. Además, se llevará a cabo una movilización desde el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires hasta la sede del Ministerio de Modernización.

Esta dependencia estatal, a cargo de Andrés Ibarra, es la responsable del plan de "reestructuración", que ya cuenta, según el diario Ámbito Financiero, con 1.200 despidos en los últimos días pero que, según los propios cálculos oficiales, rondará los 20.000.

Las dependencias más afectadas

  • Fabricaciones Militares. Es uno de los lugares donde se han dado más despidos en sus sedes ubicadas en distintos puntos del país. En las localidades cordobesas de Río Tercero y Villa María se dieron de baja un total de 60 empleados. En la planta de Fray Luis Beltrán Beltrán, en Santa Fe, 35. En la Ciudad de Buenos Aires la suma alcanzó a 15. Finalmente, la fábrica más afectada fue la de Azul, donde se teme el cierre definitivo y ya se enviaron más de 200 telegramas de despido.
  • Televisión Digital Abierta. Un total 180 trabajadores y trabajadoras que producían contenidos para medios públicos como los canales Encuentro, Paka Paka y DeporTV, que transmitían por señal digital, han sido desvinculados.
  • Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). En total son 108 los empleados que se han quedado sin trabajo en la dependencia encargada de regular las telecomunicaciones en el país sudamericano.
  • Ministerio de Energía. La cartera a cargo del ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, dejó en la calle a 140 personas.

También se llevaron a cabo despidos en la Jefatura de Gabinete, el Institucio Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente, Radio Nacional y hasta en el propio Ministerio de Modernización.

Estos datos abarcan solo a aquellos lugares que dependen del Estado Nacional, pero tanto a nivel provincial como municipal también se está aplicando un ajuste. Es así que los municipios bonaerenses de Quilmes, Morón y Tres de Febrero (todos gobernados por el oficialismo) han realizado 1400 despidos en total.

La "otra cara" del empleo público

Si bien a comienzos del mes de diciembre, y de acuerdo al diario Clarín, el ministro Andrés Ibarra había negado "rotundamente" que fuera a realizar despidos masivos, los hechos lo han desmentido. Incluso él mismo reconoció a finales del mismo mes que se llevaría a cabo "una transformación profunda del Estado".

En diálogo con el diario La Nación, el funcionario destacó que "en términos de evolución del empleo público, en la Administración Pública Nacional" el objetivo era alcanzar un número de trabajadores de "alrededor de -9%". Esto supone 22.000 personas menos.

En ese sentido, explicó que se trata de "una política austera dentro del Estado" donde existe un "concepto de planeamiento de las dotaciones". "Pretendemos que a través de los compromisos federales las provincias sigan en este mismo lineamiento", añadió. Y concluyó subrayando que "en los próximos dos años vamos a mostrar otra cara del empleo público".

El ajuste político y disciplinador

En diálogo con RT, el trabajador estatal y delegado de ATE en el Ministerio de Trabajo, José Luis Farías, apuntó que los despidos en la Administración Pública no son una novedad. De hecho, "en lo que va del recorrido del Gobierno de la Alianza Cambiemos", se pueden establecer "dos momentos que, si bien no son contrapuestos entre sí, tienen rasgos distintivos".

Manifestación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en junio de 2017 / Marcos Brindicci / Reuters

La "primera ola de despidos en el Estado Nacional" empezó "ni bien inicio su gestión Macri y terminó con alrededor de 11 mil trabajadores en la calle", recordó Farías. Allí, el Gobierno Nacional "buscó generar en la opinión pública una idea de que se abría una nueva etapa en la gestión del empleo público que venía a subsanar el desbarajuste que había heredado del kirchnerismo". Es decir, que estos despidos "no se producían por la necesidad de hacer un ajuste, sino que se realizaban con un fin estrictamente político, a través de una enorme campaña de estigmatización del rol del trabajador estatal".

Asimismo, "el macrismo buscó disciplinar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras", dando "una señal clara al empresariado de que el Estado no interfería en los despidos del ámbito privado", ya que él mismo "los estaba llevando adelante sin restricciones políticas ni legales".

El dirigente gremial destacó también que "la precarización laboral facilitó la tarea". En ese sentido, historizó que durante el Gobierno anterior, "el crecimiento de áreas sustantivas del Estado no fue acompañado por un proceso de regularización del empleo público", lo que hubiera supuesto "el acceso al derecho a la estabilidad de miles de trabajadores estatales".

Un cambio de paradigma

Farías detalló que, a diferencia de aquella primera etapa, los despidos en la actualidad tienen "otra lógica", que de todas formas "sigue siendo acompañada por la estigmatización de los estatales en los medios de comunicación".

Desde su perspectiva, ahora se busca "avanzar en una política más fuerte de cambio de paradigma en la función del Estado". Es decir, que lo que se discute hoy es "la pertinencia o no de algunas áreas" relacionadas a "determinadas líneas de política pública y el volumen de empleo en determinados organismos destinados a atender sectores sensibles de nuestro pueblo".

Trabajadores estatales marchan a la Plaza de Mayo de Buenos Aires, 2016 / Marcos Brindicci / Reuters

Al respecto, destacó los despidos que se produjeron en el Ministerio de Energía y Minería "se dieron en un 'call center' destinado a recibir quejas de los usuarios de las empresas privadas y a atender a los familiares de electrodependientes". Otro ejemplo fueron los despidos en el Enacom, que "están relacionados con el avance del vaciamiento de un área, en un momento en el cual lo fundamental para el Gobierno Nacional es no interferir en los negocios de las grandes empresas de telecomunicaciones".

Finalmente, el trabajador opinó que "no necesariamente" estas decisiones estén relacionadas con un ahorro de las cuentas públicas. "Seguramente, este proceso de vaciamiento de áreas irá empalmando con la discusión sobre el déficit fiscal, pero acá lo que se está impulsando es más bien la profundización en el perfil del Estado que deja atrás el rol de regulador", subrayó. 

Y completó diciendo que se busca convertirlo en "un facilitador de los negocios del poder económico concentrado". "Esa es la lógica que está ordenando los despidos de estos últimos días y que recién se está iniciando", dijo. En este sentido, "a los trabajadores y trabajadoras estatales se nos presenta el desafío de forjar la mayor unidad para enfrentar el ajuste", concluyó.

Santiago Mayor

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