Ha finalizado la vista en la que el Tribunal Supremo debe decidir si el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, queda en libertad o permanece en régimen de prisión preventiva, y todo indica que habrá que esperar para saberlo, ya que no parece probable que la decisión se tome en el transcurso de este jueves.
A la salida del tribunal, el abogado defensor de Junqueras, Andreu Van den Eynde, se ha mostrado "muy contento de cómo se ha desarrollado la vista" y ha aprovechado para recordar que "el debate real es si tiene que estar en prisión".
"Un hombre de paz"
Oriol Junqueras ha podido hacer uso de la palabra en la fase final de la vista, y ha argumentado durante unos minutos ante el juez que es "un hombre de paz que busca el diálogo". El exvicepresidente catalán también ha expresado que es un hombre creyente, y que sus convicciones religiosas le llevan también a defender la paz.
"Junqueras ha solicitado poder estar en libertad, representar a la gente que le ha votado, estar con su familia y manejar esta situación que requiere cintura política", ha informado el abogado del exmandatario catalán, añadiendo que su defendido "ha reafirmado su compromiso con el acatamiento de la situación legal que se produjo y de las vías pacíficas basadas en un convencimiento personal y moral".
Por su parte, la Fiscalía se ha mostrado contraria en todo momento a la puesta en libertad de Junqueras, alegando que existe riesgo de reiteración delictiva.
De no conseguir la libertad, el líder de ERC plantea un traslado a una cárcel catalana –en la actualidad se encuentra en la prisión de Estremera, en Madrid– para poder asistir a los plenos del Parlamento catalán.
Más de dos meses en prisión
El 2 de noviembre de 2017 la jueza Lamela de la Audiencia Nacional envió a prisión a los ocho exmiembros del Gobierno catalán que permanecían en España, incluido el exvicepresidente Oriol Junqueras.
Desde entonces, la mayoría han sido puestos en libertad bajo fianza, pero permanecen en prisión el exconseller de Interior Joaquim Forn y los líderes de las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, además del propio Junqueras.
Sedición, rebelión y malversación de fondos públicos
La entrada en prisión de los miembros del Gobierno catalán se produjo tras la celebración del referéndum del 1 de octubre y la proclamación de la declaración de independencia unilateral, producida en el Parlamento a finales de ese mismo mes.
El Senado español aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española a propuesta del Gobierno de Rajoy. Entre las medidas aprobadas se encontraba el cese del Gobierno autonómico, la disolución del Parlamento catalán y la convocatoria de elecciones anticipadas para el pasado 21 de diciembre.
Paralelamente, se abrió una causa penal en la Audiencia Nacional de España, que posteriormente pasó al Tribunal Supremo, en la que se juzga a los exmiembros del Gobierno catalán por los delitos de sedición, rebelión y malversación de caudales públicos.
El día 30 de octubre el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y otros cuatro exconsellers de su Gobierno se trasladaron a Bélgica. Por el momento, permanecen en Bruselas, aunque en España se encuentra en vigor una orden de detención y captura que se ejecutaría en el momento en que pusieran el pie en territorio nacional.