Lula da Silva: "Saben que han condenado a un inocente"
Este jueves, luego de que se ratificara su condena por corrupción y le aumentaran la pena a 12 años, el expresidente de Brasil, Lula da Silva, habló ante la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido de los Trabajadores (PT).
Allí aseguró que "los tres jueces se pronunciaron después de tantas y tantas horas" mientras que su abogado "solo tuvo 15 minutos" para exponer su defensa. "Saben que han condenado a un inocente", sentenció.
A ideia não se condena. A ideia de que o povo sabe governar melhor que a elite já ganhou nesse país.
— Lula pelo Brasil (@LulapeloBrasil) 25 de enero de 2018
El líder del PT también sostuvo que los magistrados intentaban, con su sentencia, "condenar a una gran parte de los brasileños que reconocen en el PT y Lula la posibilidad de que este país vuelva a ser respetado y la gente recupere su autoestima".
"Lo que está siendo juzgado es la forma en que gobernamos este país", añadió. Y consideró que se busca "criminalizar" a una organización que "colocó a los pobres por primera vez en el centro de la discusión".
Lula remarcó que las ideas "no se condenan", sobre todo la idea "que ha ganado en este país" de que "el pueblo sabe gobernar mejor que la élite".
La condena
En el primer juicio contra Lula, celebrado en julio de 2017, el expresidente fue condenado por aceptar un lujoso departamento a cambio de beneficiar a la constructora OAS, con contratos de la estatal Petrobras.
La adjudicación del inmueble, frente a la playa en el Condominio Solaris en Guarujá (municipio del estado de San Pablo), se habría llevado a cabo a través de familiares de Lula. Sin embargo a lo largo del proceso no se logró demostrar que sea el propietario y tampoco se identificó cuál fue el acto u omisión (delito de "corrupción pasiva") que habría dado origen al recibimiento del inmueble.
A pesar de esto, los integrantes del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4) ratificaron ese fallo amparados en la "convicción" de que se cometió un delito. La sentencia supone -de hecho- una inhabilitación para presentarse a las elecciones. Esto debe ser confirmado por el Tribunal Electoral pero la ley del país sudamericano establece que los condenados por corrupción no pueden aspirar a cargos públicos.