Un ambiente de tensión entre cientos de manifestantes, especialmene independentistas, y Mossos d'Esquadra (la Policía regional catalana) se vive en las inmediaciones del Parlamento de Cataluña este martes.
Los manifestantes, que se apostaron frente a la sede del legislativo, exigen la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, prevista inicialmente para esta tarde pero aplazada por el presidente del Parlamento regional, Roger Torrent.
La concentración en las inmediaciones de la Cámara fue convocadas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y otras organizaciones independentistas para seguir el pleno del Parlamento; pero a pesar de ser aplazada la sesión, los convocados han continuado con la movilización.
Muchos de los manifestantes se han saltado el cordón policial para intensificar su protesta y hacer oír su demanda. Algunos forzaron una puerta y accedieron al parque de la Ciudadela, en cuyo interior se encuentra el Parlamento.
¿Por qué se aplazó la investidura?
Torrent decidió aplazar el Pleno de investidura hasta que existan las "garantías" necesarias para su celebración.
Así lo explicó durante una comparecencia institucional extraordinaria, en la que también señaló que "el presidente Puigdemont tiene todo el derecho a ser candidato a la investidura" y descartó proponer a cualquier otro candidato. "No aceptaremos injerencias a un Parlamento democrático", afirmó el presidente de la Cámara.
Por otro lado, horas después de la comparecencia del presidente del Parlamento catalán, el Constitucional desestimó las alegaciones de Puigdemont, que solicitaba el levantamiento de las medidas cautelares impuestas el pasado sábado.
Estas medidas impedían expresamente una investidura telemática o delegada, por lo que la única opción que ofrecen al candidato a la presidencia de la Generalitat es ponerse a disposición de las autoridades españolas, y confiar en que Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo que instruye su caso, le conceda permiso para asistir al pleno del debate de investidura.
Puigdemont se encuentra desde el día 30 de octubre en Bruselas, con la intención de evitar la acción de la justicia española, donde está acusado de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, entre otros.