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Los líderes independentistas catalanes en prisión preventiva llevan su causa a la ONU
Un abogado especialista en derecho internacional considera que España no está actuando como un país democrático.
El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, el líder del Partido Demócrata de Cataluña (PDeCAT) en el Parlament, Jordi Sànchez, y el presidente de la organización Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han informado este jueves de su situación de encarcelamiento al Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, para obtener ayuda internacional en la reivindicación de su puesta en libertad.
Así lo ha anunciado desde Londres y ante los medios de comunicación el abogado británico Ben Emmerson, especialista en derecho internacional y derechos humanos. El letrado considera que la situación procesal de estos acusados, que se encuentran encarcelados en virtud de una medida cautelar impuesta por el Tribunal Supremo español, supone una vulneración de sus derechos fundamentales.
En concreto, Emmerson señala que estas detenciones implican una "afrenta a los derechos humanos" y constituyen ataques a la libertad de asociación, la de expresión y la de participación en la vida pública, por lo que en su opinión puede entenderse la acción del Estado español como una discriminación por motivos políticos.
Bajo su punto de vista, los cargos de rebelión y sedición que se les imputan son "cargos criminales insostenibles", y ha denunciado que España no está manejando esta situación como cabría esperar de un país democrático de Europa. Por eso entiende que la ONU debe presionar al Estado español, con todas las medidas a su alcance, para que estas personas no estén detenidas.
Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart están acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos en una causa que juzga en Tribunal Supremo, por su participación en el proceso independentista catalán, que produjo una declaración unilateral de independencia firmada en el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017, y anulada poco después por el Tribunal Constitucional.
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