Despidos y emergencia alimentaria: sindicatos y movimientos sociales protestan en Argentina

Este jueves 21 de febrero la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una huelga nacional y se movilizó en todo el país junto a los movimientos sociales. El principal reclamo del sindicato es que el gobierno de marcha atrás con los "despidos másivos" que está llevando adelante en la Administración Pública.

"Queremos que no se trate la ley de reforma laboral, que sea retirada por el gobierno y que sea derogada la ley de reforma previsional", agregó a la lista de demandas el secretario general de ATE, Hugo 'Cachorro' Godoy, en conferencia de prensa. Ya el 4 de enero el sindicato había convocado a una jornada de protesta por el mismo motivo.

Por su parte, y sincronizados con la jornada de paro de los estatales, las Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie realizaron movilizaciones en todas las gobernaciones provinciales. Su principal exigencia es la sanción de una Ley de Emergencia Alimentaria para los sectores más pobres y una ayuda económica inmediata para ese sector.

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Durante el mes de diciembre, el ministro de Modernización de Argentina, Andrés Ibarra, señaló al diario La Nación, que "en términos de evolución del empleo público, en la Administración Pública Nacional", el objetivo era alcanzar un número de trabajadores de "alrededor de -9%". Esto suponía en ese momento 22.000 personas menos trabajando en el Estado.

Esta decisión se asienta en que, según el funcionario, los sueldos de los trabajadores estatales representan el 11 % del presupuesto nacional. Por eso, en el marco de un importante déficit económico, el Ejecutivo busca recortar gastos.

Ibarra explicó que se trata de "una política austera" con un "concepto de planeamiento de las dotaciones". "Pretendemos que a través de los compromisos federales las provincias sigan en este mismo lineamiento", añadió. Y concluyó subrayando que "en los próximos dos años vamos a mostrar otra cara del empleo público".

En concreto, esto derivó en una serie de despidos masivos de empleados públicos. "Entre fines del año pasado y principios de este hubo un recorte fuerte en la planta estatal, donde se destacan Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Fabricaciones Militares, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Hospital Posadas, entre otros", declaró María Cecilia Iselli, delegada de ATE en el Ministerio de Economía.

En entrevista, la integrante de la agrupación Estatales de Pie apuntó que están pidiendo la reincorporación de todos los despedidos, pero también "la recomposición salarial y la aplicación de la cláusula gatillo". Esta última supone que, en caso de que la inflación supere el aumento acordado, se reabra la negociación entre la patronal y el sindicato.

"Además exigimos que no haya más persecución sindical", detalló Iselli y explicó que esto "se ve muy marcadamente" en los despidos del INTI, donde fueron echados "la mayoría de los delegados de sector y los activistas". Pero "también ocurre en otros ministerios donde no se están reconociendo las elecciones de juntas internas y tenemos delegados sumariados", dijo.

Finalmente, Iselli destacó que, "ante este gran ataque que estamos recibiendo de parte de la patronal", resulta necesario "tener la mayor unidad posible tanto dentro de nuestro sindicato como en el movimiento obrero en general".

La emergencia de los más pobres

Bajo la consigna "Sí al trabajo, no al ajuste", las organizaciones sociales y de la economía popular se sumaron a la jornada pero con sus propias reivindicaciones. El coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, declaró citado por el diario Ámbito Financiero que "hay un contexto social que es evidente que está en emergencia".

Al respecto afirmó que "hay una situación de pobreza que afecta a la mitad de los chicos en nuestro país" y que "un 48 %" de los menores de edad "sufre de malnutrición". "Esta realidad amerita una respuesta de políticas públicas contundentes", enfatizó.

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Nicolás Caropresi, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) –que forma parte de la CTEP– señaló a este medio que "tras la reforma previsional el gobierno nacional destinó varios miles de millones de pesos a la gobernadora [de Buenos Aires] María Eugenia Vidal", en un intento de construir "poder y territorialidad de cara a las elecciones de 2019".

Desde su perspectiva, esa "fue una batalla que perdimos en diciembre" pero que hoy "se traduce en fondos que deberían destinarse a fortalecer las políticas destinadas a los excluidos de nuestra sociedad". Por eso, desde la CTEP, planteó la necesidad de que se apruebe una ley que "integre a las cooperativas en las obras de infraestructura, al mismo tiempo que exigimos ese tipo de obras para los barrios populares bonaerenses".

Asimismo, comentó que en la Ciudad de Buenos Aires se pretende lograr "una paritaria social que reconozca el trabajo que llevan adelante miles de compañeros" y "construir los canales de diálogo necesarios" para que los vendedores ambulantes "puedan llevar adelante su trabajo sin persecución y criminalización, como es el caso de cientos de compañeros senegaleses que todos los días son víctimas de los robos de mercadería y dinero", en allanamientos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad.

Finalmente, resaltó que la jornada "se llevó adelante en todo el país con los reclamos de las distintas cooperativas en las diferentes provincias".

Santiago Mayor