El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decretado este martes libertad sin fianza para el expresidente de la Generalitat Artur Mas tras escuchar su declaración.
Mas ha declarado por los cargos que ejerció como presidente de la formación soberanista PDeCat y por formar parte del comité estratégico del proceso independentista, tal como figuraba en el documento 'Enfocats', incautado en una operación policial.
La formación conservadora Vox, que ejerce la acusación popular en esta causa, había solicitado que se impusiera al expresidente una fianza de 60.000 euros para evitar la prisión. Ahora se centrarán en confirmar que Artur Mas, que ya fue inhabilitado por dos años por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) debido a la consulta del 9-N de 2014, ha incurrido en reiteración delictiva por su vinculación con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Mientras tanto, otros políticos acusados de diseñar y dirigir el proceso de independencia también afrontan procesos legales. Es el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, —que este lunes ha declarado ante el juez Llarena y debe abonar una fianza de 60.000 euros para evitar la prisión— o de Anna Gabriel, diputada de la CUP, que está llamada a declarar el próximo 21 de febrero y ya ha manifestado su intención de permanecer huida en Suiza.
Josep Lluis Trapero, quien fue responsable de la Policía autonómica catalana hasta que fue cesado por el Gobierno central, también está siendo investigado.
El magistrado y el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, ha señalado que si Anna Gabriel no va a aparecer ante el juez del Tribunal Supremo, esto "le colocaría en una situación similar a la de Puigdemont": estaría prófuga de la justicia y se dictaría una orden internacional de detención.