Cómo se vive en un país sancionado por EE.UU. (que no es Cuba)

"Mire, mándeme primero el comprobante de transferencia al WhatsApp y después la busco", dice un taxista caraqueño por teléfono a su potencial cliente.

Los taxistas de la capital venezolana hace tiempo que no saben qué es un pago en efectivo porque nadie tiene tanto dinero en el bolsillo para pagar una carrera corta: puede costar unos 100.000 bolívares, o lo que es lo mismo, los billetes reunidos después de diez días de visita al cajero automático para retirar el monto máximo de 10.000 bolívares diarios.

Los kioscos, los puestos de buhoneros y hasta los vendedores callejeros de chicha (popular bebida venezolana a base de arroz o pasta) aceptan transferencias bancarias o tarjetas de débito para transar productos que, hace dos o tres años, podían comprarse fácilmente con el remanente de la cartera, con un 'sencillo', como se dice en Venezuela. La historia se repite a mayor o menor escala en todo el comercio.

La crisis económica que atraviesa el país suramericano se palpa en todas partes: anaqueles vacíos, carros desvencijados, farmacias sin dotación, tiendas con escasísimos inventarios, precios trepidantes. En la calle, las culpas se reparten al mayoreo, casi siempre al gobierno y, en menor medida, a la oposición. Sin embargo, poca gente habla de un responsable silencioso y externo que ha impuesto sanciones severas al país bajo el argumento de que solo afectarían a "funcionarios corruptos" del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero, ¿en realidad es así?

La "ayuda" de EE.UU.

En 2015, el decreto del expresidente Barack Obama, que calificó al país de "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad de EE.UU., sentó un precedente de política frontal contra Venezuela que ha sido continuado por Donald Trump en la Casa Blanca.

Después de ese decreto empezó la inclusión de funcionarios venezolanos de alto nivel —incluido el presidente Maduro— en listas negras y grises del Gobierno estadounidense e instituciones multilaterales con el objetivo de sentar las bases para un "bloqueo" financiero. ¿El mecanismo? Usar esos datos como medida de coerción a las empresas internacionales para obligarles a rescindir o no firmar contratos de ningún tipo con Venezuela.

La acción de Washington contó con el respaldo de la oposición venezolana y de sus líderes, en especial del diputado opositor Julio Borges, quien emprendió una gira internacional que lo llevó a reunirse con el mismísimo vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, para solicitarle sanciones y el aislamiento total de la economía venezolana. La acción del líder del antichavismo incluyó el envío de más de una docena de cartas a organismos financieros para pedirles que no prestaran dinero a Caracas, aunque la crisis económica empezaba a agravarse.

Esa acción desató la debacle de las finanzas del país petrolero. A los correos de las instituciones públicas empezaron a llegar notificaciones de la cancelación unilateral de contratos de corresponsalía bancaria e interrupción de las operaciones en bancos internacionales, los 'peros' de carácter legal y administrativos de empresas internacionales para retrasar o impedir el pago de membresías a organismos multilaterales, así como el bloqueo de activos financieros.

Un informe del ministerio de Finanzas, al que tuvo acceso RT, revela que hoy persisten las limitaciones y negativas para transacciones financieras de bancos internacionales desde y hacia Venezuela, que son frecuentes las demoras en operaciones, y que el exceso de rigor en la documentación y millonarios incrementos de costos por servicios de intermediación están a la orden del día. 

El cierre del cerco

En abril de 2016, la banca internacional comunicó a las instituciones venezolanas que tenían prohibido hacerles pagos en dólares, a menos que mantuvieran cuentas en los grandes bancos de EE.UU.

El alemán Commerzbank fue el primero en cerrar las cuentas que tenían los principales bancos venezolanos del Estado: Bandes (de desarrollo); Banco de Venezuela (universal) y Banco del Tesoro (fiduciario), así como las de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

En julio de ese mismo año la medida fue imitada por el Citibank, que cesó de manera unilateral el servicio de corresponsalía y solo dejó activas las cuentas utilizadas para pagos del servicio de Deuda que se tienen con la Oficina Nacional del Tesoro de EE.UU., una decisión que ha restringido severamente la capacidad de Venezuela de hacer pagos en divisa norteamericana.

Para ensombrecer la situación, en agosto de 2016 el portugués Novo Banco notificó a Venezuela que no podría realizar operaciones en dólares por presiones externas de los bancos corresponsales.

Así como la sencilla operación de pagar un taxi con billetes en Caracas es casi imposible para la mayoría de los venezolanos, la opción de que Venezuela haga sus compras con normalidad o cumpla con sus acreedores a tiempo resulta inimaginable. Las sanciones limitan no solo la capacidad de respuesta del país en el exterior, sino que afectan severamente la calidad de vida de los venezolanos porque impiden al gobierno adquirir alimentos, medicinas o materias primas para cubrir su consumo interno.

Amenaza a aliados

Si en 2016 EE.UU. se dedicó a cercar a Venezuela en el exterior con sus acciones unilaterales, el gobierno de Trump en 2017 arreció la estrategia con medidas destinadas a presionar a los aliados de Caracas.

Las regulaciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. y las presiones del Gobierno de Panamá hicieron que el Bank of China (BOC), con sede en el país centroamericano, informara en agosto del año pasado que no podría hacer ninguna operación en divisas a Bandes o a favor de Venezuela.

Esas mismas restricciones impidieron la concreción de transacciones entre bancos venezolanos y rusos en agosto del año pasado. Tiempo después, Caracas intentó hacer un retiro de sus cuentas colectoras en el Banco de Desarrollo de China, pero la corresponsalía del banco en Nueva York no procesó la operación porque se encontraba en "revisión" y tardó más de tres semanas en hacerla efectiva.

En octubre de 2017, el Deutsche Bank cerró las cuentas de corresponsalía del banco Citic Bank de China por haber tramitado pagos a Pdvsa, la industria que genera más del 90% de las divisas que recibe Venezuela.

Asfixia a Pdvsa 

Aunque el tono diplomático entre Caracas y Washington siempre ha sido cáustico, hasta la llegada de Trump la posibilidad de que EE.UU. atacara frontalmente a la economía venezolana parecía lejana. No obstante, en agosto del año pasado ese umbral se cruzó: el presidente norteamericano restringió la transabilidad de los bonos de la República y de Pdvsa en los mercados internacionales.

La medida tenía un propósito claro: impedir que el Gobierno venezolano recurriera a la petrolera para obtener liquidez y así paralizar las negociaciones que había adelantado el país con instituciones financieras para buscar alternativas de crédito. La decisión de la Casa Blanca se tomó justo después de que Maduro lograra un triunfo electoral sobre la oposición con el proceso Constituyente.

El argumento de Washington para justificar la asfixia financiera a Pdvsa, en un momento en que los precios del petróleo empezaban a recuperarse, era que la "dictadura de Maduro" privaba a los venezolanos de "alimentos y medicinas" y por eso el gobierno de Trump prefería aplicar medidas "cuidadosamente calibradas para privar" al Gobierno venezolano "de una fuente fundamental de financiamiento" y "evitar ser cómplice de la corrupción en Venezuela y del empobrecimiento de su población; y permitir la asistencia con fines humanitarios". En ese comunicado, retórica de por medio, EE.UU. admitía abiertamente que iba a impedirle a Venezuela usar sus propios recursos y después, claro, pretendía ofrecerle un "rescate". Garrote y zanahoria.

El ataque a Pdvsa por parte de EE.UU. ocurrió casi a la par con una movida de Euroclear, la empresa encargada de custodiar los bonos de la República. En agosto del año pasado, esa firma decidió retener más de 1.200 millones de dólares de Venezuela, sin permitir la movilización de esos activos, para afectar la disponibilidad de recursos a Caracas. ¿La razón? Presiones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) norteamericana.

"El Departamento del Tesoro de la administración de Donald Trump le ha dicho a todas estas instituciones, que son una manera de dictadura del sistema capitalista mundial, que busquen la forma de ahogar a Venezuela", denunció el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, a finales del año pasado. Maduro calificó la acción de Euroclear como un "secuestro".

¿Cómo afecta a los venezolanos?

Importaciones de materias primas como torta de soya, indispensable para la elaboración de alimento balanceado para animales, se han paralizado en los últimos meses con el único argumento de que han sido realizadas por Venezuela. Las sanciones de EE.UU. han sido efectivas en infundir temor a los empresarios que desean vender algún producto al país.

Venezuela: ¿Por qué los precios subieron hasta un 10.000% en dos semanas?

El miedo tiene asidero. Entre el 15 y el 28 de diciembre del año pasado, más de 29,7 millones de dólares fueron paralizados por bancos en Europa porque eran destinados al pago a proveedores de alimentos. A finales de 2017 también se devolvieron 23 operaciones, que sumaban unos 39 millones de dólares, porque los bancos intermediarios no querían recibir recursos de Venezuela.

El banco estadounidense JP Morgan, por su parte, retuvo más de 28,1 millones de dólares que serían destinados a pagar un buque con alimentos. El resultado está a la vista: las largas filas en Venezuela para conseguir los productos de la cesta básica son cada vez más largas y las alternativas para llenar la despensa más inaccesibles; los rubros de la canasta se expenden a precios especulativos, basados en un "dólar paralelo" que se transa un 700% por encima de la tasa oficial Dicom.

El panorama en materia de salud no es más alentador. La empresa Euroclear ha retenido más de 1.300 millones de dólares, de los cuales 450 millones eran para el pago de alimentos y otros 40 millones para medicamentos.

En el caso particular de la importación de insulina, ha sido posible para Venezuela cumplir el cronograma de pago porque el banco estadounidense Citibank se niega a recibir fondos de Venezuela. La situación se repite en el deporte, con la negativa de los bancos de procesar dinero proveniente del país para los atletas de su selección nacional; en la agricultura, al imposibilitar la compra de semillas para el plan de siembra; y, en resumidas cuentas, se traduce en la inestabilidad financiera de la nación: si el país no puede honrar a tiempo sus compromisos por trabas del sistema bancario, incurre en un impago inducido.

En noviembre del año pasado, por ejemplo, Venezuela hizo una transferencia de 27,6 millones de dólares al Citibank para pagar un bono de una de sus empresas públicas, pero la operación se hizo efectiva una semana después: un retraso del banco que implicó la declaración de 'impago' a pesar de que el dinero estaba allí.

Como el mercado es implacable, aunque la demora en el pago de ese bono haya sido por causas imputables a la institución financiera y no a la nación, la banca no pierde: la acción termina por castigar a Venezuela con el aumento del riesgo país y el incremento de las tasas de interés para que sea inviable pedir financiamiento.

La promesa de la Casa Blanca "de aislar económicamente" a Maduro se ha cumplido a cabalidad. "No nos quedaremos quietos mientras Venezuela se desmorona", reza el comunicado de agosto del año pasado, en el que Washington asegura que su único deseo es que en el país se celebren "elecciones libres y justas". Lo curioso es que minutos después que el gobierno anunciara los comicios presidenciales para el próximo 22 de abril, el 'Tío Sam' fue el primero en oponerse con una clara amenaza: "continuaremos presionando al régimen".

Los venezolanos saben de qué habla EE.UU. cuando amenaza con ejercer más "presiones" porque son los primeros en sufrir las consecuencias del bloqueo financiero: la falta de alimentos, la escasez de medicinas, el deterioro de su calidad de vida, la desbandada especulativa, la idea recurrente de irse del país. Hasta el taxista, que no puede comprar los repuestos para su carro porque ya no le alcanza el dinero o ni siquiera los consigue, sabe lo que se avecina. Lo sabe aunque su nombre no figure ni por error en las 'selectas' listas de la OFAC.

Nazareth Balbás