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Carlos Slim y López Obrador chocan por el aeropuerto que acapara la contienda presidencial en México

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El multimillonario mexicano y el candidato puntero de cara a las próximas elecciones presidenciales en México hicieron señalamientos sobre la viabilidad de la obra más grande y cuestionada del actual Gobierno mexicano.
Carlos Slim y López Obrador chocan por el aeropuerto que acapara la contienda presidencial en México

La construcción o cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se ha convertido en uno de los temas centrales de las campañas presidenciales en México. Un tema que ha provocado un choque público entre el multimillonario Carlos Slim y el candidato puntero en las encuestas, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

El pasado lunes 16 de abril, Slim convocó a una conferencia de prensa para defender el proyecto del NAIM, la obra de infraestructura más grande del Gobierno mexicano encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto.

Dicha obra ha acaparado los reflectores, luego de que López Obrador advirtiera que, en caso de llegar a la Presidencia de México, dicha obra sería cancelada por una serie de problemas técnicos e irregularidades administrativas que han inflado los costos del proyecto de manera notable.

Pero a pesar de esto, los inversionistas involucrados en la construcción del Nuevo Aeropuerto siguen defendiendo la viabilidad de la obra, luego de que el hundimiento del suelo en la zona del lago de Texcoco ha incrementado el costo de cimentación de una obra calificada como "faraónica" por sus detractores.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que Slim, quien ocupa el séptimo puesto en la lista de los hombres más ricos del planeta según la revista Forbes, defendiera la viabilidad del Nuevo Aeropuerto. Una obra de la que se ha visto beneficiado a través de una de sus empresas, la constructora CICSA, la cual participa en un consorcio conformado por empresarios cercanos al PRI: Carlos Hank Rhon, hijo de quien fuera un poderoso político mexiquense, e Hipólito Gerard, cuñado del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari.

"Suspender el proyecto es suspender el progreso del país", dijo Carlos Slim.

"La discusión sobre el aeropuerto no debe ser si cuesta más o menos, uno que otro, porque no es un coche el que se está comprando. Hay que ver no solamente la inversión que se va a hacer, sino qué efectos va a tener la inversión", añadió Slim.

El multimillonario también señaló que la construcción del Nuevo Aeropuerto es un detonador de desarrollo equiparable a lo que fue el Canal de Panamá para el país centroamericano.

"Yo creo que lo único que yo podría comparar, sobre los efectos sobre un país, fue el Canal de Panamá, cuando se le devuelve a Panamá. Es un detonador como no he visto nunca en una ciudad", dijo el millonario.

Gigantesco negocio y despojo de tierras

Un desarrollo urbano que, sin embargo, ha sido cuestionado por la manera en que grupos empresariales cercanos al Gobierno mexicano buscan hacer negocio mientras los campesinos son despojados de sus tierras.

De acuerdo con algunas versiones publicadas en la prensa mexicana, representará un negocio multimillonario para un grupo de empresarios y políticos cercanos al presidente Peña Nieto.

En marzo pasado, el periodista Salvador García Soto, columnista del periódico El Universal, reveló que el proyecto urbano alrededor del Nuevo Aeropuerto busca convertir una zona rural y pobre cercana a la Ciudad de México en uno de los centros de negocios más grandes de América Latina. Un desarrollo urbano conocido en algunos círculos como Aerotrópolis, según fuentes consultadas por el periodista.

"Se trata de un gran proyecto que vale hasta 20 veces más el costo del nuevo aeropuerto y cuyas inversiones y desarrollos significan negocios multimillonarios y continuos para los próximos 50 o 100 años para construir y desarrollar desde centros comerciales, hoteles, autopistas urbanas, parques industriales y empresariales, áreas exclusivas de vivienda de nivel alto, zonas de libre comercio, clubes deportivos y de golf, hasta un parque de diversiones de la franquicia más rentable a nivel internacional", señaló García Soto.

"Todo para hacer de los terrenos que rodean al nuevo aeropuerto —buena parte de ellos propiedad de políticos y empresarios cercanos al Estado de México— un centro de negocios gigantesco", añadió el periodista.

Un megaproyecto urbano desarrollado a través del despojo de tierras a grupos indígenas que desde 2001 se han opuesto a la construcción del aeropuerto en la zona del Lago de Texcoco y que ha provocado conflictos sociales y enfrentamientos, incluido un caso de tortura y abuso sexual de policías contra mujeres indígenas, ocurrido en el poblado de San Salvador Atenco en 2006. Un caso en que las mujeres violadas responsabilizan al presidente Peña Nieto, quien entonces era gobernador del Estado de México, de reprimir a la población que se opone a la construcción del Nuevo Aeropuerto.

De ahí que organizaciones adherentes al Congreso Nacional Indígena denunciaron a principios de abril que, valiéndose de la represión y el encarcelamiento de algunos opositores, el Gobierno mexicano operó políticamente para despojar de sus tierras a sus antiguos propietarios mediante "asambleas fraudulentas que permitieron al gobierno despojar de terrenos comunales a algunos ejidos".

Las organizaciones indígenas, campesinas y de académicos opositoras a la construcción del Nuevo Aeropuerto acusaron que en 2010, el Gobierno mexicano, a través de la Comisión Nacional del Agua, convenció a ejidatarios de ceder parte de sus tierras para desarrollar "engañosamente" un proyecto para recargar los acuíferos de la zona y rehabilitar la zona del Lago de Texcoco, ubicado al oriente de la Ciudad de México. Terrenos que paradójicamente, serían cedidos por el gobierno al consorcio encargado de construir el aeropuerto: el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

Presidencia de la República, México / https://www.youtube.com/channel/UCfBRIj1Tq8k7-SD8PPVPJpQ

"Esta fue la maniobra utilizada por el gobierno para quedarse con la tierra y después usarla con otro objetivo para el cual los pueblos no fuimos consultados y que hoy sabemos, era la construcción del Nuevo Aeropuerto", señalaron integrantes de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura, durante una conferencia de prensa.

Sobrecostos e irregularidades

Pero además de las implicaciones urbanas y ambientales que traerá consigo la construcción del Nuevo Aeropuerto, la obra ha sido también cuestionada por estar involucrada en irregularidades y presuntos actos de corrupción, mismos que han sido una constante durante la administración del presidente Peña Nieto.

En septiembre de 2014, durante la presentación del proyecto, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que el Nuevo Aeropuerto tendría un costo de 120.000 millones de pesos (aproximadamente 6.650 millones de dólares).

Sin embargo, estimaciones del Congreso mexicano señalan que, a marzo de 2018, el costo de la obra iba en 212.000 millones de pesos (11.750 millones de dólares), es decir, un 76% adicional al monto presupuestado originalmente. 

"El costo ya se fue muy por encima de lo presupuestado", dijo el diputado Rafael Hernández Soriano, presidente de la Comisión de Seguimiento del Congreso mexicano a la construcción del Nuevo Aeropuerto.

Una obra en la cual, la Auditoría Superior de la Federación, institución encargada de fiscalizar parte de la obra, detectó gastos sin justificar por 1.169 millones de pesos (64 millones de dólares) tan sólo en 2016. Esto derivado de múltiples irregularidades, como un sobreprecio del 89% en la construcción de la barda perimetral del terreno donde actualmente se construye el aeropuerto.

A pesar de las múltiples inconsistencias y problemas técnicos que se han presentado en la construcción de la obra, Federico Patiño, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, aseguró que la cancelación de la obra dejaría pérdidas por 120.000 millones de pesos (6.650 millones de dólares). Es decir, el mismo monto que originalmente costaría todo el proyecto.

Una opinión que también es defendida por el gobierno de Peña Nieto y dos de los tres principales candidatos presidenciales en México: el oficialista José Antonio Meade, del PRI, y el joven Ricardo Anaya, de la coalición PAN-PRD-MC, quien incluso ha calificado como un "disparate" la cancelación del aeropuerto.

"Me parece un absoluto disparate la idea de dar marcha atrás a la construcción del aeropuerto, es una obra que ya está en proceso. Cancelar esa obra implicaría tirar mucho dinero de las y los mexicanos que se han invertido en esa obra", dijo Anaya, quien se ubica en segundo lugar de las encuestas de preferencia electoral.

Pero a pesar del sector empresarial y los partidos, el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha logrado posicionar el tema del Nuevo Aeropuerto como uno de los principales puntos a discutir dentro de la contienda presidencial en México.

La nueva pugna entre AMLO y los empresarios

Desde 2014, López Obrador mostró su oposición a la construcción del Nuevo Aeropuerto en la zona del Lago de Texcoco. Para 2015, incluso propuso un proyecto alternativo al presentado un año antes por Peña Nieto.

Pero el tema cobró mayor importancia conforme López Obrador incrementó su ventaja como puntero en las encuestas de preferencia electoral, una vez que los distintos partidos políticos definieron a sus candidatos. Una ventaja que iba ampliándose conforme sus propuestas de echar abajo la obra más grande y las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Peña, despertaban temores, críticas y suspicacias de las cúpulas empresariales.

Ante las críticas del Consejo Coordinador Empresarial (organización que reúne a los empresarios más poderosos del país), López Obrador propuso en marzo pasado organizar una mesa donde participaran a partes iguales el gobierno, especialistas del sector empresarial y representantes de su proyecto político, para "revisar técnicamente el proyecto sin asustar a nadie". Hasta la fecha, los empresarios no le han tomado la palabra.

Posteriormente, en una reunión con inversionistas estadounidenses y mexicanos, López Obrador explicó que su propuesta es utilizar la infraestructura de un aeropuerto militar para construir pistas adicionales y dejar en funcionamiento el actual aeropuerto, en lugar de construir uno nuevo. Una obra que, según el puntero en la contienda presidencial mexicana, costaría 50.000 millones de pesos (2.770 millones de dólares) en lugar de los más de 250.000 millones de pesos (13.849 millones de dólares) que se prevé cueste dicha obra.

Una propuesta que López Obrador intenta ahora explicar a través de una historieta difundida en sus redes sociales.

Pero fue a raíz de las críticas realizadas por Carlos Slim, que se encendió una vez más la polémica, luego de que López Obrador acusó al multimillonario de ser utilizado para favorecer a los intereses de sus enemigos políticos para frenar su avance en las preferencias electorales. Esto, a pesar de que Slim y López Obrador mantuvieron una relación cercana cuando el político tabasqueño fue alcalde de la Ciudad de México de 2000 a 2006. 

"Lo están utilizando para tratar de contrarrestar el avance de nuestro movimiento, pero no les va a funcionar", dijo López Obrador.

"Seguramente le pidieron que saliera a dar esa conferencia, seguramente Peña Nieto, o Salinas. Pero tampoco me preocupa mucho y no tengo pleito con él ni con nadie, y es amor y paz", añadió el candidato de Morena.

López Obrador también le reprochó a Slim que, si el Nuevo Aeropuerto es un negocio tan rentable como se afirma, que lo financie con su propio dinero.

"Si es como dice él, un buen negocio, pues que lo haga con su dinero. Si lo hace con su dinero, se le puede dar la concesión", dijo López Obrador.

Y mientras la polémica sobre la viabilidad del Nuevo Aeropuerto continúa, el candidato presidencial de Morena sigue manteniendo una amplia ventaja de al menos 14 puntos porcentuales por encima de Anaya, su más cercano perseguidor, según un promedio de las últimas encuestas publicadas y recopiladas en el sitio Oraculus.mx.

Una situación que mantiene en vilo a un amplio sector de las cúpulas empresariales a menos de tres meses de que se celebre la elección presidencial en México, el próximo 1 de julio. 

Manuel Hernández Borbolla

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