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Brasil: El tribunal que condenó al expresidente Lula da Silva niega el último recurso de su defensa
El exmandatario se encuentra en prisión desde el pasado 7 de abril.
El Tribunal Regional Federal de la 4 Región (TRF-4) negó el último recurso interpuesto por los abogados del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
La justicia brasileña ratificó así la condena a 12 años y 1 mes por corrupción de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, recoge Globo. El exmandatario se encuentra recluido desde el pasado 7 de abril en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba.
"Después de analizar todas las ponderaciones de la defensa, es manifiesta la inadmisibilidad del recurso", declaró el juez Nivaldo Brunoni tras ejercer su voto. Los juristas Victor Laus y Leandro Paulsen lo acompañaron en la decisión.
Según la prensa local, los abogados del expresidente aún pueden apelar la condena ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ) y el Supremo Tribunal Federal (STF). La defensa también puede solicitar ante la justicia que el exmandatario sea procesado en libertad mientras continúen en la fase de recursos.
Por ahora, con una sentencia firme, el exmandatario no podrá presentarse a las elecciones presidenciales de acuerdo a la Ley de Ficha Limpia. Sin embargo, la decisión sobre su postulación será finalmente decidida por el Tribunal Superior Electoral (TSE) hasta el 17 de septiembre de este año.
El caso de Lula
Lula fue condenado el año pasado a 9 años de prisión por el juez Sergio Moro, de la 13ª Corte Federal de Curitiba, tribunal de primera instancia, acusado de aceptar un lujoso departamento triplex, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (municipio del estado de San Pablo), a cambio de beneficiar a la constructora OAS, con contratos de la estatal petrolera. Sin embargo, durante el juicio no se logró demostrar que Lula es el propietario del inmueble y tampoco se ha identificado cuál es el acto o la omisión que habría dado origen al recibimiento del inmueble.
La condena fue confirmada en enero y la pena elevada a 12 años y un mes de cárcel por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre (TRF4), en segunda instancia.
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