Hasta 109 generales y almirantes estadounidenses retirados han instado a los legisladores a rechazar el nombramiento de Gina Haspel, una oficial de inteligencia apodada 'la reina de la tortura' en algunos medios estadounidenses, como directora de la CIA por estar "íntimamente involucrada en torturas". Los exmilitares llaman también a desclasificar su papel en el famoso programa de interrogatorios de la agencia. La petición ha sido presentada en una carta oficial, publicada en el sitio web Human Rights First este lunes.
Los signatarios de la petición afirman estar preocupados por la posibilidad de que una persona con el historial de Haspel sea ascendida a un cargo superior en la comunidad de inteligencia de EE.UU. Entre los firmantes destacan el jefe del Comando de Transporte de EE.UU., Walter Kross, el excomandante del Ejército de EE.UU. en Europa, David Maddox, el excomandante del Cuerpo de Marines, Charles Krulak, y el exinspector General del Departamento de la Armada, Lee Gunn.
El documento cita "informes no refutados" de que Haspel dirigía una prisión secreta en uno de los llamados 'sitios negros' de la CIA y menciona su papel en la supervisión del polémico programa de interrogatorios de la agencia, un programa "lleno de abusos y ejemplos de mala administración".
Los exmilitares de alto rango han señalado que, aunque algunos altos funcionarios de inteligencia "han alabado" la experiencia profesional de Haspel, todavía no hay excusa para su participación en prácticas de tortura y entregas extraordinarias, por lo que rechazan el argumento de que Haspel simplemente obedecía órdenes de sus supervisores.
"No aceptamos la justificación de 'seguir órdenes' después de la Segunda Guerra Mundial, y no deberíamos aceptarla ahora", dice la carta, refiriéndose aparentemente a los juicios de posguerra en los que los defensores de muchos criminales de guerra nazis intentaron afirmar que los acusados simplemente siguieron instrucciones de sus superiores.
"Tanto el 'submarino' como otras formas de tortura o trato cruel e inhumano son, y siempre han sido, claramente ilegales", dice el documento. "Las personas al servicio de nuestro país, incluso en los niveles más bajos, tienen el deber de negarse a llevar a cabo tales acciones", resaltan.