Un hilo, que forma parte de una intrincada red, pareciera unir a un grupo de expresidentes de América Latina: las acusaciones de corrupción en su contra.
El título de la VIII Cumbre de las Américas, realizada en Lima, el 13 y 14 de abril, fue 'Gobernabilidad democrática frente a la corrupción'. En ese encuentro, 33 gobiernos de la región firmaron un compromiso donde plasmaron la necesidad de aplicar "medidas específicas" para combatirla con "autonomía e independencia judicial".
Este encuentro de países de la región ocurrió apenas unos días después de que el arresto del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva fuera ordenado por el juez Sergio Moro, cabeza de la investigación judicial conocida como Operación Lava Jato, quien según un documento filtrado por Wikileaks en 2009, recibió entrenamiento en EE.UU.
Al candidato con más opciones de ganar en los comicios presidenciales de este año en Brasil se le acusa de corrupción pasiva y lavado de activos por el caso del departamento tríplex de Guarujá, municipio de Sao Paulo, que supuestamente habría obtenido a cambio de favorecer a la empresa brasileña de infraestructura OAS.
Además de ese proceso abierto, la procuradora general, Raquel Dodge, denunció el pasado 30 de abril al expresidente ante al Tribunal Supremo brasileño por supuestamente haber aceptado sobornos por 40 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de decisiones políticas que beneficiaran a la empresa.
La Operación Lava Jato, que depuso también a la exmandataria Dilma Rousseff, no ha aportado pruebas que confirmen la propiedad del líder del Partido de los Trabajadores (PT) sobre el inmueble y se ha basado en 'delaciones premiadas', es decir, en mecanismos judiciales fundamentados en acusaciones orales de empresarios envueltos en tramas de sobornos.
¿Presidentes corruptos?
En algunas de las investigaciones por presunta corrupción que se han abierto contra gobiernos progresistas latinoamericanos, existe un punto en común: los acusados las han calificado como 'juicios políticos' con la finalidad de mermar su popularidad y alejarlos de los cargos públicos.
En este sentido, el mandatario boliviano, Evo Morales, durante su participación en la cumbre, se refirió a una "falsa lucha contra la corrupción" detrás de la cual se esconden intenciones de "derrocar gobiernos legítimos y proyectos de cambio". Además, Morales recordó que los "intereses imperialistas" utilizaban en el pasado la lucha contra el comunismo, narcotráfico y terrorismo "para invadir países".
Mandatarios bajo la lupa
Además de Lula, un grupo de exgobernantes que cultivaron una estrecha relación política y económica durante sus gestiones, han sido señalados en sus países por presuntos manejos irregulares.
- Rafael Correa (Ecuador): A mediados de abril, la Fiscalía General ecuatoriana decidió abrir una investigación penal contra el exgobernante por el "mal manejo" de la deuda pública interna y externa entre 2012 y 2017. Por otra parte, Jorge Glas, quien fuera vicepresidente de Correa y del actual mandatario, Lenín Moreno, se encuentra en prisión tras ser condenado por asociación ilícita en la red de sobornos de Odebrecht.
- Nicolás Maduro (Venezuela): En la misma línea de supuesta "falta de transparencia", el llamado 'Tribunal Supremo de Justicia en el exilio', que sesiona fuera del país suramericano, y cuyos actos son ilegales, según la Justicia del país suramericano, liberó una orden de arresto contra el actual presidente, Nicolás Maduro, por su "participación directa" en un esquema de corrupción.
- Cristina Fernández de Kirchner (Argentina): De estos procesos judiciales, tampoco se ha librado la senadora y exmandataria argentina, quien enfrenta dos causas judiciales: una por 'administración fraudulenta en perjuicio del Estado' con el caso de 'dólar futuro' y otra por presunto desvío de fondos en la provincia de Santa Cruz.
- Dilma Rousseff (Brasil): En 2016, la expresidenta brasileña fue destituida de su cargo por presuntamente haber maquillado las cuentas públicas. Este proceso ha sido catalogado por ella como un "juicio político".
Simplemente, el 'lawfare'
Correa, fundador del partido Alianza País, escribió recientemente un tuit donde cuestionaba las acusaciones en su contra. Al final del trino, definió lo que cree que está detrás: "Simplemente, el 'lawfare'".
La guerra jurídica, que se traduce en inglés como 'lawfare', es definida como el "uso indebido" de "instrumentos jurídicos" con "fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político", según un texto publicado en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), escrito por Camila Vollenweider y Silvina Romano.
Este tipo de acusaciones sin pruebas tienen una extensa cobertura en los medios de comunicación "para presionar al acusado y su entorno", haciéndolo más vulnerable, afirman las autoras del texto.
Según esta investigación, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) estaría asesorando a los gobiernos latinoamericanos para "reformar" sus "aparatos jurídicos", a través del 'lawfare', catalogado por las investigadoras como un "método de guerra no convencional".
En las estructuras judiciales, conformadas por EE.UU. en los países latinoamericanos, según el portal de investigación Misión Verdad, se encuentran: Lava Jato, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Misión de Lucha contra la Corrupción en Honduras. Además del trabajo conjunto de los Departamentos de Estado y de Justicia con los Ministerios Públicos y Procuradurías Generales de la región.
¿Cómo empieza todo?
En junio de 2012 el Senado paraguayo destituyó al entonces presidente Fernando Lugo, cuyo mandato –iniciado en 2008– había acabado con la hegemonía de más de sesenta años del conservador Partido Colorado.
Lugo fue apartado de su cargo por "mal desempeño de sus funciones" y por generar "caos e inestabilidad política" en su país, según la conclusión del documento acusatorio. Al líder del Frente Guazú se le responsabilizó políticamente de la muerte de 17 personas en la masacre de Curuguaty, recoge Última Hora.
En el juicio a Lugo, según investigaciones de la periodista brasileña Natalia Viana, hubo participación de la USAID, "que armó una estructura de jueces, fiscal, Policía para que le dieran el golpe".
Con ese precedente, se percibe un "trabajo muy estrecho" entre los ministerios públicos de América Latina con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia estadounidenses, explica en entrevista a este medio el investigador argentino Bruno Sgarzini, periodista de Misión Verdad.
Relación íntima entre Brasil y EE.UU.
En este sentido, un video divulgado por la defensa de Lula registró una conferencia hecha por Kenneth Blanco, viceprocurador adjunto del Departamento de Justicia de EE.UU., en Brasil, donde se evidencia la participación de Washington en la "construcción de casos" de Lava Jato, reseña el Jornal GGN.
En su discurso, colgado en YouTube, Blanco define la "relación íntima" entre el Departamento de Justicia y Brasil como "la mejor de la historia reciente" y afirma que la institución que representa "mantiene el compromiso de aplicar la 'Ley Anticorrupción fuera de EE.UU.' (FCPA, por sus siglas en inglés) en cooperación con otros países latinoamericanos.
En su exposición refiere que existe una "comunicación directa" entre fiscales, que no se rige por los procedimientos oficiales porque "lleva tiempo". Por ello, llama directamente a sus colegas en el exterior para pedir información financiera. "Cuando la denuncia está lista, se formaliza el pedido de envío de pruebas", a través del Ministerio de Justicia, lo que hace que los casos se procesen de una manera "más efectiva", explicó.
Los defensores del expresidente brasileño presentaron este testimonio público como una prueba de que se violó el convenio, que especifica que "toda solicitud de asistencia en materia penal hecha a EE.UU. debe hacerse mediante el Ministerio de Justicia" y no por terceros.
El columnista del Jornal GGN, André Araújo, considera que ni la cancillería ni el Ministerio de Justicia han defendido al Estado brasileño ante los intereses foráneos. "El concepto de soberanía fue ignorado a favor de la justicia individual", agregó.
Brasil no es el único caso en la región. También hay una cercana relación entre EE.UU. y las fiscalías de México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay y Paraguay, por citar algunos.
Cobertura mediática
Este proceso de "judicialización de la política" –como ha sido llamado por algunos analistas la apertura de procesos legales en contra de un grupo de mandatarios de izquierda en la región– ha sido acompañado por una fuerte campaña mediática.
Para Sgarzini, tanto el Sistema Interamericano de Prensa (SIP) como los principales medios latinoamericanos "han sido muy eficientes en hablar de que hay una corrupción sistémica" y que la "única manera de atajarla es con colaboración internacional".
Uno de los casos más relevantes ocurrió cuando la red O Globo, la empresa más poderosa de Brasil, tuvo que desmentir la información que dio sobre la existencia de unas supuestas cuentas en el extranjero de Rousseff y Lula.
La corrupción gubernamental tiene la atención de la prensa, por encima de la malversación que ocurre dentro de las transnacionales. "Que las corporaciones brasileras sean corruptas es una parte de la foto, la otra parte son las empresas en EE.UU. que tienen institucionalizado su 'lobby', por ejemplo, su compra de congresistas", explica.
"Sacar a la clase política"
Sgarzini refiere que esos alegatos sobre la lucha contra la corrupción tienen la finalidad de "sacar la clase política brasilera", a través de una estrategia de propaganda basada en el principio de vulgarización: "Mientras más simple sea el argumento, más se repite".
La agenda de intereses de EE.UU, además de la combatir el terrorismo y el narcotráfico, comprende la "lucha contra la corrupción" para "generar un clima de negocios transparente para las empresas estadounidenses" que le otorga el "derecho excepcional" de intervenir en América Latina cuando algún interés de una empresa de ese país se vea comprometido, explica.
El mensaje es claro, afirma: "Hay que 'limpiar' a los competidores políticos y empresariales que cierran mercados a las empresas estadounidenses".
Las corporaciones
La historia comienza así: Odebrecht, una de las más grandes empresas brasileñas en el mundo, con actividad en 27 países, estuvo en el centro del escándalo de Lava Jato, donde se hizo pública la práctica de sobornos sobre otras compañías constructoras, incluyendo la petrolera estatal Petrobrás, y sobre grupos políticos de distintas tendencias.
La corporación, que ocupaba el puesto doce en el ranking mundial, tras la investigación penal en su contra, debe pagar 2.390 millones dólares a Brasil, 93 millones a EE.UU. y 116 millones a Suiza. El riesgo de que se declare en quiebra ha sido señalado por algunos analistas.
"A las empresas estadounidenses les interesa el mercado brasilero, y todavía más, ocupar el espacio de Odebrecht en el exterior", escribe Araújo en su columna del Jornal GGN .
El periodista brasileño se pregunta cuándo será el día que la Casa Blanca pida al Palacio de Planalto investigar a la General Motors en Brasil. "Jamás", se responde, porque "el gobierno estadounidense protege a sus nacionales".
Por su parte, el presidente boliviano, en su intervención en la Cumbre de las Américas, se refirió a la necesidad de que existan controles internacionales eficaces sobre las transnacionales, "que en muchos casos promueven y fomentan la corrupción y la violación de los derechos humanos".
Las corporaciones estadounidenses, concluye Sgarzini, actúan de una "manera agresiva" a través del uso del aparato de justicia, de seguridad y mediático contra los gobiernos latinoamericanos para "quedarse con estos mercados", enclavados en zonas con grandes recursos naturales.
Con el fino hilo de la "lucha contra la corrupción", las transnacionales podrían estar tejiendo una maraña financiera y económica que no solo implique sacar de los cargos públicos a un grupo de presidentes.
Nathali Gómez