El Parlamento catalán ha aprobado este viernes la reforma de la ley de la Presidencia de la Generalitat que permite, entre otras cosas, la investidura de un Presidente a distancia. Ha contado con los votos a favor de los partidos independentistas Junts per Catalunya (el partido del expresidente Carles Puigdemont), Esquerra Republicana de Catalunya (partido del exvicepresidente Oriol Junqueras) y la Candidatura d'Unitat Popular. Han sumado 70 votos.
En frente han tenido a los partidos Ciudadanos, Partido Socialista de Catalunya, En Comú-Podem y Partido Popular, que han contado con 64 votos en total.
La modificación de la ley había sido propuesta por JuntsxCat, que anunciaba su aprobación a través de un tuit:
La votación se ha llevado a cabo a pesar de contar con el dictamen en contra del Consejo de Garantías Estatutarias, los avisos de los letrados de la Cámara y la advertencia previa del Gobierno de España, que ya anunció que si se llevara a cabo la reforma la recurriría ante el Tribunal Constitucional. Este recurso conlleva la suspensión automática de la norma hasta que el Tribunal resuelva.
Nuevo texto legal
La reforma legislativa aprobada recoge que en caso de "ausencia, enfermedad o impedimento" para asistir a la sesión de investidura, el candidato puede quedar exento de presentarse si así lo decide "una mayoría parlamentaria".
De esta manera, el pleno puede autorizar que el debate de investidura "se celebre sin la presencia o intervención del candidato o candidata, que en este caso puede presentar el programa y solicitar la confianza de la Cámara por escrito o por cualquier otro medio previsto en el Reglamento".
Continúan los dos bloques
En la presentación de la reforma, Albert Batet, de JuntsxCat, afirmaba que con esta modificación de la ley de presidencia "dejamos claro que en Cataluña, el presidente de la Generalitat lo eligen los catalanes en las urnas y en las elecciones". Añadía dos preguntar retóricas: "¿Quién manda en Cataluña? ¿El voto en las urnas o los estamentos judicial?".
El representante de ERC, Antoni Castellá, en declaraciones recogidas por el medio catalán 324, ha dicho que al Estado "y a una parte de esta Cámara no les agradas los candidatos que legítimamente plantea una mayoría republicana y han puesto en marcha una campaña de represión brutal".
Inés Arrimadas, la líder del partido que resultó más votado en las pasadas elecciones del 21 de diciembre, ha dicho que saben "que esta ley no se aplicará, la traen aquí para que se la tumben". "Se están enfrentando a más de media Cataluña, a una democracia sólida de la Unión Europea y al sentido común", ha sentenciado.
El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha hecho un llamamiento a contribuir entre todos "a normalizar el funcionamiento institucional del país, como servir mejor al interés general, y cómo poder contribuir de la manera más eficaz a cerrar heridas".
Bloqueo institucional
Desde que se celebraron los comicios en Cataluña el pasado 21 de diciembre, la Cámara regional ha sido incapaz de investir un presidente de la Generalitat. Los partidos independentistas cuentan con mayoría absoluta en el Parlamento, pero hasta ahora sus intentos por investir a un candidato (Carles Puigdemont, Jordi Sánchez en dos ocasiones y Jordi Turull) han chocado con las decisiones judiciales que han impedido que ninguno de ellos pudiera estar presente en el pleno de investidura.
Tan solo Jordi Turull consiguió estar presente en la primera sesión del pleno, no así en la segunda, pues fue encarcelado un día antes de que se celebrase. Pero su primera comparecencia hizo que el reloj se pusiese en marcha. Desde ese 22 de marzo, el Parlamento catalán cuenta con dos meses para conseguir investir a un candidato, es decir, hasta el 22 de mayo. Si no lo consiguen se convocarán nuevas elecciones de manera automática, que se celebrarían este verano.
Las dificultades para encontrar un candidato se centran en que los principales líderes de las dos formaciones mayoritarias del independentismo se encuentran en el extranjero, como Carles Puigdemont (retenido en Alemania por la justicia de ese país a la espera de cursar la euroorden emitida por España) y Oriol Junqueras, en prisión provisional desde el 2 de noviembre de 2017.