Indígenas colombianos denuncian violación de sus derechos humanos tras el acuerdo de paz
Entre los años 2015 y 2017 más de 80 indígenas colombianos fueron asesinados en diferentes hechos violentos, asegura el más reciente informe presentado por la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (Cddhhpi).
El documento muestra el balance de las vulneraciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas durante el periodo denominado como 'posacuerdo', en referencia a la firma de la paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
No obstante, la comisión evidencia que los hechos violentos que afectan a los pueblos indígenas siguen registrándose con "nuevos rostros y nuevas maneras de accionar", según explicó a este medio Carmen Rosa Guerra Ariza, abogada de la Cddhhpi.
En este sentido, Guerra Ariza consideró "un eufemismo" seguir hablando de "tiempo de paz" por cuatro razones específicas. La primera de ellas, explicó, es que el gobierno logró un acuerdo con un actor armado (FARC), "pero siguen operando otros de corte paramilitar y narcoparamilitar". En segundo lugar, dijo la abogada, se ubica "el pobre nivel de implementación del acuerdo final".
Como tercer punto, señaló "la falta de garantías de protección para líderes, lideresas y autoridades indígenas" y, por último, indicó que el Estado colombiano privilegia los "intereses económicos por encima del derecho a la vida de los sujetos indígenas".
Alarmantes cifras
Para la comisión, las cifras registradas entre enero 2015 y febrero 2017 resultan "alarmantes". Precisa el documento que:
- Cada hora un/a indígena fue víctima de "desplazamiento forzado".
- Cada día cuatro indígenas fueron "confinados".
- Cada mes 39 líderes, lideresas y autoridades indígenas fueron "amenazados".
- En los 26 meses revisados, 84 indígenas fueron "asesinados".
- Solo en 2017 se contabilizaron 1.307 "vulneraciones" a los derechos humanos.
- En lo que va de 2018, se cuentan 3.820 "hechos victimizantes" en contra de los pueblos indígenas.
Actualmente, los ciudadanos indígenas (1.392.623) representan el 3,4% de la población de esa nación latinoamericana, pero a su vez, suman el 2,9% del total de víctimas del país (8.666.577), según cifras publicadas por el Registro Único de Víctimas (RUV).
Esto se traduce, según el informe de la Cddhhpi, en que el "18% de los indígenas" colombianos han "sufrido afectaciones relacionadas con, por lo menos, un hecho violento".
Indígenas en la mira
Solo en 2017, asevera el documento, se registraron 5.201 hechos victimizantes, una categoría que engloba: homicidios, secuestros, pérdida de bienes materiales, abandono o despojo de tierras, torturas, atentados, hostigamientos, desplazamientos y amenazas.
Además, los pueblos indígenas puntualizan que luego de la firma de la paz se han ejecutado 18.654 hechos victimizantes, y que de ellos, 1.204 fueron amenazas, 11.445 desplazamientos forzados, 79 atentados, 20 casos de abusos sexuales, 13 desapariciones forzadas, siete secuestros y ocho torturas.
Las comunidades indígenas con mayores afectaciones fueron Embera Chamí, Embera Katío y Wounan, en el departamento de Chocó (al oeste de Colombia), que recibieron 2.253 actos violentos, y los pueblos Nasa, Wounan y Kokonuco, en el departamento del Cauca, al suroeste; con 1.110.
Reclamo
La abogada Guerra Ariza indicó que "el principal reclamo" de los pueblos originarios al Gobierno de Colombia sigue siendo "que prevalezca el derecho a la vida por encima de las lógicas de desarrollo impuestas". Así, la Cddhhpi aboga por exigir que el gobierno nacional de dedique a "salvaguardar a los 102 pueblos indígenas" de esa nación.
Debería preocupar al gobierno, reclamó, "que 31 pueblos estábamos en proceso inminente de exterminio", que a la fecha existen "pueblos muriendo por enfermedades básicas y desnutrición" y que existen "mujeres indígenas prostituyéndose para poder comer".
Por esas razones, extendieron una petición de ayuda a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), organismo que los recibirá el próximo 9 de mayo, porque consideran que en Colombia "no hay garantías para salvaguardar la vida y la supervivencia de los pueblos indígenas y aunque allanamos todas las instancias y persiste el incumplimiento del gobierno y el Estado", dijo la abogada.
Ernesto J. Navarro