¿El próximo presidente de México será capaz de acabar con la epidemia de violencia que azota al país desde hace más de una década? Es una de las muchas preguntas que se hacen los mexicanos en las semanas previas de las elecciones presidenciales.
Una incógnita que las víctimas de la violencia tratan de despejar al cuestionar las posturas de los candidatos presidenciales con mayores posibilidades de ganar la elección: el izquierdista Andrés Manuel López Obrador; el centroderechista Ricardo Anaya y el oficialista José Antonio Meade.
Candidatos que, pese a sus diferencias, coinciden en la necesidad de mantener al Ejército realizando tareas de seguridad pública por un tiempo indefinido.
Pero a pesar de las propuestas, las buenas intenciones o las diferentes visiones para erradicar la inseguridad, algunas voces críticas cuestionan la posibilidad de que el próximo presidente mexicano pueda lidiar con el monstruo de la violencia con una sociedad dividida y con una fractura entre las élites políticas que se disputan el poder.
De ahí que organizaciones de derechos humanos presentaran a los diferentes candidatos una agenda con puntos específicos para pacificar México, mientras la ola de asesinatos durante el primer trimestre de 2018 superó en casi un 20% el mismo periodo respecto a 2017, el año más violento del que se tenga registro en la historia reciente del país.
Democracia con violencia es simulación
¿Podemos realmente hablar de democracia? Fue la pregunta que inició el Diálogo por la Paz y la Justicia, convocado por colectivos de víctimas, académicos de la Universidad Iberoamericana y la Comisión Nacional de Derechos Humanos con los candidatos presidenciales, con sede en el Museo Memoria y Tolerancia de la capital mexicana.
Esto, en medio de un contexto de violencia generalizado que ha convertido a México en uno de los 10 países con más muertos por conflictos armados de 2006 a 2016, según datos de la Universidad de Uppsala, con sede en Suecia.
Un dato que, sin embargo, no contempla los 29.168 asesinatos cometidos en 2017, el año más violento del que se tenga registro desde el fin de la Revolución Mexicana, en una crisis humanitaria sin precedentes para el país.
Los casos sobran: desde las masacres de San Fernando, Allende, Piedras Negras, Nochixtlán, Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, hasta las fosas clandestinas de Tetelcingo y Veracruz, pasando por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Desde el comienzo de la llamada "guerra contra el narcotráfico" en diciembre de 2006, las cifras oficiales arrojan casi 250.000 asesinatos y más de 33.000 desaparecidos, así como el hallazgo de más de 1.500 fosas clandestinas en todo el país. Cifras "sólo comparables a países en guerra o bajo dictaduras", según los organizadores del foro.
Para los expertos, esta es la historia de "un Estado que ha decidido arrodillarse ante los grandes capitales legales e ilegales", donde la corrupción, la impunidad y la inseguridad son la regla. Condiciones que evidencian la inexistencia de una verdadera democracia en México, según organizaciones y defensores de derechos humanos.
"¿Podemos hablar de democracia con una impunidad casi absoluta? Nosotros decimos que no, que sin paz, sin justicia y sin seguridad, la democracia es sólo una simulación", sentenciaron en su comunicado las 65 organizaciones civiles, académicos, ciudadanos y víctimas de la violencia.
De este modo, las organizaciones pidieron a los candidatos presidenciales fijar su postura en torno a cuatro temas relevantes:
- Sus propuestas de seguridad "para revertir la intervención militar en tareas de seguridad pública".
- La despenalización de las drogas.
- La creación de una Fiscalía General de la República autónoma e independiente que permita reducir la impunidad en casos clave e investigar a fondo delitos cometidos contra políticos cercanos al presidente en turno.
- La creación de una Comisión de la Verdad que investigue violaciones graves a derechos humanos de al menos los últimos 12 años y un mecanismo con ayuda internacional para castigar crímenes de 'lesa humanidad' durante los últimos dos gobiernos.
En ese tenor fue que cuatro de los cinco candidatos presidenciales en México expusieron sus propuestas de seguridad ante las víctimas.
Anaya: Por una Fiscalía autónoma
El primero en comparecer fue el centroderechista Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente (conformada por los partidos PAN-PRD-MC).
Al inicio de su intervención, Anaya mostró su disposición a escuchar la postura de las víctimas y también expuso su diagnóstico sobre el fenómeno de la violencia, lo cual incluyó una crítica a la estrategia de seguridad de los últimos dos gobiernos encabezados por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
"Estamos con los cuerpos civiles desmantelados. No se han profesionalizado ni certificado a los policías, no hay un cuerpo civil que cumpla con lo que se establece. Tener policías confiables es elemento indispensable para resolver el problema de violencia en el país", señaló el candidato centroderechista.
Sin embargo, Anaya mostró su incomodidad cuando los organizadores le preguntaron si estaba dispuesto a abrogar la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso mexicano en diciembre de 2017, la cual legaliza de manera permanente "un Estado de excepción", otorgando facultades extraordinarias al Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública sin controles civiles. Labores que en la última década han derivado en una violación sistemática de los derechos humanos a manos de militares, incluyendo un alto índice de ejecuciones extrajudiciales.
De ahí que la Ley de Seguridad Interior haya sido ampliamente cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos (incluyendo a Naciones Unidas). Actualmente, dicha ley se encuentra en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la legalidad de la misma, luego de una controversia constitucional impuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
"Es una ley que requiere una reforma muy profunda", explicó Anaya, quien consideró incorrecto que los militares realicen funciones de seguridad pública sin regulación. "No hay ningún incentivo para que eso que teóricamente es temporal y extraordinario no permanezca en el tiempo", agregó.
"Ojalá abrogando una ley se resolviera el problema. Si mañana se abroga la ley, ¿se resolvió el problema? Lamentablemente no", dijo Anaya, quien se mostró incómodo con el cuestionamiento y por ello, pidió a los organizadores conocer su postura sobre el tema. (A partir del minuto 24:30).
Otro momento relevante fue cuando se le cuestionó si estaba dispuesto a liberar a personas encarceladas por posesión simple de drogas.
"Creo que sí hay profundas injusticias que hoy, momento a momento, se están materializando. Sí creo que hay mujeres que hoy están en la cárcel que no tendrían por qué estar ahí. Tenemos que encontrar una solución que sea legal y tenga que pasar por el Congreso, no que sea la ocurrencia de alguien", dijo Anaya en alusión a la propuesta de amnistía de Andrés Manuel López Obrador.
El candidato frentista también se manifestó a favor de una Fiscalía autónoma del poder Ejecutivo y también estuvo a favor de impulsar mecanismos con ayuda internacional para combatir la impunidad en violaciones graves de derechos humanos.
Un hecho que fue resaltado por Emilio Álvarez Icaza, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien acompañó a Anaya durante el evento y realiza campaña junto a la coalición PAN-PRD-MC, quien aseguró que el frente partidista nació con la intención de impedir el nombramiento de un Fiscal afín al presidente.
AMLO: es urgente atender las causas
El izquierdista Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), enfatizó la urgencia de atender las causas profundas de la violencia, más que fortalecer los cuerpos de seguridad.
"Vamos a cambiar la estrategia y vamos a atender las causas", lo cual "pasa por combatir la pobreza, atender a los jóvenes, evitar la desintegración familiar, rescatar al campo y fortalecer valores culturales, morales y espirituales", dijo.
Obrador también señaló que mantendrá al Ejército en las calles durante algún tiempo. "¿Abrogaría la Ley de Seguridad Interior?", le preguntaron. "Ni sí, ni no", respondió evasivo, tras mostrar una posición ambigua respecto a este tema en el último año.
Sobre la despenalización de las drogas, dijo estar abierto a discutir el tema "sin tabús", aunque reconoció: "mi preocupación es que al cerrar el comercio de la droga se agraven más otro tipo de delitos violentos".
López Obrador también se mostró renuente a conformar una Fiscalía autónoma del poder Ejecutivo, "no en el afán de controlarlo todo, sino en el afán de acabar con la injerencia del PRIAN", nombre con el que suele referirse al bipartidismo de derecha conformado por el PRI y PAN.
Sostuvo que, aunque la ley lo prohíbe, le gustaría que el padre Alejandro Solalinde fuera el encargado de los derechos humanos dentro de su gobierno y que personas como el poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que aglutina a las víctimas de la violencia, fuera el encargado de encabezar la búsqueda de desaparecidos en el país. Un ofrecimiento que fue aceptado por Solalinde y declinado por Sicilia.
López Obrador también dijo que en caso de ganar la elección presidencial convocará al Papa Francisco y al Secretario General de la ONU, para que, con ayuda de las víctimas, "elaboremos un plan conjunto para combatir la violencia", tema que considera como el más preocupante en caso de ganar la presidencia de México.
"Si me dicen cómo reactivar la economía, cómo reactivar empleos, estoy relativamente tranquilo con eso. ¿Cómo acabar con la corrupción? No va a haber problemas, sé cómo hacerlo. ¿Cómo mejorar la educación? Hay un buen plan para eso. Pero este tema de inseguridad y violencia es muy complejo", reconoció.
El candidato de Morena también dijo estar totalmente abierto a crear una Comisión de la Verdad y mecanismos para que “organizaciones internacionales que trabajan para evitar la impunidad puedan intervenir en el país y puedan perseguir delitos”.
Meade: "No ha sido suficiente".
Durante su intervención, el oficialista José Antonio Meade de la coalición Todos con México (PRI-PVEM-NA), fue cuestionado y repudiado por las víctimas de la violencia presentes durante la conferencia.
La polémica se levantó cuando Meade resaltó la capacidad del actual gobierno a la hora de escuchar y atender a los afectados por la crisis de violencia, a pesar de reconocer que el esfuerzo realizado por la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto "no ha sido suficiente".
"¿Cuál?", le recriminaron al candidato de la continuidad. "¡Su partido no lo ha hecho! ¿Por qué creerles hoy? ¡No han sido capaces de nada!", fueron algunos de los reclamos que se escucharon desde las gradas.
Durante su exposición, Meade consideró que el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos y la precariedad laboral que existe en México, son los dos principales factores que explican el repunte de la violencia en el país.
"Se estima que en México hay entre 500.000 y 1,5 millones de armas. Para poner los números en perspectiva, esa presencia de armas en manos de la delincuencia organizada es más o menos tres veces lo que tiene el ejército guatemalteco, más o menos la capacidad de fuego del ejército canadiense, y no tenemos un protocolo de armas en las fronteras", señaló Meade.
Ante ello, propuso un modelo de persuasión, disuasión y combate a la impunidad.
Meade se pronunció a favor de la Ley de Seguridad Interior, aceptó tanto la posibilidad de construir una Fiscalía autónoma aunque lamentó que el tema se había politizado y rechazó la necesidad de recurrir a mecanismos internacionales para combatir la impunidad en violaciones graves de derechos humanos.
También apuntó que el debate de la marihuana se debe desvincular del tema de la seguridad y ser tratado como un problema de salud pública.
El Bronco y la ausencia de Margarita
Por su parte, el candidato independiente Jaime Rodríguez 'El Bronco' (y quien propuso cortarle las manos a los políticos que roben) lamentó que "hay más interés en defender los derechos humanos de los delincuentes, que en defender a las víctimas de la delincuencia".
A lo largo de su exposición, Rodríguez señaló que "a un delincuente hay que perseguirlo a como dé lugar", y también propuso militarizar la educación media-superior como medida para frenar la inseguridad.
La única aspirante que no asistió al foro por problemas de agenda, fue la independiente Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón.
Las víctimas responden: "¿Quién va a encontrar a nuestras hijas?"
"Me causó mucha frustración. Yo no veo realmente ese interés por las víctimas", señaló Angélica Rodríguez Monroy, cuya hija está desaparecida. La también integrante del colectivo Regresando a Casa, dice haberse sentido agredida por los argumentos del candidato del PRI.
"Su partido es el rey de la corrupción y ahora nos viene a agredir. Yo sí tengo memoria, yo sí sé quiénes son, pero ellos están ahí y se les olvida. Sólo es un discurso más", agrega Rodríguez. "¿Quién va a encontrar a nuestras hijas?", cuestiona en entrevista con RT.
"Si cualquiera de los que han gobernado sintiera nuestro dolor, éste sería otro mundo. Lo ven de lejos y se hacen de un lado para que no les toque", agrega Rodríguez Monroy. "Ellos viven en otro mundo".
Una opinión con la que coinciden otros familiares que han sido víctimas de la violencia. "Nadie se quiere comprometer", señala Yolanda Morán, fundadora de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México.
"Claro que la inseguridad, la verdad, la justicia, todo eso lo buscamos, sí, pero el tema de los desaparecidos no lo quieren tomar, lo evaden completamente", agrega la activista. "Son dos sexenios en los que no hemos logrado nada: ni búsqueda, ni justicia, ni nada", afirma Morán.
En un sentido similar, el poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, señaló que ninguno de los candidatos ha comprendido que el problema de la violencia va más allá de las campañas electorales y requiere una reconstrucción profunda del tejido social. "Por eso tanta increpación. La justicia no la están entendiendo", afirmó.
En este sentido, Sicilia critica que cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes funcionó como una especie de Comisión de la Verdad para indagar y resolver el caso Ayotzinapa, el gobierno de Enrique Peña Nieto operó políticamente para ocultar lo ocurrido.
"Quizá lo que temen es que pongan en evidencia los grandes crímenes de 'lesa humanidad' que hay detrás de la política que se ha ejercido a lo largo de 12 años", dijo.
"En cuestiones de seguridad creen que esto se resuelve a balazos, con la fuerza. No. Se resuelve con elementos más sencillos que tienen que ver con la economía", resaltó Sicilia.
Sin condiciones políticas para pacificar el país
Pero más allá de las propuestas de los candidatos presidenciales, resolver la violencia en México requiere una perspectiva más amplia y generar condiciones políticas para lograr acuerdos necesarios para pacificar el país.
Condiciones que de momento se antojan difíciles ante el encono social y la disputa por el poder que existen entre las élites políticas.
"No hay claridad de la vinculación de la política de drogas con el desastre de la política de seguridad y eso me deja profundamente preocupado", señala Ernesto López Portillo, consultor y experto en temas de seguridad nacional, en torno a las posturas de los candidatos presidenciales.
Pese a ello, consideró positivo el hecho de que los candidatos coinciden en la necesidad de una Fiscalía autónoma debido a que "la procuración de justicia es la representación más acabada del desastre y que el motor del desastre es la contaminación política".
Sin embargo, advirtió que todavía existe el riesgo de que el Congreso mexicano abra un periodo extraordinario de sesiones para "imponer" antes de la elección presidencial a quien sería el nuevo Fiscal por los próximos 9 años, en una maniobra política para que el PRI y sus aliados puedan acotar al próximo presidente de México ante la debacle electoral que se vislumbra para el partido tricolor.
Esto, además del riesgo de que el nombramiento del nuevo Fiscal pueda utilizarse como moneda de cambio en la negociación política, a la hora de definir y validar la elección presidencial. "Esa es la alerta uno que yo pondría", afirma López Portillo.
El experto en seguridad y derechos humanos también considera preocupante que se sigan impulsando propuestas de "populismo punitivo" que buscan atender los problemas de inseguridad con más castigos y más policías.
"En México ya se probó todo lo que compone el paradigma de mano dura. Ve dónde estamos. Ya ampliamos todos los poderes penales, ya usamos el régimen excepcional de intervención para la delincuencia organizada, hicimos una reforma penal, ya llevamos la figura del arraigo a la Constitución, siendo el único país en el mundo. Ya hicimos todo", señaló el especialista, quien considera que las políticas de prevención deben ser una prioridad del próximo gobierno.
"Hicimos una investigación y ningún presidente en la historia del país ha dejado de ofrecer que la policía sea profesional, y vela", apunta el experto.
¿Hay condiciones políticas para que la agenda de paz y justicia promovida por organizaciones civiles y expertos pueda llevarse a cabo en el próximo gobierno?, preguntó RT, debido a la manera en que el tema de la impartición de justicia en México ha sido utilizado para perseguir a rivales políticos desde que comenzó la alternancia en el poder.
"Las facultades del presidente no alcanzan y los acuerdos de Estado son urgentes", agrega el experto, quien sostiene que todavía está por verse si aquello que se perfila como un "reacomodo enorme de las élites políticas en el país", permite generar condiciones para pacificar a una sociedad desgarrada por la violencia.
Todo eso al mismo tiempo que los asesinatos siguen a la alza en el proceso electoral más violento en la historia reciente de México.
Manuel Hernández Borbolla