Washington ha sido directo. No reconocerá las elecciones presidenciales en Venezuela, a pesar de que cuatro candidatos se disputen la primera magistratura.
La historia reciente de rechazos, por parte del Gobierno estadounidense, no es un tema novedoso. El adjetivo de "falsos", para referirse a los procesos electorales, ha acompañado buena parte de las declaraciones de funcionarios estadounidenses desde 2017.
Maduro posee un margen amplio, por encima de 50% en las encuestas, con relación a los competidores más cercanos. Su eventual triunfo no sería una sorpresa. Sin embargo, existen tres opciones más representadas por opositores a su Gobierno, que plantean dolarizar la economía, solicitar créditos al Fondo Monetario Internacional (FMI) o acabar con el control de cambio. Pero ¿por qué EE.UU. no quiere que haya presidenciales?
¿EE.UU. lo sabe?
"El imperio sabe quién va a ganar", ha dicho el mandatario venezolano en su campaña. "Cuando le preguntan al presidente Trump, quién va a ganar en Venezuela, dice: 'Maduro'", agrega.
El escenario electoral incluye sanciones financieras en contra del país suramericano, que atraviesa una aguda crisis económica, caracterizada por una alta inflación y precios especulativos de productos y servicios, que son fijados con la tasa de un dólar ilegal, diez veces por encima del oficial. En este contexto, surge una pregunta: ¿son las sanciones consecuencia de las elecciones o viceversa?
El portal de investigación Misión Verdad, en un análisis sobre el reciente anuncio de Canadá de no permitir la instalación de mesas electorales en las sedes consulares venezolanas en Montreal, Toronto y Vancouver, explica que esta y otras acciones buscan "maniobrar una respuesta que deje sin efecto el ejercicio democrático del voto", desde el punto de vista de la propaganda, y continuar con los "planes injerencistas de los intereses transnacionales en Venezuela".
Juan Pablo Guanipa, diputado opositor, a tres días para las votaciones, volvió a pedir, en nombre de Mesa de la Unidad, coalición que adversa al Gobierno y que no postuló a ninguno de sus miembros a las elecciones, que los candidatos se retiraran. De igual manera, llamó a los venezolanos a desconocer el proceso. "Estamos trabajando con el objetivo de intensificar la presión, dentro y fuera de Venezuela", afirmó en una rueda de prensa.
Más asfixia
El Gobierno venezolano ha calificado las sanciones financieras como una "asfixia económica" que, según Mark Weisbrot, economista y columnista estadounidense, continuará aún después del 20 de mayo.
En su opinión, Marco Rubio, senador por Florida, quien ha dicho que el "mundo apoyaría un golpe militar en Venezuela", determina la política estadounidense hacia el país caribeño, que excluye la vía electoral.
Rubio y el presidente Donald Trump, considera Weisbrot, buscan "empeorar la situación económica e incrementar el sufrimiento" hasta que el gobierno sea derrocado por fuerzas internas.
El destino del continente
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, afirmó que Venezuela "pone freno" para que EE.UU. "no barra cualquier atisbo de democracia, igualdad y bienestar de la gente", en una entrevista difundida en el programa televisivo que conduce Diosdado Cabello el pasado miércoles.
"Hoy el destino de América Latina, progresista, popular, se define en lo que vaya a suceder en los siguientes días, semanas, meses en Venezuela", manifestó García Linera, quien agregó que en varios países, a pesar de las dificultades, se está formando una "estrategia de contención".
Acabar con el Estado
Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo. Por ello, el experto en temas energéticos Fernando Travieso explica que las transnacionales, para obtener el poder y los recursos naturales, apelan al desmembramiento del territorio para "hacer inoperativo al Estado" y desintegrar "el pensamiento nacionalista chavista", según el artículo 'Destruir el Estado nación', publicado en Ciudad Caracas.
En particular, el destino que Washington pareciera apuntar al país suramericano es el de un "Estado fallido", como lo señaló Pence en la Cumbre de las Américas, celebrada en Lima, Perú, a mediados de abril. "EE.UU. no va a quedarse de brazos cruzados", dijo en su discurso.
Ese "golpe de gracia al Estado Nacional", a los territorios que "se resisten a la tutoría de los capitales financieros", se cristaliza en la caída de los precios de las materias primas, el aumento de la producción petrolera en algunos países árabes y las sanciones económicas, publica Misión Verdad.
Comienzan las declaraciones
Este año, el primer pronunciamiento oficial estuvo a cargo de la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, quien afirmó que los comicios solo "profundizarían las tensiones internas" y que este proceso pudiera verse como "antidemocrático e ilegítimo".
"Apoyamos un sistema de elecciones real, completo y justo", expresó Nauert. A partir de esas palabras, tanto la oposición venezolana como los miembros del Grupo de Lima, surgido del seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), alentados por su secretario general, Luis Almagro, y los voceros del gobierno estadounidense, utilizarían casi los mismos términos para referirse a las elecciones presidenciales.
La gira de Tillerson
Febrero comenzó con la gira del exsecretario de Estado, Rex Tillerson, por algunos países de América Latina. Durante su periplo abordó con distintos mandatarios de la región el tema de la crisis venezolana y el eventual incremento de las sanciones, de ganar Maduro.
En marzo nuevas medidas punitivas llegaron. En esta oportunidad fueron contra la criptomoneda venezolana, el petro. Ese mismo mes, cuatro personas entre funcionarios y exfuncionarios del Gobierno, ingresaron a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).
En Venezuela pareciera que las medidas prohibitivas van de la mano con el calendario electoral. El propio Diosdado Cabello, constituyente y segundo al mando del chavismo, ha dicho en distintas oportunidades: "Mientras más sanciones, más elecciones".
Pence en la OEA
Ya a mediados de abril, el nuevo embajador de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo, había actualizado la opinión de su Gobierno. No reconocerían las elecciones porque "sin candidatos", no podían catalogarse como democráticas.
Un mes después, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, en un visita al organismo regional pidió a Maduro suspender las elecciones "simuladas" y hacer unas "reales, libres, justas y transparentes". La declaración del Grupo de Lima, a menos de una semana de las presidenciales, repitió casi las mismas frases del representante de la Casa Blanca.
Sanciones y más sanciones
El repudio a los procesos electorales venezolanos se mantuvo constante durante 2017. La embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, en un tuit escrito el 30 de julio de ese año, catalogó de "falsas", y de ser "otro paso hacia la dictadura", la votación por los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), donde participaron más de ocho millones de venezolanos, casi la mitad del padrón electoral registrado.
Un día después, y en vísperas de las votaciones, que se llevaron a cabo en medio de las protestas antigubernamentales organizadas por la dirigencia opositora, con una saldo de 130 fallecidos, el Departamento del Tesoro impuso sanciones al propio presidente Maduro.
Previamente, el 18 de mayo, había sido anunciada la misma orden ejecutiva contra un grupo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y, un mes después, el 26 de julio, 13 altos funcionarios del Gobierno, incluida la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena, también fueron agregados a la lista negra de la OFAC.
Pocos días después, el 9 de agosto, ocho funcionarios venezolanos más fueron penados por el Departamento del Tesoro. El 25 de ese mismo mes, un paquete de medidas punitivas financieras contra Venezuela fue anunciado por Washington. En menos de sesenta días los venezolanos volverían a votar.
Ola de rechazos
La flamante Asamblea Nacional Constituyente ya contaba con el desconocimiento de algunos gobiernos. La diputada del ala más radical opositora, María Corina Machado, había contado quince manifestaciones oficiales en contra: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, entre otros, según Efecto Cocuyo.
La Unión Europea (UE) también se plegó. La alta representante de la política exterior de la comunidad europea, Federica Mogherini, expresó que la ANC no sería reconocida por los estados miembros, porque había sido electa en "condiciones dudosas" que ponían en peligro la legitimidad de las otras instituciones venezolanas.
Mientras que en Venezuela la elección de la nueva ANC puso fin a los casi cuatro meses de protestas violentas, en un grupo de países del continente americano y Europa, fue catalogada como "ilegítima", a pesar de haberse elegido en un proceso electoral abierto.
De nuevo a elecciones
En las votaciones siguientes, la situación fue similar. La plenipotenciaria Constituyente pidió que se fijara la fecha para la elecciones regionales, que se llevaron a cabo el 15 de octubre. De los 23 estados en disputa, el chavismo obtuvo 18 gobernaciones y, debido a que uno de los ganadores por la oposición no quiso juramentarse ante la ANC, quedó fuera del cargo, y finalmente las fuerzas revolucionarias sumaron 19 máximas autoridades regionales.
Dos meses antes de esos comicios, en agosto de ese año, Julio Borges, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, actualmente en desacato y cuyos actos no tienen validez, según un sentencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, estuvo de gira por Europa para pedir más medidas contra su país.
En esa oportunidad, el dirigente opositor se reunió con los jefes de gobierno de Alemania, España, Francia y Reino Unido. Al mes siguiente, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que exigió a Venezuela que presentara el calendario electoral, desconoció a la ANC y anunció que estudiaría medidas contra los constituyentes y los "violadores de derechos humanos". En noviembre, finalmente, la UE aprobó un grupo de sanciones contra Venezuela.
A las urnas en diciembre
En diciembre los venezolanos se expresaron nuevamente a través del voto. En esta oportunidad, y también por un decreto de la Constituyente, los comicios municipales fueron pautados para el 10 de diciembre. En esa oportunidad, el chavismo obtuvo 305 de las 335 alcaldías disputadas. Casi un mes después, el 5 se enero, se cristalizó la amenaza que se venía delineando: un nuevo grupo de sanciones contra un gobernador y tres altos cargos militares.
En enero la ANC había solicitado al Consejo Nacional Electoral (CNE) que definiera la fecha para las elecciones presidenciales antes del 30 de abril. Tradicionalmente estos comicios se llevaban a cabo el último trimestre del año. Sin embargo, tras un ronda de conversaciones del Gobierno con un sector de la oposición, se estableció como día definitivo el 20 de mayo, tras un acuerdo firmado con los eventuales candidatos presidenciales. De inmediato, EE.UU. rechazó esta nueva convocatoria electoral.
Estas presidenciales tampoco eran bienvenidas y fueron tildadas como "fradulentas", sin siquiera haber contado un voto. Una estrategia que, casi sin excepción, ha sido aplicada en las 23 elecciones precedentes desde que llegó Hugo Chávez a la Presidencia.
Nathali Gómez