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A prueba la gestión de Macri: La ley 'antitarifazos' llega al Senado argentino

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La iniciativa que se votará este miércoles en el senado declara la emergencia tarifaria y pretende que el precio de los servicios públicos vuelva a los valores de fines de 2017.
A prueba la gestión de Macri: La ley 'antitarifazos' llega al Senado argentino

El Senado argentino someterá este miércoles a votación un proyecto de ley presentado por distintos sectores de la oposición que busca retrotraer los precios de los servicios públicos a los de noviembre de 2017. El presidente Mauricio Macri descalificó la iniciativa e instó a los senadores a que "no se dejen llevar por las locuras de Cristina Kirchner". Aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 9 de mayo, el proyecto obtuvo dictamen la semana pasada en el Senado y se votará durante la tarde de este miércoles. 

De acuerdo a la iniciativa, que declara la emergencia tarifaria, "se considerarán tarifas justas, razonables y susceptibles de ser aplicadas" a los usuarios y consumidores residenciales, aquellas que no excedan el coeficiente de variación salarial. La ley también contempla beneficios para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, muchas de ellas afectadas por los aumentos en el precio de los servicios.

El proyecto cuenta con el apoyo de gran parte de la oposición y, de acuerdo a Clarín basándose en relevamientos realizados entre los bloques, hay amplias posibilidades de que sea aprobado.

Según un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina es el país de la región con más incremento de gasto en servicios en relación al salario entre 2015, año en que Mauricio Macri asumió la Presidencia, y lo que va del 2018.

La resistencia oficial

A modo de alternativa, según informó Télam, el oficialismo presentó un proyecto propio que busca rebajar el IVA del 21% al 10,5% para los usuarios residenciales y del 27% al 21% para las empresas. 

"Si quieren que bajen las tarifas deben votar el proyecto del oficialismo. Porque el otro será vetado por el presidente", sentenció Federico Pinedo, presidente provisional del Senado perteneciente al espacio político de Mauricio Macri.

Días atrás, el presidente del Ejecutivo argentino condenó la iniciativa opositora durante la inauguración de un parque eólico: "No podemos proponer leyes que mágicamente retrotraen tarifas a un origen sin decir de dónde sale ese dinero, que no tenemos".

Así mismo, sostuvo que las tarifas representan lo que vale la producción y dijo que "si hubiese habido una alternativa de que esto funcionase sin que nadie pagara, habría sido el primero en llevarlo adelante".

Durante la jornada del lunes, acompañado por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, el mandatario decidió condenar a su adversaria por excelencia y apeló al criterio de los legisladores a la hora de votar.

"Les pido a los senadores que demuestran que existe un peronismo confiable, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Kirchner. Confío en que van a actuar de manera racional", sostuvo Macri.

Costo político o costo económico

Las declaraciones del presidente argentino y la posibilidad de un veto a la ley de tarifas se dieron en el marco de las negociaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo del tipo 'stand-by' que rondaría los 30.000 millones de dólares.

En 2015, semanas antes de la asunción de Mauricio Macri como presidente, el organismo de crédito publicó un informe sobre la situación económica del país en el que sugirió la eliminación de "subsidios distorsivos" por parte de las autoridades nacionales.

Dado que el FMI suele imponer ajustes y medidas de austeridad a los países dispuestos a tomar un crédito de este tipo, el Gobierno nacional pareciera obligado a mostrarse fuerte ante un proyecto como el planteado por la oposición.

De acuerdo a lo informado por Clarín, para poder cerrar un acuerdo con el FMI, los técnicos del organismo crediticio reclamaron recientemente un recorte fiscal por parte del Gobierno argentino de unos 8.000 millones de dólares para el presupuesto bianual (2018-2019).

Las nuevas metas fiscales que reclama el organismo serían de un desequilibrio para el 2018 del 2,5% del PIB y de un 1,5% para el año próximo. Dichas metas serían un poco más exigentes que las que pretende negociar el Gobierno nacional.

No obstante, de vetar la ley para evitar el subsidio de los servicios públicos y mostrarse fuerte ante el FMI y su agenda de recortes, el Ejecutivo se arriesgaría a empeorar el ya desgastado clima social en el año previo a las elecciones presidenciales.

"Propuse abiertamente un paro nacional. Creo que si no tenemos respuestas a nuestros reclamos y si el Gobierno ignora una ley del Congreso tenemos que ir directamente a un paro", manifestó a Ámbito Carlos Acuña, miembro del triunvirato que conduce la Central General de los Trabajadores (CGT), el gremio con más afiliados del país, respecto a la posibilidad de que Macri recurra al veto presidencial en caso de que se apruebe el proyecto de ley.

Ignacio Fernández Albano

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