La candidatura de Lula a las presidenciales brasileñas está en manos del Tribunal Electoral

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil debe emitir en los próximos días las sentencias relacionadas con las impugnaciones hechas a los registros de candidaturas presidenciales.

Según el sitio de análisis político Poder 360, será una decisión importante, ya que involucra a tres de los candidatos calificados como presidenciables y que han recibido impugnaciones ante el TSE.

A la espera

Se trata del exmilitar Jair Bolsonaro, abanderado del Partido Social Liberal (PSL), y Geraldo Alckmin, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quienes recibieron una impugnación cada uno. Mientras que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, fue impugnado 16 veces.

No obstante, sobre este tema, medios locales han destacado la impugnación realizada por el abogado Rodrigo Phanardiz Ancora da Luz a la candidatura de Bolsonaro.

El jurista alegó que el aspirante del PSL es reo en acciones penales que se tramitan actualmente ante el Superior Tribunal Federal (STF) desde el año 2016, por el supuesto crimen de apología a la violación e injuria. Un proceso que invalidaría su pretensión de disputar la elección presidencial del octubre.

Por otra parte, los aspirantes presidenciales Alvaro Fernandes Dias (Podemos), Ciro Gomes (Partido Democrático Trabalhista), José Maria Eymael (Democracia Cristiana), Henrique Meirelles (del gobernante Movimiento Democrático Brasileño), y João Goulart Filho (Partido Patria Libre) esperan por las decisiones del TSE sobre sus registros electorales.

"Oportunismo político"

Refiriéndose al número de impugnaciones realizadas contra la candidatura de Lula da Silva, el periodista brasilero Beto Almeida, especialista en periodismo de integración regional, cree que se trata de motivaciones políticas más que legales.

"Todas esas impugnaciones se realizaron, en primer lugar, porque algunos que quieren ser noticia, es decir, por oportunismo político. Claro que Lula está en una situación excepcional, ya que estando preso lidera todas las encuestas", aseguró.

Beto Almeida añadió que, luego de la petición que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo a las autoridades brasileras, no ha cesado la discusión al respecto. "Existe un gran debate interno luego del pedido de la ONU, ya que siendo Brasil un país signatario de esta organización, está obligado a cumplir el dictamen", señala Almeida.

Cumplir o no

El periodista se refiere al pedido realizado el 17 de agosto por el Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU, que determinó que el Estado brasileño debe permitir al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva ejercer "sus derechos políticos como candidato" a las elecciones presidenciales.

Por su parte, la cancillería de Brasil rechazó el pedido asegurando que las decisiones del comité no son vinculantes.

Mientras que durante una entrevista al portal Swissinfo, una de las expertas del comité, Sarah Cleveland, fue tajante al declarar que "las medidas emitidas por el Comité no son recomendaciones. Son jurídicamente vinculantes e imponen una obligación legal internacional a Brasil".

Sobre este particular, el periodista y corresponsal brasilero Leonardo Fernandes recuerda que Brasil no solo es signatario del acuerdo del Comité de Derechos Humanos de la ONU, sino que, además, "en 1999 aprobó una resolución en el Congreso Nacional en la que hace vinculantes, para la legislación local, la decisiones del comité". 

En prisión

El expresidente y líder del PT se encuentra en prisión desde el 7 de abril de 2018 y, aún así, el Partido de los Trabajadores lo inscribió como candidato presidencial de esa tolda para el evento electoral del venidero mes de octubre.

Lula, de 72 años, fue condenado a 12 años de prisión bajo el cargo de corrupción pasiva. Un delito que refiere al funcionario público que realiza o deja de cumplir con un acto de su competencia a cambio de algún beneficio.

El exmandatario fue acusado de recibir un departamento triplex de lujo frente al mar en el Condominio Solaris, ubicado en Guarujá, una ciudad del estado de Sao Paulo. Sin embargo, a lo largo de juicio no se logró demostrar que Lula fuese el propietario del inmueble y tampoco se pudo identificar cuál fue el acto o la omisión que habría dado origen al pago con ese departamento.

La investigación a Lula forma parte de una operación desplegada por la Policía Federal, bajo el nombre de 'Lava jato' ('Lavado a presión'), y que se apoyó en testimonios de los implicados en casos de corrupción ocurridos en torno a la estatal Petrobras y la empresa constructora Odebrecht.

Los poderes brasileños

Basem Tajeldine, analista de temas internacionales, cree "difícil" que la "oligarquía brasilera, actualmente el poder", de su brazo a torcer con respecto al líder del PT.

En su opinión, "la oligarquía brasilera sabe que ha cometido un crimen político, primero con el golpe de Estado contra Dilma Rousseff y, luego, con la injusta prisión, podríamos decir secuestro, a la que está sometido Luiz Inacio Lula da Silva".

Para este analista, quienes dominan económicamente en Brasil, han dado "muestras históricas" de que para lograr sus objetivos "son capaces de hacer caso omiso al derecho internacional o interno del Brasil".

Como muestra de la forma en que opera ese poder, el expresidente Da Silva denunció este lunes en su cuenta de Twitter, que los medios de comunicación de Brasil ocultan deliberadamente su campaña electoral.

Basem Tajeline agrega que, aunque exprese dudas sobre una pronta liberación de Lula Da Silva, "eso no significa que la realidad dicte lo contrario y termine por torcerle el brazo al poder brasilero. Las condiciones objetivas pueden estallarles en el rostro, dándonos una sorpresa. Hay una situación pre revolucionaria en Brasil".

Ernesto J. Navarro