15MpaRato: Cómo un movimiento ciudadano consiguió meter al exdirector del FMI en la cárcel

Esta semana se ha conocido la noticia de que el Tribunal Supremo de España ha confirmado la sentencia a cuatro años y seis meses de cárcel a Rodrigo Rato, exministro de Economía, exvicepresidente del Gobierno y exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo que poca gente conoce es que este proceso fue iniciado por un movimiento ciudadano, denominado 15MpaRato.

El exministro ha sido condenado en el caso de las 'Tarjetas Black' por un delito de apropiación indebida. No ha sido el único, en total 64 personas han sido condenadas y 17 de ellas irán a prisión por un escándalo que conmocionó a la opinión pública española, no solo por la cuantía de los sustraído, sino por la impunidad con la que actuaron y porque entre los implicados hay personas pertenecientes a todos los partidos políticos e incluso a los dos mayores sindicatos del país.

En entrevista, Simona Levi, del movimiento 15MpaRato, cuenta cómo se ha llegado hasta aquí. "Todo esto lo hemos hecho nosotros, gente normal y corriente", dice, y enumera cómo en el grupo de unas 10 personas que comenzaron esta iniciativa hay un químico, un investigador en ecología humana, una cocinera, una dependienta de un gran almacén, un estudiante o una directora de teatro, como es su caso.

El comienzo: el rescate bancario

Todo comenzó en el año 2012. Tras la explosión del movimiento 15M que tomó las calles y, entre otros logros, trasformó el panorama político del país con la aparición de nuevos partidos, España se levantó un día con la noticia de que iba a ser rescatada. Más exactamente, su sistema bancario sería rescatado. "En el gráfico que mostraron la mitad del dinero con el que nos tenían que rescatar iba para este banco", dice Levi.

El banco al que se refiere es Bankia, actualmente el cuarto más grande del país. Y es que, tras haber ocupado los máximos cargos de responsabilidad política, Rodrigo Rato acabó presidiendo esta entidad, un banco español surgido de la fusión de siete cajas de ahorro, con activos del sector del ladrillo y otros productos tóxicos. Tras su nacimiento en 2010, tan solo un año después, el 20 de julio de 2011, la entidad salió a bolsa. Solo tuvieron que pasar 10 meses para que el Estado tuviera que rescatarlo con 10.000 millones de euros y nacionalizar su matriz, BFA.

Con la salida a bolsa "habían engañado a 400.000 pequeños inversores", a quienes nadie avisó de los riesgos de una entidad que estaba al borde del rescate. "Rato ha robado siendo un particular. Trabajando en lo público creó las condiciones para robar en lo privado". Así de contundente define Simona Levi el paso de Rato del sector público al privado.

En aquel entonces Levi no podía creer que una serie de personas se hubieran enriquecido personalmente, hundieran una entidad tan poderosa, el Estado tuviera que rescatarla, los ciudadanos españoles lo pagaran con los recortes de la austeridad y no pasase nada.

"Contacté con otros activistas del 15M, que entonces estaban muy activos", cuenta Levi, y les preguntó si querían meterse en "la aventura de llevar a prisión a Rodrigo Rato". Y ese fue el germen de 15MpaRato.

Querían demostrar el "robo mafioso sistémico" llevado a cabo por "los partidos políticos". Según su promotora, los partidos enviaban a estas personas a los puestos más estratégicos para conseguir enriquecerse tanto la organización como esos mismos "personajes". "Lo importante no era la persona, sino la estructura", puntualiza. Aunque Rato se convirtió desde entonces en la cabeza visible, Levi recuerda la implicación de personas de todos los colores políticos, que para ella demuestra que "las estructuras mafiosas son los partidos políticos: la fuente de la corrupción".

Una querella que salió adelante gracias al dinero de casi 2.000 personas

Pero un proceso judicial de la envergadura que pretendían llevar a cabo requiere un sostén económico que entonces no tenían y recurrieron al crowfunding. Éste es uno de los hitos de esta campaña, que casi 2.000 personas o entidades aportaron dinero para una causa en la que creían, y acabaron recaudando algo más de 30.000 euros en dos rondas (en 2012 y 2015) que completaron en tiempo récord en la web especializada goteo.org.

Aunque la ayuda no fue solo económica. "La gente nos ha ayudado a hacer la acusación, no solo abogados, sino gente que ha aportado pruebas a través de nuestro buzón seguro", relata Levi. Y es que una de las pruebas que ayudaron a levantar el caso fueron los conocidos como 'correos de Blesa': diez años de correos electrónicos entre políticos y banqueros que una fuente anónima filtró.

Esos correos se pueden consultar. Están colgados en la web correosdeblesa.com y son miles de emails corporativos de Miguel Blesa, expresidente de CajaMadrid, la caja de ahorros más importante que integró Bankia. Precisamente esos documentos fueron la prueba que dio lugar a la pieza judicial separada denominada 'Tarjetas Black', por la que Rodrigo Rato y otras 63 personas han sido condenadas en firme esta semana por el Tribunal Supremo de España.

Las tarjetas 'opacas' que indignaron a la ciudadanía fueron entregadas a todos los miembros de la dirección y del Consejo de Administración de Cajamadrid, y después Bankia, que obtuvieron así una retribución que ni la entidad ni los benificiarios declaraban a Hacienda. En total, más de 15 millones de euros fueron sustraídos de ese modo a la corporación desde 1999.

Todavía no ha terminado

Pero el periplo judicial del exdirector del Fondo Monetario Internacional, a quién en su partido hacían responsable de lo que denominaron "el milagro económico español", aún no ha terminado. La de las 'tarjetas Black' solo es una pieza separada del caso principal, el impulsado por 15MpaRato: el caso Bankia.

"Se trata de saber qué han hecho con nuestro dinero para crear un rescate bancario. Defendemos que ha sido un diseño criminal", sentencia Levi.

¿Y después de Rato? Florentino Pérez en el banquillo.

Este reducido grupo de "personas normales" se ha unido a otros grupos para sacar adelante el 'caso Castor', un caso que involucra a ministros del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al magnate dueño del club de fútbol Real Madrid, Florentino Pérez. "Está siendo difícil que lo acepten. El sistema no traga fácilmente con estos casos", afirma nuestra entrevistada.

Se trata de su próximo reto, que cinco ministros y el presidente del Real Madrid respondan ante la justicia por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos.

El motivo de esta demanda, junto a otras muchas irregularidades, es una polémica cláusula del contrato firmado por el Gobierno con la empresa de Florentino Pérez para llevar a cabo el proyecto Castor. Esta disposición obligó al Estado a pagar una indemnización de más de 2.400 millones de euros (incluidos los intereses) cuando la empresa tuvo que poner fin a sus operaciones en 2014, a pesar de que la cancelación se produjo por una negligencia en las actuaciones de la propia empresa.

De hecho, la paralización de la construcción de este depósito de gas frente a las costas mediterráneas españolas se produjo debido a la aparición de pequeños terremotos en tierra firme relacionados con la inyección de gas.

Nuria López