El próximo mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, quien el pasado domingo ganó las elecciones presidenciales con el 55% de los votos, comentó en una entrevista con Record TV que pretende "invitar a Moro para el Ministerio de Justicia o, en el futuro, en el Supremo Tribunal Federal, cuando se abra una plaza, o donde él crea que pueda trabajar mejor para Brasil".
Vale repasar que Sergio Moro fue el magistrado que condenó en primera instancia al expresidente del Partido de los Trabajadores (PT), Lula da Silva, a nueve años y seis meses de prisión por el escándalo de corrupción conocido como 'Lava Jato', donde se cree que se pedían sobornos a cambio de licitaciones de contratos de obras públicas, donde la principal empresa constructora implicada —en varios países de la región— es Odebrecht.
La cadena televisiva en la cual Bolsonaro brindó el reportaje está vinculada a la Iglesia Universal del Reino de Dios, de muchísima influencia en Brasil y gran presencia en otros países vecinos, como Argentina. Cabe recordar que durante la campaña, aquel dirigente del Partido Social Liberal (PSL) se mostró en varias oportunidades acompañado por referentes evangelistas y recibió el apoyo de muchos miembros de esta corriente religiosa. El dirigente, por su parte, se percibe como católico.
Asimismo, Moro no dijo públicamente que va a ocupar un cargo público en la próxima Administración, pero según informa O Globo tampoco descarta esa posibilidad. "Si se confirma oportunamente la invitación, será objeto de ponderada discusión y reflexión", comunicó el hombre de la toga. En caso de cumplirse el deseo de Bolsonaro, el juez más odiado por los seguidores de Lula primero ocuparía funciones ministeriales y recién en 2020 podría ocupar su cargo en el organismo más importante del Poder Judicial brasileño, la Corte Suprema, ya que se abrirá una vacante cuando uno de sus miembros, Celso de Mello, cumpla 75 años.
El abogado argentino Diego Hernán Dieguez Ontiveros es uno de los especialistas que sostiene que en América Latina hay una conspiración continental coordinada desde Washington para perseguir judicialmente a los dirigentes de centro izquierda que supieron gobernar sus países y todavía tienen chances electorales, cuya práctica es conocida como 'lawfare'. De hecho, Ontiveros colabora permanentemente con el equipo de letrados que defiende al ex mandatario de Ecuador, Rafael Correa, y al ex vicepresidente Jorge Glass, quienes enfrentan cargos en la Justicia local.
Consultado sobre la intención de Bolsonaro de colocar en un puesto de su Administración al magistrado que ordenó la prisión de Lula, el entrevistado considera: "No es casualidad este anuncio sobre el juez Moro. Es el coronario o el premio a un programa de judicialización de la política, sistemático. No solamente se desarrolló en Brasil; se desarrolla en Ecuador y en nuestro país —Argentina—, y tiene varios ejes".
En esa línea, el docente de la Universidad del Salvador enumera: "Uno de ellos es la mediatización exacerbada de causas supuestas por corrupción. Algunas pueden ser ciertas, pero a mí me preocupan las que no son ciertas o las que exacerban la condena social, antes de la judicial". Para el académico, el 'lawfare' es "una guerra jurídica diseñada desde EE.UU. como estrategia de golpes blandos para menoscabar las democracias latinoamericanas".
Sobre ese punto, hace hincapié: "Para los programas que ellos tienen, de cooptación económica, social y cultural, la independencia judicial es un obstáculo. Entonces, necesitan jueces de las características de Moro, o Bonadío en Argentina, para que lleven adelante esta sucesión de tácticas, que forman parte de una estrategia generalizada".
Según explica Ontiveros, las causas que implican a los dirigentes latinos tienen muchas coincidencias. Una de ellas es destacar la figura del arrepentido o delator, es decir, un implicado en las investigaciones que asume una presunta responsabilidad en los delitos adjudicados y luego comienza a incriminar a otros individuos, o mejor dicho, a dirigentes políticos, para conseguir beneficios en sus condenas.
En países como Argentina, por ejemplo, la autoincriminación está prohibida porque se entiende que puede ser parte de un modelo extorsivo y va en contra de las garantías del debido proceso. Sin embargo, los delatores fueron protagonistas en muchas investigaciones contra la expresidenta Cristina Kirchner, donde imputados acusaron a otros individuos.
"El modelo que se está imponiendo, es el modelo negocial que tienen las fiscalías y el Ministerio Público estadounidense, es algo muy típico de allá", comenta el experto. Además, añade: "No tiene nada que ver con nuestros procesos de investigación. La figura del delator viola todos los principios constitucionales. Es otra de las claves del 'lawfare'".
Por otro lado, Ontiveros señala que el trasfondo de la cuestión sería modificar el modelo de negocios regional: "A Odebrecht la han reemplazado otras empresas para la obra pública en Latinoamérica, que precisamente no son brasileras. Llegaron compañías de EE.UU. y Europa a ocupar esos lugares, que dicen que son transparentes y que no van a cometer esa clase de ilícitos, pero es una forma de colonialismo de la nueva era. Siempre está el dinero detrás de todo esto, no hay una vocación de hacer Justicia".
Para continuar con su explicación, el conjuez de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) repasa que en la mayoría de estos casos regionales "no tienen ni siquiera la trasabilidad del dinero y ni existen cuentas bancarias". Al mismo tiempo, opina: "Aparecen datos que no pueden ser corroborados en la realidad, pero sirven para el desprestigio de un político particular".
Al finalizar, califica: "El 'lawfare' es la visibilización de lo que no se hace, lo que no es. Se muestra un espíritu de Justicia y equidad social sobre la intervención del Poder Judicial en asuntos del Ejecutivo, y eso es mentira". Y concluye: "En Italia, la mafia asesinaba jueces, y lo mejor que salió de eso fue Berlusconi. En Brasil, lo mejor que salió de Moro fue Bolsonaro. El 'lawfare' no es nada bueno".
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