En la misma semana en que la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, el presidente electo de ese país, Andrés Manuel López Obrador, presentó un plan de seguridad que para algunos representa una clara apuesta por la militarización.
El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del próximo gobierno tiene varios ejes, como erradicar la corrupción de las instituciones, garantizar empleo, educación y salud, reformular la política de drogas actual y emprender un proceso de pacificación con medidas de justicia transicional, como la amnistía.
Pero a pesar de que el equipo de López Obrador lo anunció como un "paradigma de seguridad radicalmente distinto" al de otras administraciones, hay dudas sobre qué tan diferente será la ruta de seguridad con el último eje del plan: la creación de una Guardia Nacional.
La polémica por la Guardia Nacional
El gobierno electo de México ha dicho que su propuesta de seguridad prevé que la Guardia Nacional sea una corporación adicional a las Fuerzas Armadas, formada bajo el Sistema Educativo Militar y que pretende capacitar a 50.000 efectivos, provenientes de la Policía Naval y Militar, las Fuerzas Armadas y otros jóvenes que se quieran unir.
El plan prevé que la Guardia Nacional sea distribuida a lo largo del territorio mexicano, que será dividido en 266 regiones, para que la nueva fuerza realice labores de seguridad pública, incluyendo "prevención, investigación, detención y presentación de detenidos ante el Ministerio Público y aportación de las pruebas exigidas por la ley".
El Plan Nacional refiere que, con esa medida, "se resolverán tanto el vacío legal en el que los institutos armados han venido participando en las labores de policía, como la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia".
Las críticas
El nuevo cuerpo, que será integrado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y operará bajo su mando, no fue bien recibido por académicos y especialistas en seguridad.
"Coincidimos en buena parte del diagnóstico, pero discrepamos en la Guardia Nacional porque subordina la autoridad civil al mando militar operativo", dijo en entrevista telefónica Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana.
Por su parte, el colectivo #FiscalíaQueSirva, conformado por decenas de organizaciones de la sociedad civil y académicos, señaló en un comunicado que "el involucramiento de las fuerzas militares en la seguridad pública legaliza la militarización del país y subordina a las instituciones civiles, que deben ser garantes de un sistema de justicia democrático, acentuando con ellos los altos niveles de violencia que sufre la sociedad mexicana".
La polémica no es gratuita, en vista de que uno de los argumentos planteados por la Suprema Corte para invalidar la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el saliente gobierno de Enrique Peña Nieto, fue que le otorgaba a las Fuerzas Armadas facultades extraordinarias en labores de seguridad pública.
Las cifras de la "guerra contra el narcotráfico"
El temor por las consecuencias que podría tener la militarización también tiene sustento en la realidad. Desde que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa declarara la "guerra contra el narcotráfico", en diciembre de 2006, que consistió en la salida de las Fuerzas Armadas a las calles y la erradicación de las drogas, más de 250.000 personas han sido asesinadas en el país.
Para algunos analistas como Alejandro Madrazo, investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), "la principal causa de la epidemia de homicidios es la política del gobierno [de] militarizar la seguridad, y la persecución de las drogas".
Para López Portillo, "no hay evidencia empírica y sistematizada que confirme que el despliegue militar reduce la violencia en México".
Violaciones de las Fuerzas Armadas
En el contexto de esa "guerra contra el narcotráfico", que llevó a las Fuerzas Armadas de México a realizar labores de seguridad pública, las violaciones a derechos humanos también aumentaron drásticamente.
Entre 2006 y 2017, la Secretaría de la Defensa Nacional recibió 10.917 quejas por violaciones a Derechos Humanos, además de 125 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mientras que la Secretaría de Marina recibió 2.802 quejas y 41 recomendaciones, reportó El Financiero.
Un análisis de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2016) reveló que 88 % de las personas en prisión declararon haber sido arrestadas por la Marina, mientras que 86 % de los reos encarcelados por Ejército afirmaron haber sufrido tortura o malos tratos.
Cambios constitucionales
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Seguridad Interior en su totalidad por "normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública", el partido de López Obrador, Morena, con mayoría en el Congreso, anunció el jueves 15 de noviembre que impulsarán las reformas necesarias en el Congreso para que el presidente electo aplique su plan de seguridad.
Para hacerlo, buscan modificar la Constitución para permitir que la nueva Guardia Nacional, bajo mando militar, opere en labores de seguridad pública, ya que el Artículo 21 de la Constitución establece que la seguridad pública es responsabilidad de las autoridades civiles y está a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios.
"En caso de que reformen la Constitución, esto entraría en contradicción con múltiples instrumentos internacionales firmados por México, pero también con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que han ordenado la desmilitarización de la seguridad en México", dijo López Portillo.
Cambio en el discurso
López Portillo reconoce que se sorprendió por el cambio en Andrés Manuel López Obrador, quien en campaña señaló que retiraría gradualmente al Ejército de las calles.
"Algo pasó que convenció a López Obrador de entregar la función policial a las Fuerzas Armadas", señaló López Portillo a RT.
Con todo y la propuesta de Guardia Nacional, López Portillo consideró positivo que haya un cambio en el modelo económico y social anunciado por el próximo gobierno, así como una reformulación de la política de drogas y medidas de justicia transicional anunciadas.
Pese a la ambigüedad de la propuesta, reconoce que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 contempla el desarme y el fin de las confrontaciones armadas mediante leyes especiales.
José Luis Beltrán