Gobierno de Trump tilda de "absurdo" el fallo del juez que prohibió el veto al asilo migrante
El Gobierno de Donald Trump respondió este martes al juez federal que prohibió que EE.UU. denegar el asilo a los migrantes centroamericanos que cruzan la frontera desde México.
A través de un comunicado de conjunto, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia estadounidense señalaron que la orden de restricción temporal del juez Jon Tigar, del Tribunal de San Francisco, es absurda porque consideran que faculta a organizaciones civiles para "obstaculizar" las acciones del gobierno federal.
"Es absurdo que una serie de agrupaciones defensoras de los derechos esté dispuesta a demandar para obstaculizar las acciones del gobierno federal y que así extranjeros sin papeles puedan recibir un beneficio del gobierno al cual no tienen derecho", se lee en el comunicado difundido por la agencia Reuters.
Un golpe a Trump
El pasado 9 de noviembre, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para impedir que los miles de migrantes centroamericanos que buscan llegar a EE.UU. puedan solicitar asilo.
De acuerdo con la legislación actual, la forma de ingreso no constituye una prohibición categórica para solicitar asilo. "Aquellos extranjeros que infringen una suspensión o limitación presidencial para ingresar a Estados Unidos a través de la frontera sur con México (...) serán ilegibles para el asilo", establece la orden ejecutiva.
@DHSgov reply: “It is absurd that a set of advocacy groups can be found to have standing to sue to stop the entire federal government from acting so that illegal aliens can receive a government benefit to which they are not entitled.” #BorderSecurity
— Kevin Corke (@kevincorke) 20 de noviembre de 2018
A raíz de la orden de la Administración de Trump, grupos defensores de derechos humanos como el Centro Legal para la Pobreza Sureña y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) se movilizaron contra el Gobierno con el argumento de que no puede imponer leyes migratorias que han sido prohibidas por el Congreso estadounidense.
No obstante, el Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional recalcó hoy continuará la batalla legal para defender "el ejercicio legítimo y razonado del Poder Ejecutivo de su autoridad para enfrentar la crisis en nuestra frontera sur".
Militares y reforzamiento en la frontera
Mientras cuatro caravanas compuestas por miles de migrantes centroamericanos, principalmente hondureños y salvadoreños, avanzan por territorio mexicano, el gobierno de Donald Trump ha respondido colocando militares en la frontera y reforzando con vallas de seguridad y alumbrado.
Este martes, durante un recorrido por la frontera entre San Diego (Estados Unidos) y Tijuana (México), la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, repitió que en caso de los migrantes ingresen a territorio estadounidense de manera ilegal serán arrestados, procesados y deportados.
Today I met with #SanDiego Mayor @Kevin_Faulconer to discuss security efforts along our southern border. Both @realDonaldTrump & @DHSgov are committed to the SD region’s security and keeping cross-border commerce moving as we address the migrant caravan. pic.twitter.com/CM0yP4H8KH
— Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) 21 de noviembre de 2018
Sobre la orden del juez Tigar, Nielsen advirtió que su gobierno apelará la decisión: "Seguiremos todas las leyes y resoluciones judiciales, pero también lo apelaremos lo más rápido posible. No tengo ninguna duda de que tendremos éxito".
Cifras del Instituto Nacional de Migración de México (INM) estiman que hay más de 5.600 migrantes centroamericanos en el estado fronterizo de Baja California.