La muerte de un militante social en Argentina desata sospechas por la actuación policial

Rodolfo Orellana está muerto. El obrero textil, militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y padre de cinco hijos tenía 36 años la última vez que se lo vio con vida. En ese momento, durante la madrugada del jueves 22 de noviembre, estaba participando junto a un grupo de vecinos en la ocupación de tierras estatales en el distrito de La Matanza, provincia de Buenos Aires (Argentina), y la Policía local también estuvo en la escena. 

Las versiones sobre su fallecimiento fueron cruzadas. Desde el movimiento social ya mencionado, señalan que los uniformados "fusilaron" al individuo, mientras que las autoridades del distrito gobernado por Cambiemos —la misma fuerza política del presidente Mauricio Macri— sostuvieron la hipótesis del presunto enfrentamiento interno entre agrupaciones que se habrían disputado el territorio. En efecto, basados en un informe médico, afirmaron que el hombre tenía "una herida punzo cortante en la cabeza". 

No obstante, desde las Organizaciones Libres del Pueblo (OLP), un movimiento que protagonizó la toma del terreno, desmintieron que se haya tratado de "una pelea entre bandas" y publicaron un breve comunicado donde expresaron que la Policía "deberá responder por sus crímenes". De esta forma, los relatos disonantes continuaron.

Para el jefe de los fiscales, Orellana recibió un disparo

Por su parte, el procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, también contradijo la primera versión oficial y afirmó que la víctima habría recibido un disparo por la espalda, basado en una "autopsia preliminar".

"Tiene un orificio de entrada en la zona del omóplato y otro de salida a la altura de la nariz", detalló a este medio. Sin embargo, "no se sabe de dónde provino el disparo", ni tampoco hay información sobre la bala que impactó contra Orellana, un dato clave para determinar desde qué arma se atacó al individuo y quién fue el autor. 

Conte Grand dirige el Ministerio Público de la provincia, eso significa que es la autoridad máxima entre los fiscales dentro del territorio. En el sistema judicial argentino, al igual que en muchos ordenamientos jurídicos occidentales, la tarea de los fiscales es impulsar acusaciones e investigaciones. En otros términos, ocupan un rol primordial en los juicios penales, aunque la última palabra siempre la tienen los jueces. Para el funcionario, "aún no hay una hipótesis definida" sobre el polémico deceso.

"Si hay un mal proceder policial, serán sancionados"

Tras estas declaraciones, el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, cambió la discursiva: "Si hay un mal proceder policial, serán sancionados, pero también hay que investigar el primer llamado al 911 que nos ingresa con una denuncia por balas, enfrentamientos y heridos", manifestó. Así, sigue sin descartarse la teoría del ataque entre civiles. Por lo pronto, deben aguardarse las pericias pertinentes para sacar conclusiones más precisas.

En efecto, el fiscal a cargo del caso, Jorge Yametti, avanza con sus indagaciones y ya les tomó declaraciones a los cuatro detenidos, apresados durante la jornada de tensión. Sobre ello, según informó ese mismo día la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), las personas privadas de su libertad están alojadas en la Comisaría Tercera de La Matanza, y sus nombres son: Mirian Calizaya, Hugo Vedia, Wilson Delgado y Alanes Coria. 

Además, este viernes diversas agrupaciones sociales se manifestaron frente al destacamento policial para exigir la liberación de los detenidos, acusados de usurpación.

La reacción en las redes

Asimismo, a las pocas horas de conocerse la noticia del deceso de Orellana, comenzó a circular un video donde se ve al militante sin reacción luego de resultar herido, en medio de la desesperación generalizada entre los presentes. Sin embargo, en esas imágenes públicas no se logra visualizar la agresión. Así, rápidamente el tema se convirtió en tendencia en Twitter y las acusaciones no tardaron en aparecer.

En efecto, la crispación entre periodistas se desató porque varios comunicadores sostuvieron hipótesis contrapuestas sobre la muerte. Así, mientras que algunos le atribuyen el caso al poder político, otros insisten en que se trata de una operación para desprestigiar al Gobierno provincial de María Eugenia Vidal, aliada de Macri. 

Además, algunos medios pequeños cuestionaron a las empresas de medios más masivas, acusándolas de silenciar durante varias horas la versión del balazo por la espalda.

En el ámbito de la política, dirigentes del kirchnerismo dieron por sentado que se trató de un asesinato en manos de las fuerzas de seguridad.

En sintonía, representantes de agrupaciones políticas de izquierda también repudiaron el suceso y le adjudicaron el posible crimen al Ejecutivo.

Con este panorama, son muchos los argentinos que ya sentenciaron a las fuerzas policiales como potenciales asesinas, aunque la investigación recién comienza. 

Leandro Lutzky