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Informe de la ONU: "Ser defensor de derechos humanos en Colombia es de alto riesgo"

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El relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, estuvo dos semanas en el país suramericano para constar la situación de los líderes sociales.
Informe de la ONU: "Ser defensor de derechos humanos en Colombia es de alto riesgo"

En Colombia, una amenaza a través de un mensaje de WhatsApp puede terminar en el asesinato o el desplazamiento de un defensor de los derechos humanos.

Así lo ha escrito en un su 'Declaración de fin de visita', Michel Forst, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, quien este miércoles culminó su recorrido de dos semanas por el país suramericano.

En una rueda de prensa del pasado lunes, Forst explicó que durante 10 días se reunió con más de 200 líderes sociales, afrocolombianos, movimiento de mujeres, campesinos, sindicalistas, grupos indígenas y juntas de acción comunal "para tener el alcance completo de los ataques en contra de los defensores". 

El relator estuvo en las ciudades de Cúcuta y Hacarí, ambas en departamento del Norte de Santander; Medellín y Apartadó, en Antioquia; Santa Marta, en el Magdalena; Riohacha, en La Guajira; Cali, en el Valle del Cauca; y Popayán, en el Cauca.

Sentir temor 

Forst explicó que en las reuniones sintió el temor los defensores de derechos humanos. "Me han horrorizado las versiones de los campesinos colombianos e indígenas sobre ataques que enfrentan sin poder decir el nombre de los victimarios".

Recordó que, aunque ha estado en otros países, esta visita, que es la cuarta que hace al país suramericano, "fue una de las experiencias más impactantes como relator especial". "Hemos encontrado un número tan alto de víctimas de ataques". Solamente durante su estadía fueron asesinados cuatro líderes sociales, afirmó.

El relator de la ONU citó las cifras de la Defensoría del Pueblo colombiana, que informó que desde 2016 hasta agosto de este año, habían matado a 343 luchadores sociales, por lo que "un defensor de los derechos humanos es asesinado cada tres días",y 35.000 han sido desplazados por la fuerza solamente de El Catumbo, en el Norte de Santander, donde hay una población de 200.000 habitantes.

El riesgo de ser defensor

"En Colombia, ser defensor de los derechos humanos, es una ocupación de alto riesgo", recoge el primer informe final del experto, quien manifiesta que, si bien la tasa de homicidios ha disminuido en 40%, tras los acuerdos de paz, se han incrementado los asesinatos de líderes sociales.

Según expone en el documento de 34 páginas, los defensores de los derechos humanos están sujetos a "amenazas, intimidación, desplazamiento y desaparición forzada". Los amedrentamientos pueden ser hechos a través de "panfletos, llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o de terceros".

Un total de 952 luchadores sociales han sido amenazados desde 2016, según datos del 'Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos en Colombia', citados por Forst.

Los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo, continúa el relator en su informe, registran altas tasas de homicidios, en las que se incluyen a los defensores de los derechos humanos. Estas regiones fueron las más afectadas por el conflicto armado interno y tras la desmovilización de la FARC-EP porque "el Estado no garantizó la protección de la población civil".

Según el relator, basándose en datos de ciudadanos, de la ONU y de la Defensoría del Pueblo, en estas regiones conviven diversos grupos armados "que luchan por el control del territorio y de las economías ilegales".

¿Quiénes son más vulnerables?

Los luchadores sociales más expuestos, según este informe final son:

  • Campesinos, indígenas y afrocolombianos.
  • Mujeres que promueven políticas derivadas de los acuerdos de paz, como el Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
  • Personas que exigen derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales.
  • Defensores de su territorio.

  • Luchadores ambientales y colectivos, que se oponen a la explotación de los recursos naturales por parte de transnacionales y mafias.

  • Excombatientes que abandonaron el proceso de reintegración.

Los victimarios

Los atacantes, escribe el relator en su texto, son generalmente desconocidos por las víctimas.  Los testimonios que recogió señalan a "miembros de grupos armados organizados, autoridades públicas y actores no estatales presentes en las zonas". 

Forst también alerta sobre un "nuevo patrón de criminalización o de montaje judicial" contra los líderes sociales, a quienes se les señala de pertenecer a grupos armados como el ELN. De igual manera, hace referencia a la campañas de difamación hechas incluso por funcionarios del Estado que los asocian con la oposición política o con el paramilitarismo.

El funcionario de la ONU advierte en la declaración escrita sobre "la falta de presencia integral del Estado" y "retrasos en la aplicación del acuerdo de paz", como catalizadores de la acción de grupos armados en regiones colombianas.

Conclusiones

En su primer informe, Forst concluye que los defensores de los derechos humanos en Colombia "no pueden desempeñar sus labores en un entorno seguro y propicio".

En sus recomendaciones al actual Gobierno, incluye priorizar la firma de acuerdos sobre derechos de campesinos a la tierra y elaborar y adoptar una política pública integral para prevenir violaciones de los derechos humanos de los defensores.

Durante su estadía en el país suramericano, Forst se reunió además con el presidente Iván Duque, con miembros de su gabinete y con cabezas de los poderes públicos.

En en encuentro con el mandatario, este le expresó que está comprometido en la protección de los líderes sociales.

Por su parte, Forst ha reiterado que no está en Colombia "para complacer al Gobierno sino para decir la verdad", y ha adelantando que volverá en los próximos meses para monitorear sus recomendaciones. El informe final se entregará en marzo de 2020.

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