Una denuncia por discriminación contra empleadas domésticas en un exclusivo barrio privado de Buenos Aires, en Argentina, expuso la resistencia de muchos de sus vecinos a compartir transporte con las trabajadoras residenciales, o a permitir el ingreso del transporte público a las inmediaciones de sus viviendas, algunas de las cuales están valuadas en más de un millón de dólares.
Nordelta es un complejo habitacional exclusivo ubicado en el partido de Tigre, a unos 40 kilómetros del centro de la Capital Federal. Su construcción comenzó hace 18 años en un enorme descampado, en una zona ribereña que se conecta por vía fluvial con el atractivo turístico del Delta del Tigre, e incluyó el desvío del Arroyo Las Tunas, provocando inundaciones en los barrios populares aledaños.
Hoy alberga en sus extensas 1.700 hectáreas a más de 35.000 habitantes, en gran mayoría de la clase acomodada bonaerense. Pero Tigre no es Nordelta. Buena parte de sus barrios son habitados por gente de clase baja o media, que a veces encuentran trabajo en algún domicilio de ese barrio privado.
El creador y titular de Nordelta es Eduardo Constantini, uno de los hombres más ricos de la Argentina, quien hace un mes se lamentó porque, a raíz de la crisis económica del país, muchos hombres poderosos como él dejaron de "ser billonarios".
Hasta hoy, la única empresa de transporte que opera en Nordelta se llama Mary Go, y ofrece dos tipos de servicio: un autobús que recorre los barrios privados de la zona, y otro que, además de ello, llega hasta la Capital Federal.
La mayoría de las empleadas domésticas vive en barrios muy cercanos, pero las distancias son largas en Nordelta, por lo que, una vez que se bajan del bus público, deben tomar el servicio privado para llegar a su destino laboral.
En los últimos meses, en horarios de mayor caudal de ingreso y egreso de empleadas domésticas a sus respectivos trabajos, la demanda de transporte superó a la oferta, porque la cantidad de buses que tiene la empresa a disposición no alcanza. La polémica se despertó a partir de la denuncia de varias trabajadoras que afirman que no se les permitió viajar en los vehículos de Mary Go por el hecho de que varios propietarios se quejaban de que las mujeres tienen "mal olor", o "hablan mucho".
En respuesta a ello, un grupo de empleadas se organizaron y realizaron un corte a modo de protesta en el ingreso a los 'countries', como se denomina en Argentina a estos barrios privados. Varios medios de ese país se hicieron eco de la noticia y lo describieron como un caso de 'apartheid' de clase, como tituló el diario local Página/12. Una vez que el caso tomó conocimiento público, algunas trabajadoras aseguran que recibieron amenazas por parte de sus patrones, por lo que temen perder sus empleos.
Discriminadas por "ser pobres"
Mariela —nombre ficticio utilizado para preservar su identidad—, es una vecina de Tigre que trabaja en el servicio doméstico en una casa de Nordelta. Consultada por RT, sostiene que las empleadas son discriminadas "por ser pobres", incluso cuando están trabajando. "A mí me dicen que no puedo usar la vajilla de los dueños 'por los microbios'. Sin embargo, cuando tengo que bañar a sus hijos no tienen problemas", relata.
"Siempre nos tomamos cualquier servicio para llegar a nuestras casas, el que va a Capital Federal y el que no. Durante los últimos dos meses nos hicieron bajar de los buses", denuncia. A Mariela la rechazaron dos veces de un micro que iba al centro de la ciudad bajo el argumento de que no podía "viajar parada". Sin embargo, si se toma el bus interno, el que usan la mayoría de sus compañeras, viaja de pie.
Los tiempos que marca la mujer coinciden con el surgimiento de un "rumor", iniciado por una compañera, que dijo haber presenciado una reunión de propietarios en la que se debatía si permitir o no viajar a sus empleadas en los buses de Mary Go. En esa reunión, la empleada habría escuchado los comentarios despectivos hacia las trabajadoras.
Desde que hicieron el corte, las empleadas comenzaron a organizarse y están "más fortalecidas", afirma Mariela, y agrega que ahora hablan más que antes durante los viajes.
"Esta situación despertó un elefante dormido. Ahora no nos va a parar nadie. Gracias a esto se viralizó también el trabajo no registrado en el servicio doméstico", indicó la mujer, que estima que "más de la mitad" está en esas condiciones, con bajos salarios y sin el cumplimiento de sus derechos laborales básicos.
"Nadie lo controla, y el sindicato [Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP)] tampoco movió un dedo. Muchas agrupaciones de izquierda nos están ayudando a hacer lo que no está haciendo el sindicato", reconoció.
Nicolás Pasqualini es el dueño de la empresa Mary Go. Tras recibir a este medio en sus oficinas, en las afueras de Nordelta, asevera que "no hay discriminación" en su transporte, y que no tiene problemas en brindar el servicio a cualquiera que lo necesite y lo pague.
"Lo que ocurre es que tenía un contrato con la Asociación Vecinal Nordelta —la firma que administra el consorcio— avalado por la Municipalidad, pero ese contrato se venció". Por esa razón, los buses disponibles son menos, y la demanda de transporte creció de la mano de la expansión urbanística de estos barrios privados. "Pero la Asociación Vecinal no quería pagar un nuevo contrato que, ante la necesidad de sumar más unidades, costaría más caro", explica Pasqualini.
El tiempo pasó, el contrato anterior perdió vigencia y la cantidad de empleadas que suben a los buses aumentó considerablemente. Por el incremento del número de usuarios, mucha gente comenzó a viajar parada. Eso hizo que el servicio —que tiene un costo para pasajeros frecuentes de 207 pesos argentinos (unos 5,5 dólares) por 9 viajes—, ya no fuera el mismo que al principio, cuando todos se trasladaban cómodamente sentados. En parte, eso es lo que, según las denuncias, molesta a algunos vecinos pudientes: tener que compartir espacio físico con gente pobre.
Transporte público en un barrio privado
Pero, ¿por qué no ingresa el transporte público a Nordelta? En parte fue el objetivo de sus creadores: construir un barrio privado, cercarlo y separarlo del resto de la población, poniendo en sus ingresos una fuerte custodia con dos anillos de seguridad que no permiten la entrada de nadie ajeno, salvo que tenga la autorización de un propietario, o que sea su empleado.
Por eso, la municipalidad de Tigre elevó una ordenanza al Concejo Deliberante para permitir el ingreso de la línea de colectivos 723, de la empresa UTENOR S.A., que ya dio el visto bueno a la decisión. Sin embargo, según informó el sitio Política Argentina, el proyecto no pudo ser tratado la semana pasada por la negativa de los concejales de Cambiemos, el partido político que lidera el presidente Mauricio Macri.
La iniciativa autoriza el acceso del transporte público a la avenida que circunda Nordelta, conocida como la "troncal", con el objetivo de que se pueda dar el servicio de transporte tanto a quienes viven como a quienes trabajan en ese complejo de barrios cerrados.
Nordelta está dividido por este tema. Según informó el diario local La Nación, algunos vecinos sostienen que el ingreso del transporte público a los barrios cerrados atenta contra la seguridad del lugar. Otros creen que es la forma más justa y efectiva para resolver el problema.
Este medio se comunicó con el intendente de Tigre, Julio Zamora, quien ya exhortó a los concejales del municipio a tratar el proyecto "lo antes posible".
"Algunos propietarios consideran que al momento de mudarse, las normativas de convivencia estipulaban que el traslado de pasajeros lo realizaría solo una empresa privada, con determinadas condiciones de seguridad para el ingreso y egreso de vecinos y visitantes. Y pretenden que se mantenga ese statu quo", explica Zamora.
"Pero las sociedades tienen que evolucionar. La troncal de Nordelta sin transporte público era para un momento incipiente, con pocas casas, con poco personal. Hoy la realidad es distinta. Yo quiero asegurarle a los vecinos de Nordelta, y a los de todo el distrito, que vamos a cuidar mucho el ingreso del transporte y que la seguridad es un valor que protegemos", aseguró.
Zamora fue consultado sobre la supuesta situación de discriminación que sufrieron las empleadas, y respondió que, efectivamente, el municipio "ha tomado conocimiento de algunas de las denuncias".
De hecho, hubo una presentación ante el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), por parte de la abogada de derechos humanos y legisladora del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman. La denuncia apunta a la Asociación Vecinal Nordelta, a Nordelta Sociedad Anónima, y a la empresa Mary Go.
El caso tuvo, además, una fuerte repercusión en las redes sociales. Y fue fuente de inspiración para Verónica Llinás, una popular actriz cómica argentina.
"Estigmatizan a los vecinos de Nordelta"
Hasta el momento, nadie a viva voz reconoció haber cometido discriminación hacia las empleadas domésticas, por lo que tampoco hubo un pedido de disculpas al respecto.
Sí hubo, desde la administración del barrio privado, una suerte de 'contradenuncia' que sostiene que existe una "estigmatización" hacia los vecinos de la zona.
Diego Moresco, Director Ejecutivo de Nordelta, le hizo llegar un comunicado de respuesta a este medio. "Tanto desde Nordelta S.A., como desde la Asociación Vecinal Nordelta repudiamos la situación. Es un absurdo el concepto de que propietarios y empleados no viajen juntos, esa declaración no representa a los vecinos de la ciudad", dijo.
Y contrarrestó: "El desconocimiento que existe sobre los habitantes de Nordelta genera una estigmatización y prejuicio incorrecto, caricaturizando a los vecinos de una ciudad que, por el contrario, es heterogénea y con diferentes realidades sociales y económicas".
El asunto de fondo, asegura Moresco, es el del transporte: "Nordelta no es un barrio cerrado, es una ciudad, viven más de 35.000 personas, otras miles entran a trabajar diariamente, tiene cinco colegios, y no hay transporte público como debería haber, obviamente para todas las personas y al mismo precio que el transporte fuera de Nordelta".
Sin embargo, la visión de Moresco contradice, en parte, la posición del Consejo Vecinal Nordelta, que emitió un comunicado a través de la revista Locally en el que, por un lado, coincide en que los habitantes son víctimas de una "estigmatización" y un "ataque mediático", pero que por otro rechaza la iniciativa de un transporte público en sus barrios e indica que "carece de todo sustento". Proponen, en cambio, una alternativa "superadora" dentro del ámbito privado.
El proyecto municipal se encamina ahora a su aprobación, aunque deberá sortear la resistencia de parte de los vecinos de Nordelta, quienes aseguran que el ingreso del transporte público conllevará al "aumento" de la delincuencia en sus barrios privados.
Emmanuel Gentile
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