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El Tribunal Supremo de España decide quién juzga a los políticos catalanes: ¿Qué se argumenta?

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Las defensas de los 18 encausados alegan que los hechos sucedieron en Cataluña y que se vulnera el derecho de sus defendidos a una segunda instancia.

En la sesión de este martes, el Tribunal Supremo de España decidirá si es competente para juzgar a los 18 líderes políticos y sociales catalanes implicados en el referéndum de autodeterminación ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017. Están acusados de los delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos.

En esta vista el Tribunal deberá solventar todas las cuestiones previas formuladas por las defensas, que argumentan que puesto que los hechos sucedieron en Cataluña, es el Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad (TSJC) quien es competente para juzgar a los encausados. Las acusaciones, por su parte, rechazan esta petición. Así, el Tribunal Supremo deberá decidir si acepta o no las alegaciones de las defensas y el proceso judicial continúa con la vista oral –que se celebrará en enero– en su seno o se traslada a Barcelona.

Según el portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, lo más probable es que el Supremo "mantenga su competencia" y sea el propio Tribunal quien celebre el juicio. "El Tribunal catalán está más en contacto con la realidad de Cataluña y conoce mejor los problemas que ocurren", opina.

La expectación generada por este proceso ha hecho que tan solo para esta sesión se encuentren acreditados 70 medios y 226 periodistas.

¿Quiénes están presentes?

Además del Tribunal, que está formado por seis hombres y una mujer, estarán presentes las acusaciones, que están integradas por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por el partido político de extrema derecha Vox.

Los acusados no estarán presentes en esta vista, aunque sí lo estarán las defensas de los 18 procesados, de los que nueve se encuentran en prisión provisional. Cuatro de ellos están en la cárcel de LLedoners (Barcelona) e iniciaron una huelga de hambre el pasado 2 de diciembre: el expresidente de la organización civil Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull.

Diferentes peticiones de penas

Quien se enfrenta a una mayor petición de pena por parte de la Fiscalía es Oriol Junqueras, para quien se pide 25 años de cárcel. Además, el Ministerio Público también solicita 16 años para los cinco exconsejeros presos y 17 para la expresidenta del Parlamento catalán y para los líderes de ANC y Òmnium Cultural.

Por su parte, la Abogacía del Estado no aprecia el delito de rebelión, que sí califica la Fiscalía, y acusa a los políticos catalanes del delito de sedición, que rebaja a la mitad las penas.

Por último, Vox –al igual que la Fiscalía– acusa a los 18 encausados de rebelión y reclama condenas aún más elevadas, que llegan a los 74 años en el caso de Oriol Junqueras.

La polémica previa

Esta sesión se celebra después de rechazarse la recusación del magistrado Manuel Marchena, que es el presidente de la Sala.

Marchena fue propuesto como candidato a la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que en España gobierna al Poder Judicial y es encargado de los nombramientos más importantes de la cúpula de los togados.

Tras el escándalo generado por la filtración de un mensaje del senador del Partido Popular (PP) Ignacio Cosidó en el que presumía que con su nombramiento el PP controlaría "por detrás" la Sala Segunda, que juzga a políticos aforados, Marchena anunció su renuncia a esa candidatura.

Quejas de las defensas

Las defensas han expuesto una por una todos los argumentos por los que consideran que la competencia para celebrar este juicio no recae en el Tribunal Supremo de España.

Uno de los argumentos esgrimidos por la defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva, por ejemplo, es que "se vulnera el derecho al juez determinado por la ley, a la igualdad ante la ley y a la doble instancia penal".

La crítica sobre la falta de segunda instancia, al asumir directamente el Tribunal Supremo la causa, ha sido reiterada por el resto de los letrados. Por el contrario, si el juicio se llevara a cabo en el TSJC, las partes disconformes con la sentencia aún podrían recurrir precisamente al Supremo.

También han abordado que se vulnera el derecho a que el juicio se celebre en lengua catalana. Aunque se contará con intérpretes para aquellos acusados que opten por declarar en catalán, las defensas han afirmado que se pierde la literalidad de las declaraciones. Además de que numerosos documentos remitidos por las fuerzas de seguridad catalanas se hallan también en ese idioma.

Otro de los ejes en el que se ha centrado el discurso de la mayoría de las defensas se basa en que no ha habido elementos del tipo delictivo en el exterior, según se argumentó para llevar este proceso al Supremo. De esta manera, han alegado que todos los hechos enjuiciados han tenido lugar en Cataluña.

A este respecto, se ha afirmado que el Tribunal estaba confundiendo "los efectos del delito con los elementos del tipo penal", poniendo a tal efecto varios ejemplos, como que la puesta en marcha de una página web que tiene repercusión en el exterior del país no tiene relevancia para afirmar que se han cometido elementos del tipo delictivo en el extranjero.

¿A quién se está juzgando?

En este juicio se está juzgado a los principales líderes del denominado 'proceso' catalán, que culminó con el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia. En su mayoría son miembros del anterior Gobierno catalán, así como miembros de la Mesa del Parlamento catalán y líderes de organizaciones civiles a favor de la independencia.

Algunos de los procesados se encuentran en prisión preventiva, la mayoría desde hace más de un año, mientras que otros se encuentran en libertad a la espera de juicio.

Encarcelados:

  • Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña.
  • Jurdi Turull, exportavoz y exconsejero de la Presidencia.
  • Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores y Relaciones Internacionales.
  • Joaquim Forn, exconsejero de Interior.
  • Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo y Asuntos Sociales.
  • Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad.
  • Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento catalán.
  • Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
  • Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural.

En libertad:

  • Santi Vila, excosejero de Empresa y Conocimiento.
  • Meritxel Borràs, exconsejera de Gobernación.
  • Carles Mundó, consejero de Justicia.
  • Lluís Corominas, presidente del Grupo Parlamentario de Junts pel Sí.
  • Lluís Guinó, vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento catalán.
  • Anna Simó, secretaria primera de la Mesa del Parlamento catalán.
  • Ramona Barrufet, secretaria cuarta de la Mesa del Parlamento catalán.
  • Joan Josep Nuet i Pujals, secretario tercero de la Mesa del Parlamento catalán.
  • Mireia Boya, exportavoz de la CUP.

Aunque no se encuentran incluidos en esta causa judicial hay otras personas importantes en los procesos judiciales que se siguen por este motivo. Unos son los políticos catalanes que salieron del país para evitar la acción de la justicia. Durante un tiempo pesó sobre ellos una orden europea de búsqueda y captura, que finalmente fue retirada por el juez instructor.

Por otro lado, una serie de cargos relacionados con los Mossos d'Escuadra, la policía regional catalana, están actualmente siendo investigados en una causa separada con motivo de la actuación de este cuerpo de seguridad en torno al 'proceso' catalán.

Huidos:

  • Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña.
  • Clara Posantí, exconsejera de Educación.
  • Antoni Comín, exconsejero de Salud.
  • Lluís Puig i Gordi, exconsejero de Cultura.
  • Meritxel Serret, exconsejera de Agricultura, Pesca y Ganadería.
  • Marta Rovira, portavoz del Grupo Parlamentario Junts pel Sí.
  • Anna Gabriel, presidenta del Grupo Parlamentario de la CUP.

Investigados:

  • Josep Lluís Trapero, exmayor de los Mossos d'Escuadra.
  • Teresa Laplana, intendente de los Mossos d'Escuadra.
  • Cesar Puig, exsecretario general de la Consejería de Interior.
  • Pere Soler, exdirector de los Mossos d'Escuadra.

Nuria López

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