Entre la militarización y la justicia transicional: ¿La nueva encrucijada de López Obrador?

A cincuenta y ocho días de su llegada a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador está en un momento crucial para implementar una agenda de justicia transicional en el país, tal como prometió en campaña, aunque en este tiempo ha enviado señales que parecen echar abajo esa promesa.

Con 274.389 asesinatos en los últimos doce años, 40.180 personas desaparecidas y 329.917 personas desplazadas como consecuencia de la violencia, la justicia transicional se planteó como una ruta posible para combatir la impunidad en el país.

Conformada por un conjunto de herramientas que sirven en contextos de violencia a gran escala, como el caso mexicano, la justicia transicional está fundamentada en cuatro pilares: verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición. 

En plena campaña presidencial, durante el 'Diálogo por la Paz y la Justicia' al que convocaron organizaciones de derechos humanos, López Obrador se comprometió con la creación de una Comisión de la Verdad, destacando que daría "todas las facilidades del Gobierno" para que se investigue sin ninguna restricción.

Cuestionado sobre la posibilidad de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, otro de los mecanismos usados en la justicia transicional, el entonces candidato presidencial de Morena dijo: "Estoy totalmente de acuerdo, abierto a que organizaciones internacionales que trabajan para evitar la impunidad puedan intervenir en nuestro país".

El papel de las Fuerzas Armadas

Hoy el panorama es muy distinto y la política de seguridad del Gobierno mexicano parece ir en sentido contrario de los países que adoptan este modelo de justicia como salida al conflicto, de acuerdo con especialistas.  

El Gobierno federal, con mayoría en las ambas Cámaras, ha avanzado en la propuesta de crear una Guardia Nacional conformada por elementos de las Fuerzas Armadas, bajo la formación y capacitación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una iniciativa que fue criticada por académicos y defensores de derechos humanos, al considerar que reforzará la estrategia de militarización en el país y alejará a las instituciones civiles de las labores de seguridad pública. 

"En contexto de países que están en transición de conflicto, usualmente se busca la desmilitarización de la seguridad pública y que queden bajo un mando civil. Nos estamos yendo en sentido contrario con la Guardia Nacional", dice Daniela Malpica Neri, directora de Justicia, Reconciliación y Derechos Humanos (JUSRED). 

Entre 2006 y 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 10.917 quejaspor violaciones a derechos humanos por parte de la Sedena y emitió 125 recomendaciones a esta institución.  

Para algunos especialistas, la vinculación cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en la vida pública despierta también dudas sobre si los crímenes cometidos por éstas serán finalmente investigados.

"No veo a un presidente encomendándole a las Fuerzas Armadas las tareas de seguridad y al mismo tiempo creando un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad que probablemente le quite a un importante segmento de las Fuerzas Armadas, porque están involucrados en delitos", dice en entrevista José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Guevara explica que hay una deuda histórica con las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, desde casos de tortura al momento de la detención hasta desaparición forzada.

"No sabemos cuántos militares de la 'guerra sucia' que cometieron esas atrocidades están ahorita vivos y siguen en las filas de las Fuerzas Armadas; desconocemos cuántos de los militares cometieron atrocidades en la guerra contrainsurgente zapatista y la guerra sucia contrainsurgente en Oaxaca y Guerrero (suroeste de México) en los años 90", dice.

Malpica Neri coincide en que pese a las reiteradas recomendaciones que ha emitido la CNDH en contra de militares, son pocas las sentencias por tortura, desaparición, ejecuciones.  

"No hay rendición de cuentas por todos estos delitos", dice Malpica Neri en entrevista con RT. 

En un hecho sin precedentes y que abona a la transparencia, López Obrador se comprometió el miércoles a "abrir los archivos secretos" del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hoy llamado Centro Nacional de Inteligencia, una instancia acusada de espiar a políticos y opositores del Gobierno durante décadas.

Propuesta ciudadana de justicia

El pasado miércoles, varias organizaciones de la sociedad civil presentaron un documento con propuestas para la construcción de una política sobre verdad, justicia y reparación a la víctimas de la violencia y de las violaciones a derechos humanos.

La propuesta contempla la creación de las siguientes instancias:

• Un Mecanismo Internacional para Combatir la Impunidad.

• Una Comisión Nacional de la Verdad.

• Una política de reparación a víctimas.

• Un sistema de participación de víctimas para ayudar en la construcción, diseño e implementación de esta política.

A diferencia de otros países como Guatemala, Chile, Perú y Argentina, México no viene de una guerra civil o una dictadura militar, pero vive una violencia generalizada. 

Como explica el académico Guillermo Trejo en un análisis reciente, "ponerle fin a la larga noche de violencia en la que México está atrapado (...) requiere de medidas extraordinarias".

Malpica Neri coincide que ante la gravedad del contexto mexicano, ya no hay manera de responder a las víctimas de crímenes o violaciones a derechos humanos como tendría que hacerlo un verdadero Estado de derecho.

Daniela Malpica, directora de Justicia, Reconciliación y Derechos Humanos (JUSRED).

Mecanismo Internacional

La propuesta de crear un Mecanismo Internacional contra la Impunidad (MICIM) con una duración de nueve años, bajo el encargo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tendría el mandato de investigar y, en su caso, ejercer la acción penal, por delitos que atenten contra la vida, la libertad y la integridad personal, siempre que hayan sido cometido de forma masiva, sistemática o generalizada.

Ante los intereses partidistas y las "obstrucciones políticas que actualmente socavan el sistema de justicia penal mexicano", el Mecanismo podría contribuir a la lucha contra la impunidad, al fortalecimiento de las instituciones y al "desmantelamiento de redes de criminalidad", se lee en el documento.

José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

El director de la CMDPDH apunta que una investigación autónoma permitiría conocer la cadena de responsabilidad de funcionarios de Gobierno, legisladores, empresarios locales e internacionales que están involucrados en delitos para favorecer "el acceso a territorio, negocios y fracking (extracción de gas y petróleo)", así como tráfico de personas, trata o explotación.

Punto final

Las organizaciones que participaron en la propuesta esperan que en el primer semestre de 2019, López Obrador anuncie la creación del Mecanismo junto con Naciones Unidas.

Cuestionado sobre la posibilidad de que esto suceda ante el anuncio del mandatario de poner punto final en los casos de corrupción de los Gobiernos anteriores, Guevara refiere que mucha gente confió en que López Obrador "haría justicia para las víctimas de las desapariciones, de las torturas y de las ejecuciones extrajudiciales".

En un giro importante respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el Gobierno de López Obrador instaló una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

Malpica Neri explica que en realidad es una Comisión de Investigación, no es una Comisión de la Verdad. "Si bien busca romper ciclos de impunidad, no es algo que vaya a tener resultados en un nivel estructural", apunta.

Para Guevara, la instalación de esta Comisión de la Verdad es "positiva para las familias de los 43, pero no para los 40.000 desaparecidos, que siguen desamparados y no cuentan con un mecanismo de acceso a la justicia, de acceso a la verdad".

El viernes 25 de enero, durante una conferencia de prensa, López Obrador reconoció la deuda que tienen con "millones" de víctimas y sus familiares.

"El compromiso de hacer justicia, de lograr encontrar a los desaparecidos, ayudar a sus familiares en esa búsqueda", dijo Obrador al mencionar un "plan general" que dará a conocer próximamente la Secretaría de Gobernación.  

¿Ahora o nunca?

Mientras la Secretaría de Gobernación se reúne con familiares de víctimas de desaparición forzada y hace lo necesario para "llegar a la verdad" en el caso Ayotzinapa, algunas organizaciones de la sociedad civil le han pedido al presidente de México que implemente medidas de justicia transicional en todo el país, en un momento en el que cuenta con un amplio respaldo popular.

"Si lo empiezan a hacer a mitad del sexenio es muy probable que esté destinado al fracaso, porque (el Gobierno) ya no va a tener la fuerza con la que actualmente está iniciando", estima Guevara.  

Para Malpica Neri, el "ahora o nunca" es colectivo. "El Gobierno va a responder siempre y cuando sea una exigencia de la sociedad que tomemos estas medidas", concluye. 

José Beltrán

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