Jalisco, el estado mexicano donde es más fácil incinerar un cuerpo que identificarlo

Desde el año 2006, en el estado de Jalisco, al oeste de México, han sido incinerados 1.581 cuerpos de personas fallecidas, sin haber sido identificadas.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ha sido el responsable de ello, con la autorización de al menos seis autoridades y dependencias estatales: la Fiscalía General del estado de Jalisco, el Registro Civil, la Secretaría de Salud, el Ayuntamiento de Guadalajara, la Secretaría General de Gobierno y el gobernador de la entidad, según da cuenta un informe del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), el cual, además, califica las incineraciones como otra forma de desaparición forzada.

"Esta incineración de cuerpos puede ser considerada otra forma de desaparición forzada (...)  A las personas que fueron cremadas se les quitó el derecho a la identidad, sin reconocer su estatus legal de muerte de manera adecuada y sin poder tener una sepultura digna y personalizada", señala el documento.

De acuerdo con la investigación del Cepad, los cadáveres convertidos en cenizas tuvieron tres posibles destinos, sin que haya claridad en el criterio aplicado para así determinarlo.

Una parte ha sido resguardada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, mientras que otros restos fueron enviados a dos panteones.

"Conforme a otras respuestas del IJCF a las solicitudes de acceso a la información presentadas por el Cepad, los cuerpos incinerados fueron depositados en dos panteones: el panteón Jardín y en el panteón Belén, indicando que en el 2011 concluyó la práctica de resguardar los cuerpos incinerados en el panteón Jardín y comenzaron a ser almacenados en el panteón Belén", precisa el informe.

Las cenizas de un tercer grupo fueron entregadas a personas indeterminadas, sin que se tenga certeza de que realmente eran familiares, pues no se les realizaron pruebas genéticas que pudieran confirmar su identidad, apunta el documento.

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Con base en datos del IJCF, del 1 de enero de 2006 al 31 de octubre de 2018 se entregaron las cenizas de 140 cuerpos a  supuestos familiares.

"La mayoría de los cuerpos incinerados nunca se encontrarán en ninguna base de datos genéticos", destacó Anna Karolina, coordinadora del área de incidencia de Cepad, en la presentación de la investigación.

Asimismo, destacó que solamente se tomaron muestras genéticas a 803 cadáveres.

El manejo de cuerpos sin identificar revela, al decir de la organización, "una profunda crisis forense" en el estado de Jalisco, la cual tuvo visibilización mundial cuando el 15 de septiembre de 2018 fueron hallados 157 cadáveres no identificados en un contenedor refrigerado que deambulaba por todo el estado en un tráiler.

El escándalo ocasionó el despido del entonces director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero, quien reveló la existencia de un segundo camión cargado con restos de personas fallecidas.

Según detalló el exfuncionario, en total se trataba de unos  300  cadáveres que debieron ser depositados en esas 'morgues móviles', pues el instituto no tenía capacidad para acogerlos.

"La crisis forense no comenzó apenas el año pasado y el tema de los tráilers constituye tan solo una de las graves consecuencias de las omisiones, negligencias y violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años por las autoridades estatales", refiere la Cepad en el informe.

Por ello, la organización solicita la intervención del representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, a fin de activar los mecanismos de protección de derechos humanos establecido por las Naciones Unidas.