La jueza brasileña Gabriela Hardt condenó al expresidente Lula da Silva a 12 años y 11 meses de prisión por delitos de corrupción. La magistrada es la reemplazante de Sergio Moro, actual ministro de Justicia del país, en la megacausa conocida como Lava Jato.
En este caso la investigación giró en torno al pago de sobornos para la reforma de una casa de fin de semana en Atibaia, San Pablo, que fue financiada por las constructoras OAS, Odebrecht y Schahin. La Justicia sostiene que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) recibió un millón de reales (270.000 dólares) por las reformas del inmueble.
No obstante, al igual que en la anterior condena que lo mantiene preso desde abril de 2018, Lula no es dueño de la propiedad. En este caso, como reseña Estadao, el titular de la vivienda es Fernando Bittar, hijo de un amigo de Lula y exalcalde de Campinas, Jacó Bittar.
Otras condenas
Hardt también encontró culpables a los empresarios José Adelmário Pinheiro Neto y Léo Pinheiro, que recibieron la pena de un año, 7 meses y 15 días de prisión. Por su parte, el ganadero José Carlos Bumlai fue sentenciado a 3 años y 9 meses, el abogado Roberto Teixeira a 2 años y Fernando Bittar a 3 años de reclusión al igual que el empresario Paulo Gordillo.
Entre quienes se acogieron a la figura de "delación premiada" (es decir, que confesaron ser parte del delito a cambio de penas más bajas) figuran Marcelo Odebrecht, condenado a 5 años y 4 meses, Emilio Odebrecht a 3 años y 3 meses, Alexandrino Alencar a 4 años, Carlos Armando Guedes Paschoal a 2 años y el ingeniero Emyr Diniz Costa Junior a 3 años.
Rogério Aurelio Pimentel, capataz de las obras de reforma de la casa, resultó absuelto.
En sus comentarios a RT, el economista Julio Gambina sostuvo que este proceso pudo beneficiar a Bolsonaro cuando era candidato a la presidencia.
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