El Gobierno de España ordena la exhumación de Franco

Una vez concluido el trámite administrativo necesario, el Consejo de Ministros del Gobierno de España ha acordado este viernes, en reunión ordinaria, dar la orden de sacar el cuerpo de Francisco Franco de su actual emplazamiento en el Valle de los Caídos. Así lo acaba de anunciar la ministra española de Justicia, Dolores Delgado, que se ha referido a esta medida como el cumplimiento de una "responsabilidad histórica" asumida por el gabinete al que pertenece. 

El Ejecutivo de Pedro Sánchez procede así en contra de los deseos y alegaciones de los familiares del dictador, que disponen ahora de 15 días para escoger un lugar en el que depositar los restos mortales. En todo caso, ese lugar debe cumplir con "los requisitos que permitan garantizar el orden público y la seguridad ciudadana", tal como ha indicado recientemente el Ejecutivo, lo cual excluye la Catedral de la Almudena, situada en el centro de Madrid, donde la familia tiene dos tumbas disponibles.

La orden de este viernes llega, tal como ha recordado Delgado en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial, 6 meses después de que el Congreso aprobase el decreto ley que la ampara jurídicamente, a través de una modificación de la Ley de Memoria Histórica.

Una decisión precedida por la polémica

Desde que el Gobierno expresara su intención de acometer el traslado de los restos, la polémica al respecto ha formado parte de la actualidad social y política de España, y las reacciones se han ido sucediendo a lo largo de los meses.

Una de las más significativas fue la aparición, en julio del año pasado, de una campaña anónima en las calles de España y en las redes sociales, que incluía carteles con fotografías de Franco y la imagen de la cruz del Valle de los Caídos, todo ello junto al lema 'El Valle no se toca'.

Dos semanas más tarde, alrededor de un millar de personas de ideología franquista se manifestaban en el propio Valle de los Caídos en señal de protesta por el anuncio del Gobierno de proceder a la exhumación de los restos del dictador. La convocatoria había sido realizada por un grupo de ultraderecha que propuso "una peregrinación nacional patriótico-religiosa" para impedir "el expolio que los rojos pretenden perpetrar".

Pese a todo, el presidente Sánchez insistía poco después, el 17 de julio, en sede parlamentaria, en señalar que "ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura" y confirmó la determinación de su Ejecutivo en "proceder a la exhumación de los restos" del dictador.

Al día siguiente de estas declaraciones se hizo público el rechazo expreso de varios familiares de Franco a esta medida, que llegaron a amenazar al Ejecutivo de Sánchez con presentar una denuncia por "profanación de tumbas".

Problemas con los familiares y con el destino del cadáver

Sin duda uno de los principales obstáculos que el Gobierno ha tenido que afrontar para legalizar la exhumación ha sido la firme oposición de los nietos del dictador. Inmediatamente después de la firma del decreto que autorizaba el traslado del cuerpo, la primera decisión que hicieron pública fue que su abuelo fuese enterrado en el panteón que los Franco poseen en la cripta de la Catedral de la Almudena, junto al Palacio Real de Madrid y en pleno corazón de la capital del país. Además, querían que su sepelio fuese acompañado de honores militares.

Sin embargo, el Gobierno alegó que enterrar los restos de Franco en La Almudena no era aconsejable por motivos de "orden público y seguridad", tal como hizo constar en un informe el delegado del Ejecutivo en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes.

El documento, de 12 páginas, concluía que la presencia de los restos del dictador en la catedral podría generar "desórdenes públicos" y, por lo tanto, "una limitación significativa de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución", al tiempo que "ofendería a las víctimas" del dictador y "a muchos sectores sociales y políticos". 

No obstante, esta misma semana, la Fundación nacional Francisco Franco, se erigió en portavoz de los familiares del dictador y ha insistido, a través de un comunicado, en que la única opción para la reinhumación es precisamente "la cripta de la catedral de Madrid", lugar en el que "la familia tiene unas sepulturas de su propiedad".

El comunicado advierte asimismo que el acuerdo gubernamental de este viernes es "ilegal", tanto "por el contenido (al vulnerar el régimen jurídico aplicable al Valle de los Caídos)" como "por infringir el propio procedimiento y el compromiso que el gobierno de Pedro Sánchez acordó: que la resolución final de exhumación indicaría dónde se reinhumarían los restos cadavéricos". 

La fundación advierte también de su intención de recurrir a "todos los medios legales que proporciona el ordenamiento jurídico" para evitar que se lleve a cabo el traslado de los restos, que consideran un "atentado al estado de derecho y a la verdad histórica".

La huella histórica del franquismo en el Valle de los Caídos

Franco fue enterrado en el Valle de los Caídos el 23 de noviembre de 1975. Desde entonces, se ha convertido en un lugar de peregrinación para franquistas y ha recibido turistas con frecuencia.

El monumento fue concebido por el propio Franco como un lugar conmemorativo para honrar a los caídos en la Guerra Civil española (1936-1939), y no hay consenso sobre si el dictador tenía realmente intención de utilizarlo como mausoleo para ser enterrado en él.

El Valle de los Caídos: la dolorosa cicatriz de una herida aún reciente

El recinto, que cuenta con una enorme cruz de 150 metros de alto, una Basílica excavada en la roca al pie de la cruz y una hospedería monástica con 150 habitaciones que hoy se encuentran a disposición de los turistas, se terminó de construir en 1959 y se estima que, entre ese año y 1983, más de 30.000 cuerpos fueron trasladados allí y depositados en sus criptas, desde diversos puntos de España. Por eso el Valle de los Caídos se considera también la mayor fosa común de España.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acometido la exhumación de los restos de Franco en virtud de una reforma de la Ley de Memoria Histórica, que fue promulgada en 2007 por el Ejecutivo también socialista de Jose Luis Rodríguez Zapatero, aunque fue derogada 'de facto' en las legislaturas siguientes por el gobierno del Partido Popular: bajo el mandato de Mariano Rajoy no se asignó ninguna partida presupuestaria para su aplicación efectiva.

En mayo de 2017, no obstante, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley, presentada también por el PSOE, que pedía al Gobierno la exhumación de los restos de Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos, entre otras medidas. El texto recibió el apoyo de Ciudadanos y Podemos, mientras que el Partido Popular se abstuvo.