El Gobierno argentino busca bajar la edad de imputabilidad a los 15 años

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad lleva varios años en Argentina, sin embargo, principalmente por la resistencia del movimiento de derechos humanos, nunca pudo avanzar. Actualmente, por un decreto de 1980 de la última dictadura, existe un Régimen Penal de la Minoridad, que establece que el límite inferior para que una persona sea juzgada son los 16 años.

Ahora, el Gobierno de Mauricio Macri pretende bajar ese tope a los 15 años modificando una serie de aspectos de la normativa vigente. Por debajo de esa edad quedaría prohibida la privación de la libertad de cualquier niño, niña o adolescente.

El régimen actual y las estadísticas de delito juvenil

Actualmente, adolescentes de entre 16 y 18 años tienen un tratamiento especial, diferente a quienes superan esa edad. Según la ley solo pueden ser castigados (son punibles) quienes cometan delitos cuya pena sea superior a los dos años. En esos casos, recién a partir de los 18 años pueden cumplir la condena en una cárcel, previamente son privados de su libertad en institutos especializados.

Sin embargo, para menores de 16 no hay ningún tipo de regulación o normativa que explicíte qué hacer ante la comisión de un delito. En ese caso, la legislación plantea que si "el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta", el juez puede disponer derivarlo a un "lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable".

Al respecto, el último relevamiento nacional realizado en Argentina se elaboró en 2015 por la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Allí se da cuenta que existían 7.200 personas menores de 18 años en conflicto con la ley de los cuales solo el 3,8 % tenían menos de 16.

Por su parte, el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires –la más poblada del país– dio cuenta en un documento que en 2017 se realizaron 26.000 denuncias por delitos cometidos por menores de 18 años. Ese mismo año, el mismo dato respecto a los adultos se elevó a 800.000, lo que significa que apenas el 3,2  % de las acusaciones fueron contra jovenes que no alcanzaron la mayoría de edad.

Finalmente cabe destacar que, siempre según la información oficial de esa provincia, los delitos cometidos por menores se redujeron un 26 % entre 2014 y 2017.

La propuesta de reforma

El nuevo proyecto presentado por el Gobierno argentino plantea en primer lugar bajar la edad mínima en la que una persona sea punible a los 15 años. No obstante, solo aplica para quienes cometan delitos cuyas penas máximas lleguen hasta los 15 años de prisión. Entre estos figuran el homicidio, la violación, el secuestro extorsivo o el robo con armas de fuego.

Asimismo se estipula que "la privación de la libertad procederá como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible". En caso de dictarse la prisión preventiva durante el proceso judicial, esta no podrá ser superior a un año.

Por otra parte, se prohíbe explícitamente en cualquier caso la privación de la libertad para quienes tengan hasta 14 años de edad, inclusive.

"El principal objetivo es sacar al joven del mundo del delito", declaró en rueda de prensa el ministro de Justicia, Germán Garavano. Junto a él, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, añadió que se trata de un proyecto "inteligente, bien pensado y muy humano, y que da respuestas a las víctimas".

Además, opinó que "el joven debe hacerse responsable, saber que hay límites, y que el hecho de cometer un delito no lo condena toda su vida a ser un delincuente, sino que le permite una salida".

Falta de debate y críticas

La iniciativa fue cuestionada desde distintos espacios, principalmente organizaciones y personalidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos. "Efectivamente se necesita una nueva ley, pero que debe ser ampliamente discutida y eso es realmente muy difícil en un año electoral", señaló a este medio la abogada Elizabeth Gómez Alcorta. Y recordó que esto resulta más importante "cuando el gobierno está haciendo eje en la seguridad como parte de su campaña".

En la misma línea, Florencia Gentile, socióloga y especialista en temas de niñez y juventud, dijo en comunicación telefónica que "la necesidad de reformar el régimen penal juvenil es una opinión compartida por los organismos de derechos humanos y especialistas en niñez, porque el régimen actual está fundado en una normativa de la dictadura".

"Argentina está atrasada en ese sentido, es un señalamiento que han hecho distintos organismos internacionales", añadió la especialista, pero aclaró que desde la Red Argentina No Baja (compuesta por organizaciones y especialistas de todo el país) rechazan este proyecto por carecer de una perspectiva integral en derechos humanos.

Los cuestionamientos también llegaron desde el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales. Maximiliano Benítez, defensor general de la provincia de Entre Ríos, dijo a Página/12 que "es cierto que hay que modificar la ley, pero no tiene asidero bajar la edad de punibilidad".

El funcionario recordó, además, que "en un informe del año pasado, el Comité [de Derechos del Niño de Naciones Unidas] le dice a Argentina que tiene que modificar su ley de responsabilidad penal juvenil", pero que esa modificación "no debe incluir la baja de la edad". "Estaríamos desoyendo las recomendaciones de ese organismo internacional", completó.

Desde la agupación Atrapamuros, dedicada a brindar talleres y asistencia a personas privadas de su libertad en distintos penales, así como garantizar mecanismos de reinserción social, también repudiaron el proyecto. Mediante un comunicado criticaron que se pretenda hacer penalmente responsables a las y los adolescentes. "Adolescentes que crecieron en la pobreza y la exclusión, que hoy está acentuada por las políticas neoliberales que atacan a la inseguridad con tiros por la espalda y represión", enfatizaron.

También analizaron que las instituciones de encierro no pueden "garantizar en lo más mínimo ningún tipo de tratamiento o herramienta" para los jovenes que, "apenas recuperen su libertad, volverán al círculo de exclusión y violencia que los encerró".

Florencia Gentile, socióloga especializada en temas de niñez y juventud

Gentile, que también es docente e investigadora de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS), subrayó además que el proyecto actual "no establece ningún tope máximo para la atribución de penas de prisión a los incluso hoy punibles de 16 y 17 años".

En ese sentido, si bien se prohíbe dictaminar cadenas perpetuas "no dice nada de una pena máxima, o sea que se les pueden aplicar las mismas penas que a los adultos". "Alguien podría atribuirle 50 años de prisión a un pibe porque es lo máximo permitido hoy para un adulto y eso está habilitado en la propuesta del Gobierno", agregó.

Una propuesta con perspectiva de Derechos Humanos

Desde la Red Argentina No Baja, se ha planteado la necesidad efectiva de reformar el actual Régimen Penal Juvenil. Aunque desde una perspectiva diferente a la que plantea el proyecto gubernamental.

"En el régimen actual de la Argentina no existen otro tipo de sanciones que no sean la privación de la libertad", detalló Gentile, y remarcó que "lo único" que los diferencia del régimen penal adulto es la proporcionalidad. Es decir, que las penas que se aplican son menores en términos de temporalidad.

Florencia Gentile, socióloga especializada en temas de niñez y juventud

Al respecto enfatizó que en los estándares internacionales de justicia juvenil desde una perspectiva de derechos humanos, "lo que se indica es que en el caso de adolescentes la privación de la libertad tiene que ser el último recurso y solamente cuando hayan fallado otro tipo de sanciones que deberían ser las primeras en utilizarse". Entre estas pueden estar la restitución del daño causado en caso de que sea posible, por ejemplo en un robo, o la realización de actividades para la comunidad, etc.

"Otra de las cosas que hay que transformar es prohibir las cadenas perpetuas para adolescentes. Eso está explícitamente prohibido en la normativa de derechos humanos internacional y en Argentina se han aplicado", puntualizó la investigadora.

Finalmente, en relación a aquellas personas que no son punibles (actualmente quienes tienen menos de 16 años), Gentile destacó que "el acuerdo mayoritario" entre los especialistas es que hay que "buscar formas de tratamiento pero dentro del sistema de protección integral de derechos y no dentro del sistema penal".

"El supuesto básico es que si un chico de 12 años está involucrado en un delito es que previamente ha tenido sus derechos vulnerados", señaló. Es por eso que la primera tarea del Estado es "reparar los derechos de ese niño antes que sancionarlo y castigarlo", concluyó.

Santiago Mayor

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