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El Gobierno español suspende la subvención a la orden religiosa que se niega a facilitar la exhumación de Franco

Publicado: 1 mar 2019 20:12 GMT

El motivo aducido es la falta de concreción de las cuentas remitidas a Patrimonio Nacional.

El Gobierno español suspende la subvención a la orden religiosa que se niega a facilitar la exhumación de Franco
Valle de los Caídos a las afueras de Madrid, España.
Ana Lázaro / www.globallookpress.com
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El Gobierno de España ha suspendido temporalmente la transferencia de la asignación de 340.000 euros que anualmente abona a los monjes benedictinos que custodian el Valle de los Caídos. Esta decisión llega en la recta final del proceso para trasladar los restos del dictador español Francisco Franco de ese complejo monumental que el Ejecutivo inició siguiendo un mandato del Congreso de los Diputados con la finalidad de que no se pueda seguir exaltando el régimen franquista.

Asimismo, coincide con la negativa del prior benedictino Santiago Cantera, que en su juventud fue candidato del partido fascista Falange, a facilitar el acceso a la basílica donde se encuentran los restos del dictador en un lugar preeminente frente al altar mayor.

El motivo que se aduce para la retención de ese importe es la opacidad de las cuentas de la Fundación del Valle, de la que son beneficiarios los benedictinos, que por primera vez desde que reciben la asignación del Estado (hace ya 62 años) tiene obligación de rendir cuentas y presentar un presupuesto completo.

La iniciativa del Gobierno, que ha afirmado que cuando se reciba un detalle de las cuentas y un presupuesto equilibrado se desbloqueará la subvención, ha sido entendida por muchos como una manera de coaccionar para lograr llevar a cabo la exhumación antes de las elecciones generales del 28 de abril.

Esta situación ha dado lugar a que hace unos días se divulgara en ámbitos franquistas el lanzamiento en las redes de un 'crowdfunding' para recaudar dinero para paliar la "dramática" situación de estos monjes. Aunque lo cierto es que ingresan alrededor de un millón de euros anuales por otros conceptos, como la explotación de la hospedería con que cuenta el complejo.

Esta nueva polémica sale a la luz justo después de que un juez haya paralizado cautelarmente la licencia urbanística para la exhumación de Franco. El magistrado que ha tomado la decisión, conocido por sus posturas ultraconservadoras y que ya se manifestó abiertamente en contra de la actual Ley de Memoria Histórica que impulsó el expresidente socialista José Luis Zapatero, se basa en un informe de arquitectos de la Fundación Franco para tomar esta decisión.

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