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La Guardia Civil acude el Parlamento catalán en busca de pruebas de malversación de fondos

Publicado: 6 mar 2019 12:42 GMT | Última actualización: 6 mar 2019 18:58 GMT

Los agentes han solicitado una factura presuntamente relacionada con la financiación del referéndum soberanista ilegal del 1 de octubre.

La Guardia Civil acude el Parlamento catalán en busca de pruebas de malversación de fondos
Exterior del Parlamento de Cataluña en Barcelona.
Julien Mattia / www.globallookpress.com
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Agentes de la Guardia Civil española han accedido este miércoles al Parlamento de Cataluña para requerir documentación que podría probar una presunta malversación de fondos públicos en la financiación del aparato organizativo del referéndum soberanista ilegal llevado a cabo del 1 de octubre de 2017.

Según ha detallado el diario El Confidencial, el documento solicitado es, en concreto, una factura que refleja el pago de 17.690,20 euros al 'Teatre Nacional de Catalunya', por el uso del espacio el día 4 de julio de 2017, para un acto en el que el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció las bases del referéndum que intentaría llevar a cabo meses después.

El exconsejero de Presidencia del Gobierno catalán, Jordi Turull, ha sido recientemente interpelado, en el marco del juicio al proceso independentista que tiene lugar actualmente en el Tribunal Supremo español, sobre este pago en concreto. En su respuesta se limitó a señalar que la factura corresponde a un "acto sufragado por el grupo parlamentario [Junts pel Sí]". Turull está acusado de los delitos de rebelión y sedición y se enfrenta a una pena de 16 años de cárcel.

En el 'Informe sobre la contabilidad específica de la subvención a los grupos parlamentarios', elaborado por el Parlamento catalán sobre el ejercicio de 2017, se detalla que esa factura forma parte de la "subvención a los grupos parlamentarios", por lo que el acto en el que se impulsó el referéndum soberanista se habría pagado con dinero público, incurriendo en una posible malversación.

Nueve de los doce acusados en el juicio contra el proceso independentista catalán son exmiembros del Ejecutivo regional bajo cuyo mandato se celebró el referéndum del 1 de octubre. Sobre todos ellos recae la acusación de malversación de fondos públicos. 

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