Lo que hay que saber sobre el juicio al proceso independentista de Cataluña

La Sala Segunda del Tribunal Supremo acogerá a partir de este martes 12 de febrero la celebración de uno de los juicios más trascendentes y mediáticos de la política española en los últimos años. Se trata del juicio a los líderes del proceso independentista catalán, que tiene lugar quince meses después de que la Fiscalía General del Estado procediera por primera vez contra los acusados en esta causa. 

Tras varios meses de incesantes polémicas y fractura social, con muchos de los acusados en prisión preventiva y otros huidos en el extranjero, y con una gran parte de la vida política del país afectada y condicionada por el conflicto catalán, el sistema judicial español hace frente por fin a este controvertido caso.

¿Qué se juzga?

El Tribunal Supremo juzga a partir de este martes los actos que desembocaron en el referéndum soberanista ilegal del 1 de octubre de 2017, y también la declaración unilateral de independencia que se llevó a cabo en el Parlamento de Cataluña el 27 de ese mismo mes. 

¿Quienes son los acusados? 

Los que se sentarán en el banquillo son 12 en total. Nueve de ellos se encuentran en prisión preventiva:

• Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña.
• Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento de Cataluña.
• Joaquim Forn, exconsejero de Interior.
• Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad.
• Jordi Turull, exconsejero de Presidencia.
• Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores.
• Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo.
• Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
• Jordi Cuixart, expresidente de la asociación Ómnium Cultural. 

Los otros tres acusados, que esperan el juicio en libertad bajo fianza:

• Carles Mundó, exconsejero de Justicia.
• Meritxell Borrás, exconsejera de Gobernación. 
• Carles Vila, exconsejero de Empresa y Conocimiento.

Además de los acusados que se presentarán en este juicio, hay otros siete que no se personaran porque se encuentran huidos de la justicia en el extranjero:

• Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat.
• Antoni Comín, exconsejero de Sanidad.
• Meritxell Serret, exconsejera de Agricultura. 
• Clara Ponsatí, exconsejera de Educación.
• Lluis Puig, exconsejero de Cultura.
• Marta Rovira, líder de Esquerra Republicana.
• Anna Gabriel, exdiputada de la CUP.

En el caso de Puigdemont, hay que destacar que un juez alemán descartó en julio de 2018 su extradición a España por el delito de rebelión –tal como exigía el Tribunal Supremo– y consideró "inadmisible" que estuviera imputado por esta causa. De esta manera, decidió entregarlo solamente por un presunto delito de malversación de fondos. El Supremo, por su parte, rechazó la extradición en esos términos.

¿De qué delitos se les acusa?

Todos líderes que están ahora encarcelados serán juzgados por rebelión y sedición. Algunos de ellos –los que formaban parte del Ejecutivo catalán en el momento de los hechos juzgados (Junqueras, Forn, Rull, Turull, Romeva y Bassa)– , además, enfrentan cargos por malversación de fondos.

Por su parte, los exconsejeros Mundó, Borrás y Vila están acusados exclusivamente de malversación de fondos y desobediencia.

¿A qué penas se enfrentan?

Al juicio concurren tres acusaciones diferentes: la Fiscalía del Estado, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por el partido ultraderechista VOX. 

Para los acusados de rebelión y sedición, la Fiscalía solicita penas de entre 16 y 25 años, siendo esta última, la más alta, para el exvicepresidente Oriol Junqueras. La Abogacía del Estado, por su parte, pide entre 8 y 12 años de cárcel para este grupo de acusados. Las penas reclamadas desde la acusación particular son notablemente más altas para todo ellos, y van desde los 62 hasta los 74 años.

Para los tres exconsejeros acusados de desobediencia y malversación la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden 7 años de prisión, y la acusación ejercida por VOX solicita 24.

¿En qué consisten estos delitos?

Está tipificado como rebelión el alzamiento público y violento con la finalidad de alterar o modificar el sistema constitucional. En este caso, esa modificación consistiría en la segregación de una parte del territorio español (Cataluña) que trataron de hacer efectiva los acusados. 

La sedición también es un alzamiento público y violento, y se diferencia de la rebelión en sus fines, en su objetivo: no se trata de modificar el sistema constitucional, sino de alterar la legislación o los mandatos de la autoridad. El artículo 544 del Código Penal español especifica que serán castigados por sedición "quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

Se considera malversación de fondos públicos todo uso del dinero público diferente del que tiene asignado por ley. En este caso, se acusa a los líderes independentistas (a todos los que formaban parte del Gobierno catalán) de utilizar caudales públicos para convocar y organizar un referéndum ilegal. 

El delito de desobediencia consiste en incumplir el mandato legítimo de una autoridad. En el caso de  los exconsejeros Mundó, Borrás y Vila, se incurrió en desobediencia al Tribunal Constitucional, cuando este se pronunció en contra de las leyes que estaban siendo aprobadas en el Parlamento de Cataluña para hacer posible el referéndum y la posterior declaración unilateral de independencia.  

¿Cuanto durará el juicio?

La vista, que da comienzo este martes 12 de febrero, se prolongará entre dos meses y medio y tres meses. Las sesiones se celebrarán de martes a jueves, de 10.00 a 18.00 horas.

La sentencia podría conocerse antes de agosto.

Otros aspectos de interés

• En el juicio intervendrán más de 500 testigos, entre los que destacan el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; el exministro de Hacienda Cristobal Montoro; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y el actual presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent.
• En la sala habrá plazas para unas 100 personas, que se repartirán proporcionalmente entre cargos institucionales, medios de comunicación, familiares y público en general.
• Habrá tres salas de prensa exteriores, equipadas con pantallas en las que se podrá seguir el desarrollo del juicio en directo. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, subrayó que "el juicio será televisado y por lo tanto tendrá toda la visibilidad y absolutamente todas las garantías propias de un Estado de derecho". 
• Los acusados presos serán trasladados desde las cárceles catalanas a las madrileñas. Los hombres permanecerán en el centro penitenciario de Soto de Real y las mujeres al de Alcalá de Henares. 

David Romero

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!