Brasil propone liberarse del suministro de energía de Venezuela (y el apagón podría justificar el proyecto)

El actual gobierno de Brasil anunció la pasada semana, 27 de febrero, la construcción de una línea de transmisión de energía eléctrica para abastecer el estado de Roraima con energía brasileña y garantizar así la independencia del suministro procedente de Venezuela.

La decisión fue tomada justo una semana antes de que la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela anunciase que la central generadora de El Guri, de la cual bebe Roraima, sufrió un sabotaje que produjo un apagón eléctrico en varios estados de Venezuela. Este incidente podría ser usado por el gobierno de Bolsonaro para justificar la urgencia de la obra, que fue anunciada justo un día antes del pistoletazo de salida de las vacaciones de carnaval.

Una vez concluido el periodo festivo brasileño más importante del año, el gobierno deberá colocar las manos en la masa para sortear los obstáculos legales que han impedido que este proyecto haya salido del papel desde que fue proyectado hace ocho años. Este tendido eléctrico, si bien sería estratégico tanto energética como diplomáticamente para Brasil, lleva años bloqueado porque implicaría atravesar la tierra indígena Waimiri Atroari de 2,58 millones de hectáreas que se extienden en la frontera entre el estado de Roraima y Amazonas.

El portavoz de la presidencia, Otávio do Rêgo Barros, anunció que la previsión es conseguir acelerar las licencias ambientales para poder comenzar a partir del 30 de junio de este año una obra que estiman que demoraría unos tres años.

Brasil todavía necesita la energía de Venezuela

Roraima se alimenta casi integralmente de energía eléctrica venezolana suministrada por la Corpoelec, corporación eléctrica estatal de Venezuela, desde 2001, momento en el que ambos países firmaron un contrato de suministro por 20 años. La electricidad, generada en la hidroeléctrica venezolana de El Guri, la cuarta mayor central hidroeléctrica del mundo, le cuesta al gobierno brasileño un precio considerablemente menor del que la región tendría que pagar si activase sus centrales termoeléctricas, disponibles solo para emergencias, de acuerdo con la Empresa de Investigación Energética de Brasil.

Por su lado, la Corpoelec alega impagos de su cliente, la distribuidora local de la Eletrobras, y está haciendo presión desde junio de 2018 para cobrar la deuda de 30 millones de dólares que le debe el Estado brasileño. Una situación que se ha visto obstaculizada por los embargos económicos decretados por el gobierno estadounidense sobre Venezuela.

El gobierno de Jair Bolsonaro considera que la crisis política del gobierno de Maduro, al que tilda de dictador, pone en tela de juicio el suministro energético de toda esta región amazónica. Con la finalización de la línea de Tucurí pretende independizarse del suministro venezolano y garantizar la llegada de energía producida por otras centrales brasileñas. El Ministerio de Minas y Energías de Brasil está buscando alternativas desde que Bolsonaro reconoció al autoproclamado Juan Guaidó como presidente interino del país vecino, al que además recibió oficialmente la semana pasada en Brasilia.

La Agencia Nacional de Energía (Aneel) dio el visto bueno al proyecto y anunció que abrirá una subasta en mayo para seleccionar una empresa encargada por el suministro en Roraima. Aneel estimó que en 2018 el estado vivió un récord de más de 80 apagones, la mayoría de los cuales achaca a problemas de transmisión de Venezuela. De acuerdo con la agencia, la falta de energía implicó la puesta en marcha de las termoeléctricas que generaron un coste de 138 millones de euros (155 millones de dólares).

La línea de transmisión proyectada atraviesa una comunidad indígena

Para viabilizar este suministro por medio del Sistema Interligado Nacional, Brasil ha retomado un antiguo proyecto de 715 km de tendido eléctrico para transportar energía entre Manaos, capital del estado de Amazonas, y Boa Vista, capital del estado de Roraima, tramo final de la proyectada línea de Tucuruí. La obra no ha conseguido la licencia ambiental hasta el día de hoy porque 125 km del total de la longitud proyectada atraviesa la tierra indígena Waimiri Atroari.

Fabricio Teló, sociólogo e investigador.

El Instituto Socioambiental (ISA) explica que, a pesar de que el gobierno alegue que los impactos sociales y ambientales serían reducidos porque acompañarían el trayecto de la BR174, sería necesario instalar torres gigantes de energía que provocarían una mayor deforestación de este trecho con daños para la flora y la fauna del lugar. Alega también el aumento de emisiones de carbono de la infraestructura así como la entrada permanente de terceros para el mantenimiento de la instalación, sin considerar que el proyecto no prevé suministro de energía para las aldeas indígenas de la tierra atravesada. "Los indígenas se quedarán con los impactos pero no obtendrán ningún beneficio de la implementación", declara la institución.

Alegando un apelo popular para acabar con la independencia energética de Venezuela, Bolsonaro convocó al Consejo de Defensa Nacional (CDN) –órgano consultivo para asuntos de soberanía nacional– y dictaminaron que la construcción del tendido eléctrico entre Manaos y Boa Vista es un proyecto de "interés nacional" y que su construcción será acelerada, según anunció Do Rêgo Barros, portavoz de la presidencia.

Con la etiqueta de obra de interés para la defensa nacional el gobierno de Bolsonaro pretende agarrarse a una sentencia de la Corte Suprema de 2009 e ignorar el resultado de la consulta previa, libre e informada a los pueblos afectados, que debería ser obligatorio y vinculante según determina la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo. No obstante, la sentencia dispone que "el usufructo de los indios no se sobrepone al interés de la Política de Defensa Nacional" y que la explotación de alternativas energéticas estratégicas, entre otras actividades, serían prioritarias a la consulta de las comunidades y a las disposiciones de la Fundanción Nacional del Indio (FUNAI).

La comunidad Waimiri Atroari fue una de las poblaciones que más sufrió durante la dictadura como resultado de la construcción de la autovía BR 174 –también conocida como trecho Manaus-Boa Vista, aunque sus 3.000 km de longitud van desde Mato Grosso hasta Venezuela– y de la hidroeléctrica de Balbina, entre otras posteriores infraestructuras. "No es una exageración decir que fueron víctimas de genocidio. Atacaron sus aldeas incluso con armas químicas como el napalm", afirma Fabricio Teló, sociólogo e investigador en doctorado en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, en referencia al informe del Comité de la Verdad del Amazonas, donde se relatan estas y otras violaciones de los derechos humanos de esta comunidad. 2.650 personas del pueblo Kinja, como ellos se auto reconocen, fueron asesinados durante la construcción en los años 70 de esta carretera, y en 2017 el Ministerio Público Federal emitió una decisión judicial que reconocía la violación masiva de sus derechos, solicitaba una reparación y exigía la consulta previa, libre e informada para cualquier futuro proyecto que afectase a su tierra o a su pueblo.

Los indígenas fueron considerados por el gobierno de la dictadura militar como un supuesto obstáculo para el desarrollo nacional, ya que la construcción de ciertas infraestructuras implicaba, al igual que implican hasta el día de hoy, la ocupación, la modificación y, en ocasiones, la destrucción, de las áreas demarcadas que estas comunidades necesitan para vivir, explica este sociólogo especialista en violencia rural. "Hoy, esta misma situación se repite. El gobierno presenta los Waimiri Atroari para la sociedad como los culpables por la inseguridad energética de Roraima y alega que la construcción de la línea de Tucurí es la única forma de garantizar electricidad, sin considerar que se podría invertir en otras alternativas como la solar", explica Teló.

Luna Gámez