Difunden video que busca probar que un normalista de Ayotzinapa era miembro del Ejército mexicano

Un video difundido este miércoles busca probar que Julio César López Patolzin, alumno de la normal 'Isidro Burgos' de Ayotzinapa y uno de los 43 desaparecidos desde el 2014, estuvo en activo en el Ejército de México y que desde la escuela hacía labores de inteligencia e informes para las fuerzas armadas.

El video, de poco más de 6 minutos de duración, fue difundido por el periodista Humberto Padgett, quien señala a López Patolzin como "un infiltrado en Ayotzinapa" que hacía trabajos de inteligencia para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En una página creada por el Centro Prodh, una de las organizaciones defensoras de derechos humanos más destacada en México, con los perfiles de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa se reconoce que Julio César López Patolzin fue parte del Ejército mexicano durante dos años antes de ingresar a la normal de Ayotzinapa, donde había sido rechazado tres veces, cuenta la organización.

"Era un buen informante"

En el video, fechado el 29 de septiembre de 2014, se observa a la madre de Julio César, Joaquina Patolzin de la Cruz, recibiendo la noticia de que probablemente su hijo habría muerto. Le habla el coronel Gregorio Espinoza Toledo, quien le entrega un sobre amarillo con poco más de 5.000 pesos (258 dólares, aproximadamente), correspondientes a la última paga del muchacho.

Asimismo, en una parte de la grabación se le escucha decirle a la madre del joven:  "Julio era un buen informante".

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'Ejército no ha entregado toda la información sobre Ayotzinapa'

Tras la difusión del video, organizaciones defensoras de derechos humanos, encabezadas por el Centro Prodh, manifestaron que la grabación evidencia que la Sedena no ha proporcionado toda la información con que cuenta sobre el caso Iguala y su contexto.

"Los referidos videos y la información contenida en ellos eran desconocidos hasta este momento por las organizaciones representantes de las familias y fueron difundidos sin consentimiento ni conocimiento de la madre de familia videograbada, a sólo dos días de la formalización del anuncio del nuevo mecanismo de seguimiento de la CIDH", denuncian las organizaciones en un comunicado.

Asimismo, apuntan, se confirma que el Ejército cuenta con información adicional sobre el caso que, a más de cuatro años y medio de los hechos, no se ha brindado a la Fiscalía General de la República, "ni mucho menos se ha dado a conocer a las familias y a sus representantes legales".

También destacan que coronel que aparece en el material no ha rendido declaración alguna en el caso, así como que se "confirma" que el Ejército practica la infiltración en la escuela rural.

La desaparición en 2014

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal 'Isidro Burgos' de Ayotzinapa (Guerrero) fueron desaparecidos en Iguala, en un hecho en el que estuvieron involucrados autoridades y policías municipales, grupos de narcotráfico locales y el Ejército mexicano.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), trató de convencer a los padres de esos normalistas y a la sociedad en general, que los jóvenes habían sido secuestrados, asesinados e incinerados por miembros de Guerreros Unidos, un grupo de narcotráfico local, tratando de producir una "verdad histórica" que diera por terminada la búsqueda de los 43 normalistas.

La versión oficial fue desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el grupo de investigación nombrado de común acuerdo entre el Estado mexicano, los padres de los normalistas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En diciembre pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto para formar una Comisión de la Verdad y abrir todos los documentos del gobierno para resolver el caso sobre la desaparición de los 43 estudiantes.

La Comisión retomará las investigaciones y las recomendaciones emitidas por distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo la pesquisa independiente realizada por el GIEI de forenses argentinos, que presentó dos informes sobre este caso.

El 11 de marzo pasado se dio a conocer que un segundo grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se sumó a las investigaciones, reabiertas el 15 de enero por el Gobierno mexicano.