El Gobierno peruano declara el estado de emergencia durante 15 días por el conflicto minero Las Bambas

Desde este viernes 29 de marzo rige el estado de emergencia en todo el distrito de Challhuahuacho, en el departamento peruano de Apurímac. La medida fue dispuesta a través de un decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y responde al conflicto desatado en esa región por el proyecto minero Las Bambas.

A su vez se resolvió prorrogar el estado de emergencia, también por 15 días calendario, en parte del Corredor Vial Apurímac - Cusco - Arequipa, desde el kilómetro 130 hasta el 160. La medida incluye los 500 metros adyacentes a cada lado de la carretera.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial El Peruano, sostiene que "quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio y a la libertad de reunión, comprendidos en los incisos 9) y 12) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú". A su vez, se establece que serán garantes de este decreto la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Desde hace casi dos meses los campesinos de la localidad peruana de Fuerabamba bloquean el paso de camiones de la mina de cobre.

El principal reclamo responde a que la compañía eliminó del proyecto original un mineroducto que había sido aprobado por habitantes de la zona para evitar la contaminación. En su lugar, la firma pretende transportar el mineral en vehículos, lo que supone un fuerte impacto ambiental.

Además, denuncian que el camino que hoy está siendo bloqueado, iba a ser solo para uso de la compañía que va explotar el yacimiento, el consorcio australiano-chino MMG, y ahora fue declarado ruta nacional, lo que viola los derechos del campesinado.

El conflicto se profundizó la última semana cuando las 38 comunidades campesinas de la región se plegaron a una huelga indefinida en solidaridad con Fuerabamba y en contra de la detención de Gregorio Rojas, presidente de la comunidad.

"Estos métodos de criminalización donde se hace uso ilegítimo del derecho penal, son una práctica estatal recurrente para desarticular la organización de comunidades que buscan exigir el respeto de sus derechos", sostuvieron en un comunicado difundido a los medios de comunicación.