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Admitida a trámite la querella contra el presidente catalán por no retirar los lazos amarillos
Quim Torra está acusado de desobediencia, delito que puede acarrear hasta dos años de inhabilitación para ejercer cargo público.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra el presidente de Cataluña, Quim Torra, por desobediencia, al no acatar el mandato de la Junta Electoral Central (JEC) de que retirara los lazos amarillos y los símbolos independentistas de los edificios públicos de la Generalitat.
El fiscal acusa a Torra de no obedecer "reiteradamente" las órdenes de la JEC y mantener la simbología "partidista" en las fachadas de los inmuebles públicos, lo que bajo su opinión tiene "especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía".
Este delito está castigado en el Código Penal español hasta con dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
Acabo de signar la notificació de la querella per desobediència. Davant d'un estat autoritari, hem decidit viure sense por. Amb la llibertat d'expressió, fins a les últimes conseqüències. pic.twitter.com/uXXDuoCalq
— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 2 de abril de 2019
Torra ha reaccionado este mismo martes afirmando a través de Twitter que acaba de firmar la notificación de la querella por desobediencia. "Ante un estado autoritario, hemos decidido vivir sin miedo. Con la libertad de expresión, hasta las últimas consecuencias", ha escrito.
El caso se inició con una denuncia del partido mayoritario de la oposición en el Parlamento catalán, Ciudadanos, que alertó de la situación a la JEC, el máximo órgano administrativo español encargado de velar por la legalidad de las elecciones.
Tras recibir el mandato de la autoridad electoral el pasado 18 de marzo, Torra anunció que esperaría a tener las recomendaciones del defensor del pueblo catalán, que se conocieron el día 20 y que coincidían con el criterio de la administración electoral. Tres días después del ultimátum de la JEC, contra el que no cabía recurso, el presidente catalán sustituyó la pancarta que colgaba de la sede de la Generalitat por otra de iguales dimensiones y mismo mensaje pero que llevaba un lazo blanco tachado con una raya roja, en vez del lazo amarillo.
La actitud de Torra hizo que el órgano electoral finalmente acudiera a la Fiscalía, que tramitó la denuncia contra el mandatario. También ordenó al consejero de Interior catalán que dispusiera que la Policía regional retirara la simbología, avisándole de que también él podía incurrir en responsabilidades penales si desobedecía.
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