20 años de cárcel por salvar vidas en el Mediterráneo: La angustia de un bombero español frente a la Justicia italiana

Haber participado en una misión humanitaria en aguas del Mediterráneo en la que salvaron la vida a más de 5.000 migrantes, que escapaban de las costas libias en embarcaciones precarias, puede costarle al bombero español Miguel Roldán 20 años de cárcel. 

Roldán ha recibido con "mucho nerviosismo y mucha incredulidad" la noticia de que está siendo procesado por la Justicia italiana en una causa cuyo sumario de momento es secreto, por lo que el propio activista no conoce todos los detalles, y se encuentra acusado de tráfico de personas.

Los hechos por los que se le juzga datan del verano de 2017, cuando este bombero se involucró en un proyecto de la organización alemana Jugend Rettet. Junto a otras nueve personas ubicaron su barco frente a las costas libias con la intención de interceptar las embarcaciones precarias que salían desde las costas africanas en dirección a Europa.

El navío de Jugend Rettet consiguió socorrer a unas 5.000 personas de las 14.000 que en aquellos días se arriesgaron a cruzar el Mediterráneo. Los activistas sacaban a las personas del agua y se las entregaban a navíos mayores de rescate, como los de Médicos sin Fronteras o Save the Children, o incluso a salvacostas españoles o italianos, que eran quienes se encargaban de llevarlos a las costas.

En casi un mes de misión que completó Roldán, vio barcazas vulnerables que casi nunca resistían la totalidad del trayecto que intentaban, saturadas de ocupantes, con personas a bordo exhaustas después de una larga travesía cruzando fronteras hasta llegar a embarcar, muchas veces tras haber sufrido violaciones, torturas o persecuciones.

Las acciones llevadas a cabo durante esos meses se desarrollaron, según el activista, bajo el "conocimiento y la regulación del Centro de Control y Coordinación de Roma": "No sabemos qué hemos hecho mal, porque nosotros estuvimos trabajando de una forma reglada, en ningún momento nos salimos de la legalidad", sostiene Roldán.

Califica la situación actual de "surrealista", porque terminaron la misión en 2017 sin haber tenido ningún inconveniente con las autoridades y justo un año después, en junio de 2018, recibieron la notificación de que estaban siendo investigados y eran acusados de cooperar en el tráfico de personas.

La tragedia del Mediterráneo

Este bombero, de 32 años, opina que "no se es consciente de la situación que está pasando en el Mediterráneo": "Muere muchísima gente y no estamos adoptando las medidas necesarias o acertadas", sostiene Roldán, que está seguro de que el flujo migratorio va a seguir existiendo, porque "la gente está saliendo de sus países porque no les queda otra, están intentando sobrevivir".

Según los datos del Organismo de Naciones Unidas para la Inmigración, tan solo durante los primeros 16 días de este año 83 personas perdieron la vida en el Mediterráneo intentando alcanzar las costas europeas, que ascendieron hasta 217 en las primeras ocho semanas. Entre 2014 y 2018 las cifras son escalofriantes: más de 30.000 fallecidos y desaparecidos jalonan las aguas de las rutas que los migrantes utilizan para abandonar África y escapar de la miseria y la persecución.

¿Acoso a las ONG?

El caso de este activista español no es el primero de estas características. En 2018 Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez, otros bomberos sevillanos, esta vez embarcados en el proyecto humanitario de la ONG Proem-Aid, se enfrentaron a un juicio similar en Grecia.

En 2016 los tres realizaron tareas de rescate cerca de la isla griega de Lesbos y fueron acusados también de tráfico de personas. Pasaron varios días en el calabozo y tuvieron que abonar 5.000 euros cada uno para salir de prisión. El juicio se celebró en mayo del año pasado y tuvo un final feliz con la absolución de todos ellos.

Poco antes, en marzo de ese año, la ONG española Proactiva Open Arms vio como la Justicia italiana ordenaba la inmovilización de su barco, también dedicado al rescate de migrantes, y se abría una investigación por un presunto delito de promoción de la inmigración ilegal a Italia, tras rescatar a 218 migrantes y llevarlos a un puerto de Sicilia.

Marruecos archiva la causa contra la activista española acusada de tráfico de personas

Tres meses después la propia ONG anunciaba que la Justicia italiana archivaba definitivamente su causa. A pesar de ello, desde enero de 2019 Open Arms asiste a la negativa de autorización por parte de la administración española para zarpar del puerto de Barcelona y seguir realizando sus labores de rescate. Desde el Gobierno se alegan motivos "administrativos".

También el caso de Helena Maleno fue un caso mediático. La activista española fue investigada por los tribunales, en esta ocasión marroquíes, por supuesto tráfico de personas por sus llamadas a Salvamento Marítimo para avisar de la situación de pateras que se encontraban en peligro en el mar Mediterráneo. En marzo, el caso fue archivado.

Pero no solo los navíos españoles se han encontrado con estos inconvenientes. Uno de los últimos enfrentamientos entre las ONGs de salvamento marítimo y el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, se produjo el mes pasado. El 19 de marzo los voluntarios del barco italiano de rescate 'Mare Jonio' rescataron a 49 personas y las desembarcaron en el puerto de Lampedusa. La nave fue decomisada, la tripulación detenida, y se ha abierto una investigación policial por el presunto delito de favorecer la inmigración ilegal.

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