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El debate sobre la impunidad regresa a Brasil tras los 80 tiros del Ejército que mataron a un músico

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Viajaba en coche junto a su esposa, su hijo de siete años, su suegro y otra mujer. Se dirigían a una fiesta infantil.
El debate sobre la impunidad regresa a Brasil tras los 80 tiros del Ejército que mataron a un músico

Las más de ochenta balas disparadas hace una semana contra un vehículo en el que viajaba una familia en Río de Janeiro y que terminó con la vida de un hombre ha reabierto el debate en Brasil sobre el papel de las Fuerzas Armadas y la impunidad policial.

El domingo por la tarde, 7 de abril, Evaldo dos Santos, de 51 años, que se ganaba la vida como músico y agente de seguridad, se dirigía a una fiesta infantil junto a su mujer, su hijo de siete años, su suegro y una amiga cuando su coche fue acribillado a balazos por un grupo de militares.  

Ocurrió a plena luz del día. El músico murió y su familia consiguió salir con vida del ataque. Su suegro y otro hombre que intentó ayudarles resultaron heridos.

"Una familia normal" 

En un primer momento, los militares justificaron el asesinato como un acto de "legítima defensa" porque, según ellos, les estaban disparando desde el carro. Dos Santos no tenía ningún antecedente criminal y tampoco encontraron armas o drogas en su coche. El propio delegado de la Policía Civil, Leonardo Salgado, aseguró que se trataba de "una familia normal, de bien".

Finalmente, se detectaron "inconsistencias" en la versión de los militares y se procedió a la detención de diez de los 12 militares implicados y, posteriormente, uno de ellos fue puesto en libertad provisional. Los militares dicen que confundieron el coche con otro de unos criminales.

"El escandaloso fusilamiento del músico Evaldo dos Santos por las tropas del Ejército en Río de Janeiro es la prueba material de que hay algo errado en las prácticas de las fuerzas de seguridad brasileñas", apuntó el periodista Hélio Schwartsman en la Folha de Sao Paulo.

Por su parte, la ONG Rio de la Paz, que pidió "rigor" en la investigación de los hechos, señaló que "el Ministerio de Defensa tiene que dar garantías a la sociedad de que los militares en activo en las calles de cualquier ciudad brasileña tienen la capacidad necesaria y transparencia en los protocolos de actuación de seguridad pública".

Justicia militar

La investigación ha pasado a manos del Ejército y los detenidos serán juzgados por la Justicia Militar y no por la Civil, una decisión que ha provocado las críticas de las organizaciones de derechos humanos. 

"Ninguna autoridad del sistema judicial civil podría investigar o juzgar la muerte de Evaldo Rosa dos Santos por miembros de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas investigan el caso y, si hay una denuncia, un tribunal encabezado por militares lo juzgará. Eso no es justicia independiente", denunció la organización no gubernamental Human Rights Watch. 

En 2017, una ley trasladó de la justicia penal ordinaria a la justicia militar los casos relaciones con miembros del Ejército acusados de la ejecución extrajudicial de civiles.

HRW reitera que "conforme al derecho internacional, las ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas por policías y militares deben ser investigadas por autoridades de la justicia penal ordinaria y juzgadas en esta jurisdicción".

"El Ejército no mató a nadie"

Tras varios días de silencio y con la sociedad todavía conmocionada, el viernes pasado, el presidente del Gobierno, Jair Bolsonaro, lamentó lo ocurrido y calificó el suceso como un "incidente".

"El Ejército no mató a nadie, no. El Ejército es del pueblo y no se puede acusar al pueblo de ser asesino, no. Hubo un incidente, una muerte. Lamentamos la muerte del ciudadano, trabajador, honesto, y está siendo investigada la responsabilidad. En el Ejército siempre hay un responsable", zanjó. 

Por su parte, el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel –con la misma política de mano dura frente al crimen que Bolsonaro– definió lo sucedido como "un error grosero". Witzel ha sido protagonista de controvertidas declaraciones. "La Policía tiene que ser agresiva con el criminal. Si el bandido tiene un arma en la mano tiene que morir", llegó a decir.

En una entrevista a finales de marzo, el gobernador confirmó que la Policía utiliza francotiradores. "Son utilizados con absoluto secreto. Se utilizan pero no se habla de ello", sentenció. 

"La Policía da más miedo que confianza"

El paquete antricrimen, un anteproyecto de ley lanzado por el ministro de Justicia, Sergio Moro, para combatir la corrupción, el crimen organizado y los delitos violentos también ha sido cuestionado y no es bien visto por una buena parte de la sociedad. 

Para la mayoría de los brasileños, según una encuesta de Datafolha, la posesión de armas debe ser prohibida (64 %) y no se sienten más seguros con la idea de que las personas estén armadas para protegerse (72 %). Asimismo, tienen más miedo a la Policía que confianza (51 %) y opinan que si los policías que comenten algún crimen deben de ser investigados (79 %). 

De acuerdo al Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2017, se registraron 63.895 muertes violentas, una tasa de 30,8 muertos por cada 100.000 habitantes. En manos de la Policía y militares, según el mismo Foro, fueron asesinados 5.159 civiles; de esa cifra, 1.127 fueron en Río de Janeiro.

"Atacar con 80 tiros a un automóvil, sin las exigidas cautelas, sin riesgo concreto y personal de los soldados, es homicidio", aseveró en un comunicado la Asociación de Jueces para la Democracia (AJD). 

Las AJD agrega que "la actuación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública es ilegal y claramente no es atribución del Ejército atacar a ciudadanos brasileños por sorpresa y fuera de una situación bélica". 

Desde febrero de 2018 hasta diciembre de 2019, el expresidente Michel Temer ordenó la llamada "intervención federal" para reducir los índices de violencia en Río de Janeiro, los militares se hicieron cargo de la seguridad de la ciudad. A pesar de que el número de homicidios descendió un 6 %, frente al año anterior, las personas abatidas en operaciones policiales aumentó un 38 %, según cifras del Instituto de Seguridad Pública (ISP).

Manifestaciones 

Este pasado fin de semana se convocaron varias manifestaciones en en Río de Janeiro y Sao Paulo para denunciar el crimen. En Río, artistas, músicos y amigos de Dos Santos se congregaron pidiendo justicia y enarbolaron banderas de Brasil con manchas rojas, emulando a la sangre. 

Marta Miera

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