La Unión Europea lamenta la decisión tomada por EE.UU. de reactivar la polémica ley que permite las demandas por las propiedades nacionalizadas en Cuba, y reitera que defenderá con "todos los medios" posibles a los inversores europeos, ha aseverado el embajador de la Unión Europea en La Habana, Alberto Navarro.
Esta semana el Gobierno estadounidense anunció que revocará el próximo 2 de mayo la suspensión del título III de la Ley Helms-Burton, que permite reclamar ante cortes de EE.UU. propiedades que en la isla fueron confiscadas durante la Revolución cubana o en los años posteriores.
"La UE lamenta profundamente, y va a defender con todos los medios a su alcance a los inversores, a los ciudadanos europeos", afirmó Alberto Navarro en declaraciones a RT. El diplomático explicó que la aplicación extraterritorial del título III de la Ley Helms-Burton "es contraria al derecho internacional". "EE.UU. puede hacer la legislación que quiera y aplicarla a su territorio, pero lo que no puede es pretender a aplicarla a los demás países", comentó.
La entrada en vigor de esa polémica ley abrirá la puerta a una previsible oleada de demandas por parte de personas o entidades cuyas propiedades que fueron nacionalizadas tras el ascenso de Fidel Castro al poder.
Por otro lado, Navarro indicó que la Unión Europea es el primer socio comercial de Cuba, y que solo en el 2018 el intercambio mercantil entre las partes supuso un total de 2.600 millones de euros (unos 2.920 millones de dólares). Sin embargo, la aplicación extraterritorial de la ley estadounidense desincentivaría a los empresarios europeos a invertir en la isla, añadió.
Dados los graves perjuicios que la maniobra jurídica de EE.UU. podría causar a numerosas e importantes empresas europeas que operan en Cuba, la Comisión Europea ya advirtió a Washington sobre las represalias que podrían llevar a cabo desde el bloque para compensar el impacto negativo sufrido.
A través una carta firmada por Federica Mogherini, alta representante de Exteriores de la UE, y Cecilia Malmström, comisaria de Comercio, Bruselas avisó que recurriría "a todos los instrumentos a su disposición, incluida la cooperación con otros socios internacionales, para proteger sus intereses", incluyendo "la posibilidad de iniciar un procedimiento ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)".