Gobernadores de 13 estados y del Distrito Federal de Brasil rechazan el decreto de Bolsonaro que flexibiliza la tenencia de armas

Los gobernadores de 13 estados y del Distrito Federal de Brasil publicaron este martes una carta abierta contra el reciente decreto que flexibiliza la portabilidad de armas, y que lleva la firma del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Los 14 mandatarios —de 27 que tiene el país en total— consensuaron que la normativa, publicada el 7 de mayo en el Boletín Oficial, aumentará la violencia en todo Brasil.

"Las medidas previstas por el decreto no contribuirán a que nuestros estados sean más seguros, sino que, por el contrario, tales medidas tendrán un impacto negativo en la violencia, aumentando por ejemplo, la cantidad de armas y municiones que podrán abastecer a criminales, y se incrementarán los riesgos de que discusiones y peleas entre nuestros ciudadanos acaben en tragedias", señala el texto.

En ese sentido, solicitaron a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que "actúen tanto para su inmediata revocación y para el avance de una efectiva política responsable de armas y municiones en el país".

Algunos de los gobernadores que rubricaron la carta son Ibaneis Rocha, del Distrito Federal; Flavio Dino, del Estado de Maranhão; Wellington Dias, de Piauí; Paulo Câmara, de Pernambuco; Rui Costa, de Bahía, entre otros.

Durante la firma del decreto, en un discurso emitido en el Palacio de Planalto, el presidente de Brasil solo citó a cazadores, coleccionistas y tiradores deportivos como sujetos sensibles a la normativa, aunque el documento se amplía también a otros profesionales, como, por ejemplo, agentes de tránsito, residentes en áreas rurales, agentes de la administración penitenciaria o profesionales del sistema socioeducativo. También a políticos electos —desde el mandatario de la República a concejales—, periodistas en cobertura policial, abogados o camioneros.

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Además, la resolución permite la importación de armas y amplía el número de cartuchos que se pueden adquirir: de 50 a 1.000 en armas de uso restringido, y a 5.000 para las de uso permitido.

Desde que fue oficializado, el decreto recibió el rechazo de buena parte del arco político de Brasil, así como también de parte del Poder Judicial y organismo de Derechos Humanos.

El Ministerio Público Federal, en Brasilia, pidió la suspensión del decreto y hay, hasta el momento, tres presentaciones en contra en la Justicia Federal y otras tres en el Supremo Tribunal Federal (STF).

Este martes, Amnistía Internacional alertó que la flexibilización de la tenencia y el porte de armas en Brasil "pueden contribuir al aumento del número de homicidios", en un país que en 2017 registró poco menos de 64.000 asesinatos, casi 31 por cada 100.000 habitantes. Esa tasa representa el triple del nivel considerado por la ONU como de violencia endémica.

Además, sostienen que el Gobierno de Bolsonaro implementó en cinco meses medidas que "amenazan los derechos humanos, el derecho a la vida, a la salud, a la libertad, a la tierra y al territorio", afirmó la directora ejecutiva de AI en Brasil, Jurema Werneck, en un documento difundido antes de una rueda de prensa en Brasilia.