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La Fiscalía pide al Supremo español que suspenda a los parlamentarios catalanes independentistas presos

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La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no sabe si la decisión se tomarán antes o después de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo domingo 26 de mayo.
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El Ministerio Público ha dirigido un escrito este martes al Tribunal Supremo de España en el que solicita la suspensión inmediata de los cinco parlamentarios catalanes que se encuentran en prisión preventiva y que están siendo juzgados por el proceso independentista que se llevó a cabo en otoño de 2017 en Cataluña.

Así, la Fiscalía insta a los miembros del tribunal a que apliquen la Ley de Enjuiciamiento Criminal y recuerda que las Mesas de Congreso y Senado deben adoptar las medidas precisas para dar cumplimiento a la ley.

A este respecto, la recién nombrada presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet ha afirmado este miércoles que "todo indica" que los cuatro diputados y el senador que se encuentran en prisión preventiva serán suspendidos. Batet ha pedido que se respeten los tiempos y se espere lo que decida la Mesa del Congreso. "La ley de Enjuiciamiento es bastante clara y el Reglamento del Congreso también", ha añadido en una entrevista en la Cadena Ser.

Además la presidenta de la Cámara baja ha sostenido que la Mesa "no va a tomar una decisión política" sino "estrictamente jurídica" aunque no ha confirmado si se tomará antes o después de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo domingo 26 de mayo: "No sé si va a dar tiempo", ha dicho.

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, los también diputados Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, así como el senador Raül Romeva disfrutaron de dos permisos penitenciarios este lunes y martes para realizar los trámites para obtener su acta de parlamentarios y para asistir presencialmente a la constitución de las dos Cámaras. Todos ellos están en prisión preventiva y están acusados de varios de los siguientes delitos: rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia.

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