Este 28 de mayo se presenta un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Será en el Congreso, en las calles, por octava vez y en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Lo harán en medio de un pañuelazo nacional e internacional, talleres, brillantina, música y la cosecha que sembró la lucha por el aborto en 2018: "La masividad con la que se vio el reclamo hizo que realmente exista una despenalización social del aborto", dijo a RT Patricia Bustamante, de La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Entre otras ciudades del mundo, se suman actividades en Estocolmo, Amsterdam, Berlín, Londres, París, Toulouse, Barcelona, Valencia, Madrid, Santiago de Compostela, Londres, Boston, Nueva York, San Francisco. También en Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Lima, Bolivia, Santiago de Chile, Montevideo. Y, claro, a lo largo de todas las provincias de una Argentina federal.
Bustamante contó que la idea es que haya 'celebración'. "Es una lucha que involucra mucho dolor pero también que se conoció en el mundo por la alegría que le imprimimos y la capacidad de captar a la juventud", agregó.
La presentación del proyecto será transversal y lo acompañan con la firma diputadas de gran parte del arco político: Carolina Moisés (Partido Justicialista, PJ), Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista), Romina del Plá (Frente de Izquierda), Victoria Donda (Somos), Mónica Macha (Unidad Ciudadana), Cecilia Moreau (Frente Renovador), Brenda Austin (UCR), Araceli Ferreyra (Movimiento Evita).
Además, hoy La Campaña ('una amplia y diversa alianza federal, que articula y recupera parte de la historia de las luchas por el aborto') cumple 14 años. El lema de la organización es siempre triple: 'educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir'.
Precuela
El 9 de agosto de 2018 el Senado argentino rechazó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que había logrado por primera vez media sanción en la Cámara de Diputados. Menos de una semana después, una mujer murió como consecuencia de un aborto clandestino en el conurbano. La noticia indignó pero no sorprendió, a lo largo del debate de esos meses se había logrado poner sobre la mesa que la clandestinidad mata: en Argentina, el aborto es la primera causa de muerte materna. Según datos del entonces Ministerio de Salud de la Nación (durante el gobierno actual se cambió a Secretaría), desde 1983 hasta 2016, hubo 3040 mujeres que murieron como consecuencia de abortos clandestinos.
En noviembre se conoció el caso de una joven de 13 años que vivía en la comunidad indígena wichí El Sauzal en la norteña, verde y húmeda provincia argentina de El Chaco. Llegó al hospital de la capital provincial con desnutrición crónica, una infección respiratoria y un embarazo de 28 semanas. Le hicieron una cesárea de urgencia; el bebé no vivió y ella murió días más tarde. El caso volvió a exponer algunas de las principales discusiones que atraviesan Argentina: el aumento de la pobreza, el debate sobre aborto, el abuso y los derechos a la vida, la salud y la educación.
El debate, durante 2018, captó gran parte de la centralidad informativa. Ahora, para Bustamente, "la sociedad está pendiente" y reacciona. Se lo vio con claridad en marzo de este año, cuando ocupó la agenda de diarios y canales la historia de la niña de 11 años a la que obligaron a parir en Tucumán.
El embarazo era producto de una violación (una de las causales que incluso la legislación actual contempla). "Quiero que me saquen de adentro lo que me puso el viejo": fue la frase de la niña que quedó en la memoria popular por su claridad. Pero no le garantizaron el derecho y, tras dos meses de tortura, le hicieron una cesárea. Al tiempo, el bebé falleció.
"Antes todo esto sucedía y no se decía nada. Hoy cobra un interés público el hecho de que una chica esté siendo forzada a parir y lo vemos como tortura, que es lo que es", opinó Bustamante. "Es una urgencia que salga la ley", agregó.
¿Provida o antiderechos?
Bustamente no cree en el discurso de los autodenominados 'provida'. Los llama, como gran parte de quienes militan por el aborto, 'antiderechos'. El argumento de los que usan los pañuelos celestes es que que quieren 'salvar las dos vidas' pero en la práctica no solamente no quieren nuevos derechos sino tampoco los ya adquiridos. "Vienen contra la Educación Sexual Integral, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género: vamos a luchar para que no nos lo arrebaten".
Este mes una noticia generó revuelo: la Justicia condenó por 'incumplimiento de los deberes públicos' a un ginecólogo de pañuelo celeste que se negó a hacer un aborto no punible. Era un embarazo producto de una violación que por la negativa del profesional tuvo que seguir curso: otra mujer obligada a parir. El niño fue dado en adopción. Desde 'Salvemos las dos vidas' organizan una marcha a favor del médico el 8 de junio.
La masividad
Cuando se organizaba la movilización para el 13 de junio de 2018 (el día que se votaría en la Cámara de Diputados) las chicas de La Campaña se juntaron con el Gobierno de la Ciudad para organizar el operativo de seguridad. Les dijeron que les asignarían una sección de la plaza. Ellas respondieron: "Mirá, creemos que vamos a ser muchísimas, en el último 8 de marzo fuimos 800.000".
Y les dijeron que no, porque evaluaban que 'una cosa es el 8M, que es algo 'de todas las mujeres, lesbianas y trans y otra es un derecho particular'. Esperaban 5.000 personas y fueron un millón. Eso ya no les pasa más. "Ya saben que somos un montón y que el movimiento de mujeres lesbianas y trans tiene el aborto como uno de sus ejes", dijo la activista.
La lucha está quedando en la historia. En el libro "Que sea ley", de la periodista Florencia Alcaraz, se recupera el recorrido de "los feminismos por conseguir el derecho al aborto para todas las personas gestantes".
El proyecto
Para la redacción de este nuevo proyecto, recogieron el debate social y parlamentario. Ya no hablarán de 'objeción de conciencia', incorporan 'identidades con capacidad de gestar' y eliminaron un causal porque se entiende incluido en la noción de salud integral de la Organización Mundial de la Salud.
En total, en el primer artículo se establece que "en ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas, inclusive, del proceso gestacional".
En los siguientes artículos se refiere a la protección de los derechos sexuales y reproductivos, a la dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la educación, la integridad, la diversidad corporal, la identidad de género, la diversidad étnico cultural, la intimidad, la igualdad real de oportunidades, la no discriminación y a una vida libre de violencias.
Establece, también, los plazos y condiciones en que la interrupción debe ser hecha, el derecho al acceso a la información y asesorías, a la cobertura (del sector público, las obras sociales y 'y todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico—asistenciales a las personas afiliadas'). También se explicita la obligatoriedad de cumplir con la ley de educación sexual integral.
Por último, diversas modificaciones del Código Penal relacionadas a las penas para quienes "causaren un aborto si obrare sin consentimiento de la mujer o persona gestante". Y, principalmente, sustituir el actual artículo 88 por el siguiente:
"La mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro/a se lo causare en ningún caso será penada"
Salud pública
"El debate permitió informar muchísimo", dijo Bustamante. La palabra 'misoprostol' (píldora abortiva) estuvo en el top 10 de las palabras más 'gugleadas' durante la época del debate. "Cuando hablamos del aborto hablamos de salud pública y justicia social. Nos referimos a que las compañeras que pueden abortar dependen de tener los recursos (económicos y simbólicos)", opinó.
En Uruguay, país vecino, se aprobó y reglamentó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2012. A cuatro años de la aplicación, el país ya aparecía con la tasa de fallecimientos vinculados a embarazo, parto, puerperio y aborto más baja de América Latina. El ex subsecretario de Salud Pública Leonel Briozzo se refirió a este fenómeno en una radio local y dijo que la "inexistencia de muertes por aborto es un logro de las políticas públicas".
La política
En pleno año electoral, la agenda de género está presente. Ya desde el debate público en el Congreso de 2018 muchos ciudadanos y muchas ciudadanas conocieron con más profundidad cómo piensan sus legisladores y legisladoras. "Cuando se haga el armado de listas, van a tener en cuenta esto porque la sociedad los va a interpelar, sabemos qué piensan los candidatos y estamos pendientes de las declaraciones", dijo Bustamante.
Respecto a los (por ahora) dos principales candidatos en la carrera hacia octubre:
- El presidente (y —por ahora— candidato a la reelección) Mauricio Macri había dicho frente a su bloque antes de que empiece el debate en el Congreso: "Estoy a favor de la vida, pero no se lo impongo a nadie. Hay libertad de conciencia".
- El precandidato de la fórmula en la que Cristina Fernández de Kirchner iría como vicepresidenta, Alberto Fernández, dijo en una entrevista el fin de semana: "El aborto es una cuestión de salud pública. Hay muchísimas mujeres que mueren a causa de los abortos. Estamos en el peor de los mundos: condenamos a las mujeres a la clandestinidad y encima pretendemos después castigarlas". Sugirió avanzar primero con la despenalización y luego encarar la legalización. En lo personal, se declaró a favor de ambas cosas.
Julia Muriel Dominzain
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